Es la primera vez desde que asumió como presidente, Mauricio Macri, el empleo en el sector público tuvo una caída encadenada por dos meses seguidos. Es que, entre mayo y junio se registraron 10.600 asalariados menos, según las estadísticas que releva periódicamente el Ministerio de Trabajo sobre la base de registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la tendencia a la baja se extenderá durante lo que resta de 2018 y 2019 a partir de la determinación de la Casa Rosada de congelar por dos años los ingresos al Estado y del impacto de la ley de responsabilidad fiscal, que desaceleró el ritmo de las incorporaciones en provincias y municipios. Influirán también de manera directa el ajuste que la Casa Rosada prevé en el proyecto de ley del presupuesto y la revisión de gastos que se pactó con el Fondo Monetario Internacional.
La administración pública nacional, el ámbito en el que el Macri oficia como empleador directo, es el sector que más se redujo. En diciembre de 2015, cuando Cambiemos destronó al kirchnerismo, había registrados 240.600 empleados. En julio de este año, esa cifra cayó a 206.856, según datos actualizados del Ministerio de Modernización. Es decir, se registraron 33.744 desvinculaciones, entre despidos, retiros voluntarios y jubilaciones. Un porcentaje de las bajas se concretaron después de haberse implementado un sistema de control biométrico, que ayudó a detectar ausencias injustificadas, entre otras irregularidades, según fuentes oficiales.
Conflictos
El achique del Estado abrió conflictos que tienen su correlato casi a diario en protestas callejeras. Los recientes despidos en Agroindustria, en el Hospital Posadas o en la agencia de noticias Télam son algunos de los casos que alcanzaron mayor visibilidad. De los gremios estatales, ATE es el históricamente más combativo y el que puso siempre primero la guardia en alto. UPCN, sin embargo, comenzó a activar reclamos en áreas en las que hasta hace poco reinaba el silencio, como en el Ministerio de Hacienda y la AFIP.
«Nos gustaría articular con UPCN, pero no tuvimos resultados. Para nosotros ningún despedido es justificado, porque no hubo un ámbito en el que nos puedan demostrar que la gente que era despedida era porque no trabajaba», se diferenció Catalano. Para el jefe porteño de ATE, el ajuste «fue ideológico», y acusó al Gobierno de «desmantelar el Estado» al dar de baja programas como el Plan Qunita, Conectar Igualdad y Progresar.
Andrés Rodríguez, líder de UPCN y referente de la CGT, reconoció que la poda fuerte de puestos de trabajo se dio entre 2016 y 2017, y que después las desvinculaciones fueron «más selectivas». Y advirtió que a la preocupación por la falta de estabilidad laboral se le sumó ahora la incertidumbre salarial.
