Minutos después de las 11 de este martes y –como pocas veces ocurre- casi la totalidad de los senadores y diputados que componen la Comisión Bicameral que investiga las responsabilidades políticas en la tragedia del ARA San Juan ocuparon sus asientos. Además lo hicieron los asesores expertos de la Armada y la Marina Mercante que brindan apoyo a los legisladores, como así también el triunvirato de submarinistas que integran la comisión de investigación del siniestro que conformó el Ministerio de Defensa, oficiales superiores de la Armada, peritos navales, familiares y un nutrido grupo de periodistas.
Cuando el presidente de la comisión, el senador José Ojeda, se ubicó en su sitial ya era un secreto a voces en el Salón Presidente Illia del Senado que la presencia del único testigo de la jornada podría no concretarse.
En efecto, por secretaría se procedió a la lectura de una nota emitida por el subsecretario de asuntos legales del Ministerio de Defensa, Juan Manuel Mocoroa en la que se solicitaba autorización para darle a la reunión el carácter de reservada. Los motivos del pedido guardaban relación con la presentación del informe final que la comisión de submarinistas había presentado horas antes al propio ministro Aguad.
Más de una hora insumió a los legisladores analizar el pedido ministerial, quedando atascado el debate en la "esencial" cuestión a resolver y que refería a dilucidar si se hacía primero una reunión pública y luego una reservada o si por el contrario, se iría primero por la reservada y luego se convocaría al interrogatorio público.
Luego de todo tipo de argumentaciones políticas y doctrinarias, una cuota de sentido común pareció zanjar la cuestión y, considerando que las familias de los submarinistas fallecidos ya estaban ubicadas y que todos los medios de prensa habían montado sus cámaras y equipos de sonido, se habilitó el inicio de la sesión pública en primera instancia.
