Los efectivos de Gendarmería podrán usar armas particulares en servicio. Lo autorizó una norma interna de la fuerza, firmada la semana pasada y a la que tuvo acceso a este diario, que se ampara en restricciones presupuestarias para cubrir la falta de armamento reglamentario. La medida levantó controversia entre especialistas en seguridad y exfuncionarios por el control del armamento, y rechazo de organismos de derechos humanos que prevén impugnarla.

La disposición, publicada de forma interna el jueves pasado, lleva la firma del director de Gendarmería, comandante general Gerardo Otero, y en apenas cinco artículos anula una prohibición que regía desde 2013 como parte de un plan iniciado el año anterior denominado "Programa sobre el Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego" para las fuerzas de seguridad. La normativa se apoya en la vigencia de la "emergencia de seguridad pública" decretada en 2016 por Mauricio Macri y prorrogada hasta la actualidad.

"La institución enfrenta una falta en los recursos materiales como el armamento de puño de propiedad institucional, por lo que resulta dificultosa la provisión al personal, a fin de realizar los correspondientes actos de servicio", señala la disposición en sus considerandos. El articulado se limita a derivar a áreas internas de la fuerza la habilitación de un sistema de registro, control y seguimiento de las armas particulares, así como de una base de datos. Este diario intentó comunicarse con funcionarios del Ministerio de Seguridad pero hasta anoche ninguno de ellos quiso responder.

Nilda Garré, exministra de Seguridad y responsable del programa que limitaba el uso de armamento personal, consideró "muy errada e injustificada" la medida y recordó que "la mayor cantidad de muertes de policías y miembros de las fuerzas se produce cuando están fuera de servicio pero van armados e intentan repeler un asalto". "Con esta decisión de (la ministra, Patricia) Bullrich no sólo no se busca limitar las armas sino que además se autoriza el uso de las personales, en la dirección contraria a la que debería impulsarse", afirmó la diputada nacional.

Según Garré, la norma de Gendarmería "cita equivocadamente" el programa de 2012. Además, le dijo a este diario que en su gestión hubo varias medidas "para limitar el uso de armas, aún las reglamentarias", y entre ellas mencionó "la prohibición a los agentes con antecedentes por violencia de género retirarse a sus domicilios con el arma reglamentaria una vez cumplidas sus actividades".

El fiscal federal Jorge Di Lello, titular de la unidad especial Armas, consideró "lamentable que se habilite el uso de armas particulares porque no hay plata" pero admitió que la mayoría de los efectivos tiene ese tipo de material en sus casas y al menos "esto habilitará un registro que evitará cualquier desvío permitirá rastrear" el armamento.

En cambio, para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la medida hará "más débil el control y la trazabilidad" del armamento y la munición de los gendarmes y encierra como riesgo adicional la pérdida de distinción "entre lo público y lo privado", le dijo a este diario Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional. "En los últimos años se tomaron medidas que apuntaron a limitar el uso de la fuerza letal. Pero este Gobierno parece ir en sentido contrario, tanto por los mensajes políticos de apoyo a efectivos sin esperar que la Justicia se expida hasta medidas como esta, que para nosotros es complicada porque de alguna manera borra la distinción entre lo privado y lo público".

Tufró destacó además haber tomado conocimiento de la norma "porque se filtró" y consideró que "es un retroceso que remite a años atrás cuando las fuerzas tomaban sus decisiones y sólo las comunicaban de manera interna". "Evidentemente para este Gobierno eso no es un problema", dijo el experto, que adelantó que el CELS hará "una presentación ante el Ministerio de Seguridad" para impugnar la medida.

AF.

Las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a presentar problemas para el pago de sueldos dentro de una semana, cuando comience el período de liquidación, advirtió el consultor especializado en el sector Vicente Lourenzo. El problema es que luego de la crisis cambiaria, devaluación y suba de la tasa de interés al 40%, las pymes se quedaron sin sus fuentes de financiamiento habituales, necesarias para operar el "día a día".

Lourenzo detalló a Ámbito Financiero un panorama extremadamente complicado. Se trata de una de las operaciones más comunes de las pymes: la venta de cheques. "Si son de clientes buenos y solventes, o de grandes empresas, los descuentos van de entre el 50% al 70% a 60 y 90 días", explicó el consultor.

Y como si fuera poco, para aquellas empresas que no logran mostrar un cheque de alguna gran compañía o de clientes que se muestren como confiables, el mercado de venta de cheques quedó cerrado.

Si el empresario tratara de recurrir a los mecanismos no regulares del mercado, más allá de tener que entregar alguna garantía real, además sufre un descuento de sus documentos del 60% hasta el 100%. Y tampoco pueden acceder documentos cuyos emisores no sean de confianza.

"Una de las modalidades que tenían las empresas de financiamiento era postergar el pago de vencimientos de impuestos, pero ahora la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tarda 48 horas en intimar a la empresa y puede trabar un embargo en apenas 10 días", explicó Lourenzo.

De tal modo que, cerrados los canales de financiamiento, tanto bancarios como los irregulares, muchos pequeños y medianos empresarios, están apelando al uso de tarjetas de crédito para afrontar gastos.

En otros casos, las empresas se están desprendiendo de dólares que tenían atesorados de otros momentos de bonanza en las cuales pudieron acumular un cierto capital.

Lourenzo plantea que si no se resuelve en el corto plazo está situación, muchas firmas van a tener problemas para poder afrontar el pago de salarios, dentro de una semana, cuando arranque la liquidación.

El Gobierno comenzó a tomar nota de la crítica situación que enfrenta el sector. Hace un par de meses, dirigentes de entidades pymes fueron a ver a Leandro Cuccioli para solucionar unos 250 mil embargos que había trabado la AFIP en 2017. De ese modo, el viernes pasado, Cuccioli con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, anunciaron una medida para permitir el levantamiento de las trabas judiciales para el sector.

Mientras tanto, entre las cámaras que representan a las empresas del sector esperan alguna disposición del Gobierno que les permita atravesar las consecuencias de las medidas adoptadas por el Banco Central para evitar una escapada del dólar.

AF.

En medio de un amplio operativo policial en área rural, está madrugada los efectivos capturaron en pleno escape a Manuel M. (22) quien portaba un arma de fuego calibre 38 del cual fue despojado en la requisa.

Pasada la medianoche, investigadores de la UR-III y de  la comisaría de Bonpland (UR-VI) iniciaron el dispositivo para rodear el inmueble donde estaba  oculto "Manolito"", sobre  calle 50 en  San Ignacio. Este temible malviviente era el único prófugo y principal sospechoso por el Homicidio de Bladimiro Pizl (74) ocurrido el pasado 27 de enero en Bonpland.

 Apenas se obtuvo el dato de que Manuel M. andaba merodeando las casas de sus allegados, alrededor de las 5 de hoy se montó el operativo y fue localizado saliendo de una casa situada en las proximidades al arroyo Yabebiri, zona fluvial que también fue cercada por las unidades especiales URVI y UR-XIII.

Tras una corta persecución a "Manolito", quien portaba un arma calibre 38, finalmente fue reducido y detenido.

 La  Dra. Selva Raquel Zueta, jueza de Alem, dispuso el traslado del detenido a esta jurisdicción bajo estrictas medidas de seguridad policial.