El Gobierno aplicará un freno a los despidos a través de la creación de una instancia administrativa previa y obligatoria. Se trata de un proyecto de decreto complementario al que se publicará entre hoy y mañana para disponer un bono de hasta $5.000 en dos cuotas de $2.500 con los salarios de noviembre y enero, luego del acuerdo alcanzado este martes en una mesa de diálogo con la CGT y las principales cámaras empresarias con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la cabeza. El nuevo requisito para las cesantías, de acuerdo a lo negociado hasta ahora, será para todas las desvinculaciones sin causa en el sector privado.
El planteo para poner un cepo a los despidos formaba parte del pliego de demandas de la CGT al Ejecutivo y, según la "mesa chica" de la central, su implementación es una de las condiciones para no llamar a un nuevo paro nacional. De hecho el Consejo Directivo de la organización volverá a reunirse esta tarde, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el miércoles de la semana pasada, para analizar el resultado de las tratativas con la administración de Mauricio Macri y el empresariado.
Los negociadores le explicaron a Ámbito Financiero que la nueva instancia a cumplir por parte de una empresa antes de efectuar un despido incausado funcionará en paralelo con el Procedimiento Preventivo de Crisis, un mecanismo que tiene el mismo propósito pero que, en los papeles, sólo opera ante casos de cesantías masivas o cierres de unidades productivas. Para los técnicos de la CGT el nuevo esquema deberá ser de cumplimiento obligatorio para todo tipo de despidos, incluso los individuales.
En uno de los borradores de decreto que Gobierno, CGT y empresarios cruzaron ayer se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente. Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.
La iniciativa, de todos modos, generó entre algunos dirigentes patronales incluso más resistencia que la fijación del bono de 5.000 pesos. Los empleadores temen que la nueva instancia termine por asentarse de manera definitiva y convertirse en una traba burocrática para cualquier reorganización interna.
El bono
En cuanto al pago extra, los técnicos de Trabajo, CGT y las cámaras de industriales (UIA), Comercio (CAC y CAME) y Construcción (Camarco) terminarán de definir un texto acordado de decreto para su publicación. La idea es tenerlo resuelto antes del debate que habrá por la tarde en el Consejo Directivo de la central sindical. En ese ámbito había una expectativa mayoritaria de dejar sin efecto la amenaza de llamar a un quinto paro nacional contra Macri a fin de mes por 36 horas y con movilización a la Plaza de Mayo. Por fuera de la CGT otros sectores, como el que encabeza Hugo Moyano y las dos CTA, presionaban ayer para que se le pusiera fecha a la huelga.
En la mesa técnica se encontraban los funcionarios de Producción y Trabajo junto a los abogados sindicales Federico West Ocampo (Sanidad, a la cabeza), Alberto Tomassone (Comercio) y Marta Pujadas (albañiles, Uocra) y el laboralista patronal Daniel Funes de Rioja (vicepresidente segundo de la UIA). Ayer Funes de Rioja advirtió que "más del 60% de las empresas (del rubro industrial) no podrán hacer frente al bono" acordado. El aviso evocó un acuerdo similar que el Gobierno impulsó en noviembre de 2016 por un pago extraordinario de $2.000 que tuvo escasa repercusión en el sector privado.
Hasta anoche estaba acordado que el bono será de hasta $5.000 (las empresas podrán superarlo pero en ese caso deberá ser remunerativo) en dos cuotas iguales con los sueldos de noviembre y enero, y de pago obligatorio a los trabajadores del sector privado aunque el Gobierno mantuvo al margen, hasta ahora, a los rurales y a los del servicio doméstico por entender que se rigen por su propia normativa, distinta de la ley de Contrato de Trabajo. La exclusión afectaría así a casi dos millones de empleados formales y, con más razón, a otro tanto que se desempeña en ambas actividades sin estar registrado.
La otra incógnita son los empleados estatales. Está definido que no formarán parte del decreto pero el líder del gremio de empleados públicos UPCN, Andrés Rodríguez, inició negociaciones con el vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra exministro de Modernización- para abrir una negociación complementaria de esa paritaria e incluir un pago no remunerativo y también un porcentaje adicional al 25% pactado hasta ahora en dos instancias previas en lo que va del año.
La primera negociación que encabeza Sica desde que asumió al frente de Producción y Trabajo se definió este martes tras varios amagues frustrados de diálogo social en el gremio de Sanidad, adonde concurrió el ministro junto al secretario Jorge Triaca, la "mesa chica" de la CGT y los presidentes de la UIA, Miguel Acevedo, y Camarco, Gustavo Weiss, así como autoridades de la CAME y la Cámara de Comercio.
