La ley 27.328 alcanza los proyectos de infraestructura, vivienda, actividades, servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. Y abarca las actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y mantenimiento. La medida fue adoptada por la Cámara de Representantes en su sesión semanal, en la que también decidió desafectar un inmueble del Estado provincial y donarlo a la asociación civil Sargento Ayudante Lima.
El régimen de contratación, denominado Participación Público Privada, es un marco regulatorio con el que se pretende combinar la experiencia del sector privado y la posibilidad de financiación del Estado nacional. Se busca impulsar la inserción internacional competitiva del país, mejorando la productividad a través de obras de logística, transporte, vialidad, educación, salud y energía.
A través de este sistema se permite no sólo la concreción de un proyecto de infraestructura física, sino que también se piensa en la provisión de servicios, inversión productiva e investigación aplicada y tecnológica.
El objeto de este régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las facultades de derecho público de la administración, como el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público, oportunidad, mérito o conveniencia, la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, o la limitación de la responsabilidad del Estado.
Otra ventaja es que, hasta que se complete la construcción del proyecto, se lo aísla de los problemas o restricciones presupuestarias del sector público. También se reduce el riesgo político de violación de esos contratos por parte de la Administración.
La adhesión provincial, impulsada por el ex diputado Alfredo Schiavoni, busca promover “un cambio de paradigma favorable al país, a la provincia de Misiones y sus municipios ya que propone un sistema equitativo, transparente y más eficiente para las partes contratantes”, según se explica en los fundamentos del proyecto.
“De esta forma estaríamos incorporando a la provincia dentro de un régimen alternativo, al ya contemplado en la Ley X Nº 4 y concordantes, dentro del cual estaríamos otorgando a las partes contratantes un marco de flexibilidad y dinamismo en el que podrán determinar la mejor manera de llevar adelante los proyectos propuestos”, manifestó el legislador.
Para el autor, “resulta vital implementar nuevos esquemas de participación y asociación entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de obras, dado que la infraestructura pública incide no sólo en las condiciones de vida y salud de la población sino también en el crecimiento de la actividad productiva, pues no es viable un proceso de desarrollo sostenible sin inversiones en infraestructura pública”.
El régimen nacional “encuentra su fundamento en el principio de subsidiariedad en tanto permite confiarle al sector privado la realización de aquellos proyectos de infraestructura que no forman parte del núcleo de funciones indelegables del Estado, mientras que la Administración retiene las potestades de regulación, supervisión y control sobre las actividades de las empresas privadas”, manifestó.
Por otra parte, la Legislatura provincial también desafectó de su condición de reserva fiscal, un inmueble propiedad de la provincia de Misiones, ubicado en la Colonia Picada San Javier a Cerro Corá, para ser donado a la asociación civil Sargento Ayudante Luis Lima, de Leandro N. Alem, con el objetivo de que sea destinado a la construcción de un edificio para su sede social.
Dicha organización se orienta a la atención de grupos de condición de vulnerabilidad, “creando y recreando alternativas a su problemática con la participación plena como sujeto activos que aseguren su integración a la sociedad a la que pertenece”, argumentó el ex legislador Waldemar Wolemberg, autor del proyecto.
También fomentan “la participación y el rol generacional de las organizaciones intermedias de la comunidad local y barrial, promoviendo la creación y el fortalecimiento de nuevos grupos locales de acción comunitaria”, expresó en los fundamentos de su iniciativa.
