Aún no se sabe qué pasará con la política para el sector. Hay, además, una incongruencia entre la dificultad para que el público pueda pagar más aumentos y el compromiso con el Fondo de seguir bajando subsidios. Petroleras esperan señal de Iguacel.
El derrumbe de las acciones energéticas, aun dentro del proceso de desvalorización de todos los activos argentinos, muestra que el mercado desconfía cada vez más de que el Gobierno pueda continuar con los aumentos de tarifas y la liberación del precio de los combustibles, pero que hay además una fuerte incertidumbre sobre las decisiones que se adoptarán.
El primer interrogante que se abre en el mercado energético se refiere a los valores de los combustibles al público. Las petroleras esperan desde ayer que el designado ministro de Energía, Javier Iguacel, convoque a una reunión para empezar a hablar del tema.
Porque si bien es cierto que ya está acordado que en julio los precios en los surtidores tendrán un aumento del 3%, se están verificando algunos problemas en la marcha del acuerdo. Una señal de esas dificultades es que por lo menos tres productoras de crudo que no refinan combustibles pidieron permiso la semana pasada para exportar petróleo liviano, una variedad que habitualmente escasea en el país porque es muy demandado por las refinerías locales.
Si ahora hay un sobrante para exportar quiere decir que las productoras no quieren vender el producto al precio de u$s67 fijado por el exministro de Energía, Juan José Aranguren, en el mercado local para este mes.
Pero nadie cuenta el hecho en esos términos y la situación se vuelve confusa porque Shell no informa si tiene stock de crudo al precio oficial, mientras Trafigura atribuyó el cierre de la refinería de Bahía Blanca al desfasaje entre los costos y los precios de los combustibles, pero también se estima que su proyecto de negocios basado en la importación, es inviable en el país sin la liberación del mercado.
Si se cuenta la devaluación del peso entre el 2 de mayo y ayer, más el aumento del 30% que las refinerías acordaron postergar desde esa fecha, los combustibles deberían subir más del 45%, lo que es políticamente imposible. Por eso el nuevo titular de Energía se vería obligado a revisar los términos del acuerdo con productoras y refinadoras y fijar condiciones más severas que las de Aranguren, para evitar problemas de abastecimiento.
En ese contexto, desde las petroleras se afirma que es falso atribuir la inflación que se acumula durante este año, al precio internacional del petróleo, como hace el Gobierno, porque en la práctica y por efecto de la devaluación, el alza no se ha trasladado.
Por el lado de las tarifas, la incertidumbre no es menor. El presidente Macri dijo el domingo que todavía falta un tercio de aumento para que se trasladen al público los costos de producción. La afirmación no cuenta que solo por el avance del tipo de cambio y sin pasar a otro escalón de esos costos teóricos, el precio del gas debería tener ya un alza del 40%.
El consultor energético Alejandro Einstoss afirmó ayer en el sitio Nuevas Palabras, que "la devaluación del peso implica aumentos nominales adicionales al previsto en el sendero dolarizado de precios". "Es así , subrayó, como un usuario promedio -categoría R2.3- podría enfrentar aumentos del 80% en el valor final de su factura de aplicarse el aumento previsto en octubre próximo, y esto explicado en parte por las diferencias de cambio diarias, que se acumulan a favor de los productores de gas", por el avance el tipo de cambio.
Ese aumento se sumaría al vigente desde abril "cuyo efecto pleno se verá recién en las facturas a partir de agosto, las cuales reflejarán también el consumo del pico invernal e impactarán de pleno en usuarios de ingresos medios". Según Einstoss ," la capacidad de la demanda -residencial/comercial y micro pyme- de asimilar mayores incrementos en sus facturas se acerca, en apariencia, a un límite difícil de superar".
En su opinión, "debería reordenarse el mecanismo de abastecimiento de la demanda prioritaria, es decir cubrir el consumo residencial/comercial mediante producción local de base que hoy recibe un precio promedio de u$s4,8, prácticamente igual al que ya está pagando este segmento de la demanda desde abril (u$s4,68)".
El interrogante es cómo enfrentará el Gobierno este problema, si se considera además el compromiso de la carta de intención con el FMI de seguir reduciendo subsidios durante este año y cuando no se sabe cuánto de lo que se paga en las facturas va al Tesoro a cubrir el costo del gas importado y cuánto va a las productoras locales.
En lo que se refiere a las empresas reguladas, que son las transportistas y distribuidoras de gas y electricidad, también está en duda que se pueda aplicar el ajuste de sus ingresos por índices de precios, previsto en las renegociaciones de tarifas que encaró Aranguren, considerando el alto nivel de la inflación que se está registrando. Pero este aspecto ya no reduce subsidios.
AF.
