Christine Lagarde vendrá al país y mantendrá un encuentro a solas con Mauricio Macri. Clarín confirmó que la jefa del Fondo Monetario, llegará con todo su equipo de colaboradores para evaluar la forma como está instrumentándose el acuerdo con el Gobierno.

La delegación estaría compuesta por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli. Ambos son los encargados, en Washington, del “caso argentino”.

La misión estará en Buenos Aires la semana próxima. En lo formal vienen para participar a una reunión del G-20. Pero el viaje -en realidad- será aprovechado para consolidar el apoyo del Fondo Monetario al gobierno de Macri.

Estarán sólo 48 horas. El fin de semana del 21 y 22 de julio. El equipo de tecnócratas se reunirá con el dúo de funcionarios que manejan los hilos de la economía: Nicolás Dujovne y Luis Caputo.

Los funcionarios del FMI también quieren conocer los detalles de cómo la Argentina instrumentará el drástico recorte fiscal que el propio ministro de Hacienda ha calculado en $300.000 millones.

Cumplir con el 1,3% de déficit fiscal comprometido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la gran obsesión de Mauricio Macri por estas horas. Pero el ajuste que ya se anticipaba importante será aún mayor. Y se lo dijo el propio Presidente a sus ministros en la reunión del Gabinete del martes: el recorte deberá ser de alrededor 300 mil millones de pesos, una cifra mayor de la prevista inicialmente, y el esfuerzo que deberán hacer las provincias será de al menos la mitad de esa suma.

El jefe de Estado repasó los datos que le había preparado el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que, como adelantó Clarín, los puso sobre la mesa ayer en la reunión con sus pares de las provincias gobernadas por Cambiemos. En principio se estimó que el recorte de gastos iba girar en torno a los $ 200 mil millones, pero Dujovne recién terminó de hacer los números finos esta semana. Las noticias no fueron las mejores para el Gobierno: con el aumento de las jubilaciones, AUH y planes sociales, que se ajustan por un índice integrado por la inflación a partir del proyecto que el propio Gobierno impulsó en medio de duros cuestionamientos de la oposición, los gastos serán mayores. En efecto, el recorte de otros egresos, también. Desde el Ejecutivo, un alto funcionario ironizaba sobre esta situación: "Quiero ver dónde están los que decían que queríamos bajar jubilaciones. El año próximo, si cae la recaudación, los jubilados perderían plata con la fórmula que ellos defendían".

Según altas fuentes oficiales, el reparto será "equitativo". En rigor, señalan que la Nación se hará cargo de entre $140 mil y $150 mil millones. El resto deberá correr por cuenta de las provincias, que deberán decidir por dónde aceptan que el Gobierno pase la tijera. Hasta ahora, en las reuniones bilaterales que el ministro del Interior Rogelio Frigerio mantuvo con los gobernadores no se había hablado de cifras. "Todavía no tenemos bien en claro los números concretos", fue el argumento que se les dio a los mandatarios, que se mostraron siempre abiertos a colaborar. Ahora, con todos los datos sobre la mesa, habrá que ver cómo reaccionan. "El esfuerzo es similar al que hicimos este año", dijeron desde Jefatura de Gabinete, refiriéndose a la readecuación de la meta del déficit fiscal de 3,2 a 2,7%, que osciló un ahorro adicional cercano a los 4 mil millones de dólares.

La próxima semana, Peña y Frigerio podrían convocar a los gobernadores "en grupos": todavía está fría la posibilidad de una gran cumbre, con todos los mandatarios sentados en la mesa y el Presidente en la cabecera. "Primero tenemos que cerrar el frente interno, después con los más dialoguistas y para el final nos quedan 'los difíciles'", repasaba una espada oficial.

¿Por dónde pasará el recorte de las provincias? Todas las opciones están en análisis. Las transferencias para gastos corrientes, en salud y educación; de capital (obras) y subsidios por transporte, entre otras.

En Casa Rosada admiten que el "esfuerzo compartido será mayor" pero vislumbran que no entorpecerá las negociaciones. Y expusieron un dato: los fondos coparticipables crecerán también alrededor de 150 mil millones de pesos en 2019, producto del acuerdo que impulsó el Gobierno en 2016 para cumplir con el fallo de la Corte que le ordenó devolver el 15% que retenía de los fondos de la ANSeS a las provincias.

Precisamente, allí se sustenta parte de la posición de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Es que los gobernadores, en las conversaciones que ya tuvieron con Nación, reclamaron que la Provincia cargue con buena parte de ese esfuerzo. Según estimaciones oficiales, un recorte de gastos con un piso de $ 30 mil millones. "Nos quieren sacar lo que recuperamos este año por el Fondo del Conurbano": en 2018 fueron unos $40 mil millones y, en 2019, serán $65 mil millones.

No obstante, el planteo bonaerense también gira en torno a la coparticipación que recibe: "Generamos el 40% y recibimos 22. Si ellos quieren hablar de esfuerzo, pongamos todos los números sobre la mesa", lanzó, filoso, un funcionario de extrema confianza de Vidal. La discusión recién comienza: el Ejecutivo tiene hasta mediados de septiembre para enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso.