El dato surge de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura sobre todos los expedientes concluidos entre 1996 y 2016 en los tribunales de Comodoro Py.

Sobreseimiento, falta de mérito, archivo y prescripciones. Esos fueron los principales destinos de las causas de corrupción en la Justicia Federal que involucraron a presidentes, ministros, empresarios y otras personalidades durante los últimos 20 años, según consta en los datos de la auditoría que difundió el Consejo de la Magistratura.

Solo el 8% de los expedientes más sensibles para la vida institucional del país en las últimas décadas llegaron a juicio oral, la instancia que define si un acusado es culpable o inocente.

En números concretos, menos de 100 casos de corrupción llegaron a juicio oral sobre los 1151 expedientes concluidos que revisaron los auditores del Consejo, según los datos presentados por el presidente del organismo, Miguel Piedecasas.

El informe de 434 páginas contaba con el detalle, caso por caso, del trámite de los expedientes desde 1996 hasta 2016 en cada uno de los 12 juzgadosde Comodoro Py.

Este segundo capítulo de la auditoría, que centra su análisis sobre los expedientes concluidos, expone también el letargo de varios juzgados que tramitaron casos durante más de diez años.

Por las largas demoras en el trámite de los casos, quedaron expuestos los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide, Luis Rodríguez y Ariel Lijo por el trámite de estos expedientes.

¿Por qué solo el 8% de las causas llegan a juicio oral? "La falta de mérito y el sobreseimiento también son formas de concluir un proceso. Lo importante es que cuando llegan a juicio oral tenemos un número considerable que llegan a condenas contra políticos corruptos", señaló a La Nación la camarista María Lilia Díaz Cordero, titular de la Asociación de Magistrados de la Justicia.

Una primera lectura pública sobre los datos arroja que el promedio por juzgado para resolver un caso es de dos años y cuatro meses, un número bastante más cercano al ideal sobre un rápido funcionamiento de la Justicia.

Pero ese promedio -aclararon fuentes oficiales al matutino- incluye también datos de una gran cantidad de denuncias que apenas prosperan y terminan con un rápido sobreseimiento de los imputados.

Más allá del bajo promedio que arrojó la auditoría, el Consejo también señaló que el 12% de los expedientes demoraron, por lo menos, más de seis años. "Las causas se cuadruplicaron en los últimos años y también se hicieron más complejas las investigaciones de delitos que pueden tener impacto internacional", explicó Díaz Cordero.

El nuevo Código Procesal Penal tiene previsto un plazo para la instrucción dedelitos complejos como los vinculados a corrupción de seis años.

Pero en Comodoro Py hay una decena de casos que superan los 15 años en los tribunales. La auditoría del Consejo también hizo foco en las causas que demoraron entre seis y diez años.

IP.

Se analizarán los bienes, declaraciones de impuestos y el patrimonio de cada postulante.
Hoy el Gobierno decretó que quienes quieran ser designados jueces deberán pasar un examen de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se realizará un exhaustivo análisis patrimonial y de consistencia de sus declaraciones juradas, cuentas e inversiones.

El decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia, modificó otros dos anteriores (el 588 y el 222), en los que ya estaba previsto un informe de la AFIP.

Ahora esa tarea, al análisis sobre si registran o no deudas fiscales, se sumará un informe más exhaustivo sobre el patrimonio y de consistencia de sus declaraciones juradas.

El postulante al cargo de juez deberá prestar conformidad para que la AFIP, elabore el informe, el que será de carácter reservado y sólo podrá ser utilizado a los efectos de la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá realizar consultas a organismos especializados con motivo de la información contenida en las declaraciones juradas y lo informado por la AFIP.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo, en el ámbito de su competencia, la protección de la reserva de las declaraciones juradas presentadas por el candidato y de la totalidad de la información patrimonial a la que refiere este artículo.

La información aportada por la AFIP, con consentimiento del interesado, continuará amparada por el secreto fiscal en poder de las distintas dependencias que intervengan, las que quedarán obligadas a su preservación.

Además deberán adjuntar una declaración jurada en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos 8 años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos 8 años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes y en general.

Cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, su conviviente, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.

La Cámara de Senadores define este miércoles si el proyecto impulsado por la oposición, para moderar el aumento tarifario y retrotraerloa los valores de noviembre de 2017- y que ya fue aprobado por Diputados-, se convierte en ley o respalda la propuesta del oficialismo, y algunos senadores peronistas, de bajar a la mitad el IVA para usuarios residenciales de los servicios de electricidad, gas y agua.

El dictamen de mayoría, firmado por el Justicialismo y el Frente para la Victoria tras el último plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, pretende darle el último empujón al expediente que propone retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos al primero de noviembre de 2017 y establece que las subas no pueden ser mayores a los aumentos de salarios.

El costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Energía de la Nación, ascendería a casi 80.000 millones de pesos (compartido entre provincias y Nación), sólo durante 2018.

Ese número aumentaría a casi 90 mil millones de pesos en 2019.

En cambio, el proyecto del oficialismo busca rebajar, por doce meses prorrogables, a la mitad la alícuota del IVA para usuarios residenciales que actualmente alcanza el 21 por ciento.

Asimismo, rebaja del 27 al 21 por ciento el monto del mismo impuesto para micro, pequeñas y medianas empresas.

La propuesta de bajar el IVA a las tarifas de servicios públicos tendría, además, un costo menor a los 20 mil millones de pesos, según indicó el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo.

“Si quieren que bajen las tarifas deben votar el proyecto del oficialismo. Porque el otro será vetado por el presidente” Mauricio Macri, argumentó Pinedo al finalizar el plenario de comisiones de la semana pasada.

El dictamen propuesto por el oficialismo, a último momento el martes pasado, retoma una iniciativa impulsada en abril por el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto; y que los gobernadores del mismo signo político como Juan Manuel Urtubey, de Salta, y Juan Schiaretti, de Córdoba, consideraron viable tanto para las provincias como para la Nación.

Ese acuerdo tácito determinó que cuatro senadores justicialistas firmaran en disidencia parcial el dictamen de la oposición y luego anunciaran que no iban a votarlo tal como vino de Diputados porque consideran que la mejor opción es una rebaja del IVA.

Sin embargo, uno de esos legisladores, el correntino Carlos Espínola, aclaró que votará en general con su bloque pero que pedirá cambios en el tratamiento en particular.
Del mismo modo, en principio, se comportarían Rodolfo Urtubey (Salta), Dalmacio Mera (Catamarca) y Guillermo Snopek (Jujuy) que no sumarían sus votos a la opción del oficialismo que, desde el vamos, será respaldada por los 25 integrantes del Interbloque Cambiemos, más los peronistas aliados al macrismo, como el salteño Juan Carlos Romero y el santafecino Carlos Reutemann.

También adelantaron que no apoyarán el proyecto que vino de Diputados la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; y María Fiore, del Partido Renovador de Salta, aliado del peronista Urtubey en el gobierno de esa provincia.

Por el contrario, la oposición cuenta con los veinte senadores que restan del Interbloque Argentina Federal, más los nueve que conforman el Frente para la Victoria, del que forma parte la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A esos se suman otros cinco legisladores: los peronistas puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo; el neuquino Guillermo Pereyra (MPN); y los progresistas Fernando Solanas y Magdalena Odarda.

El destino de la votación podría estar en cinco senadores, entre los que figuran los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y los tres santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora.

Si bien los misioneros, en la Cámara baja, se ausentaron de la sesión, los representantes de Santiago del Estero sí apoyaron la sanción del proyecto confeccionado por el peronismo federal.

Telam.