La mesa chica del Gobierno advierte que si se aprueba en el Senado el proyecto de ley que retrotrae el precio de las tarifas a noviembre del año pasado puede llegar a provocar un nuevo cimbronazo en la economía del país. Populismo, pacto preelectoral, y el Plan B de Macri y sus hombres.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, trabaja contra reloj para evitar que el miércoles próximo se apruebe en el Senado el proyecto de ley que salió de Diputados y que retrotrae el precio de las tarifas a noviembre del año pasado.

La mesa chica del Gobierno advierte que, si esto sucede, puede llegar a provocar un nuevo cimbronazo en la economía del país. Calcula, en principio, que generaría una pérdida de recaudación de más de 150 mil millones de pesos. Explica, que, además del impacto fiscal, su aprobación se verá, en el mundo, como una nueva prueba de que el populismo, en la Argentina, no se terminó de retirar.

O para ponerlo de otra manera: que existe un Gobierno, en minoría, tratando de hacer de la Argentina un país más o menos normal, contra un peronismo fragmentado, pero que se une para debilitarlo, y que podría volver en 2019 para terminar de transformar a esto en algo muy parecido a Venezuela.

Esto lo piensa y se lo dice a sus ministros el mismo presidente Mauricio Macri.

¿Le está queriendo meter presión a gobernadores como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, con el objeto de que instruyan a "sus senadores" y a la oposición no le alcance el número para aprobar la ley que, el jefe de Estado, se sostiene, tardará segundos en vetar?

Para que el proyecto que salió de Diputados sea al final refrendado en el Senado, el Peronismo Federal y el Frente para la Victoria, es decir Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández, precisan una mayoría simple de 37 votos.

Sostienen cerca de Pichetto que ya tienen más de 40. Porque además de contar con asistencia perfecta de los propios, afirman, lograrán una ayudita de uno o dos senadores de Santiago del Estero, la provincia que gobierna Gerardo Zamora.

Los voceros de Frigerio explican que este proyecto es un mamarracho, porque borra con el codo el presupuesto que el Parlamento aprobó hace cinco meses, y porque pasa por encima de las audiencias públicas que se celebraron precisamente para discutir los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

Los hombres que están cerca del Presidente van más allá. Afirman que la eventual aprobación es producto de un pacto preelectoral entre Pichetto, Sergio Massa, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, y que tiene como objetivo de mínima debilitar al gobierno nacional, y de máxima volver al poder en diciembre del año que viene.

Pichetto se cubre repitiendo que el primer conato de rebeldía contra la política tarifaria nació en el seno de Cambiemos, con las protestas de Elisa Carrió, Alfredo Cornejo y otros referentes del radicalismo.

"No me pidan que haga oficialismo cuando los oficialistas hacen oposición", se justificó una vez más.

Macri y sus asesores políticos ya están pensando en un plan B: transformar su debilidad política en fortaleza.

¿Cómo? Saliendo a explicar el veto. Poniendo sobre la mesa un supuesto pacto del peronismo para debilitarlo. Explicando cada vez con más insistencia por qué la baja del déficit es la madre de todas las batallas. Y mostrando todos los días cómo se recortan los gastos políticos: desde las pensiones por invalidez mal otorgadas hasta los salarios de muchos choferes de la AFIP y el Banco Central, que van desde los 120 mil hasta los 200 mil pesos

El “Gol de Oro” con “Yapa”, que sale sí o sí, benefició con 60 mil pesos a un apostador de la provincia de Misiones. Fue en el Sorteo N°526 del 27 de mayo de “Jugá con Maradona”. Además, favoreció a otros cinco apostadores con quince mil pesos cada uno. El primer premio quedó vacante, mientras que el segundo registró un ganador en Tucumán.

En la oportunidad se extrajeron los números: 05, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23 y 24, beneficiando con el “Gol de Oro” con “Yapa” al Cupón Nº 237102, vendido en la Agencia N° 0308, de María Luján González, de Apóstoles.

Con el segundo premio resultó favorecido el Cupón N° 28586074, vendido en la Agencia N° 0045, de Víctor Hugo Ysa, de Tucumán.

Con diez aciertos hubo 46 ganadores; con nueve, 490; con ocho, 7; con siete, 346, y con seis, 2245 afortunados.

“La jugada de Fortunato” de 8 aciertos en la jugada 2 más 4 quedó vacante mientras que la de 8 aciertos en la jugada 2 más 3 benefició al Cupón N°27994374, vendido en la Agencia N° 0002, de José Fernández, de Tucumán. Con 8 aciertos en la jugada 2 más 2, se registraron 3 ganadores, y con 8 aciertos en la jugada 2 más 1, hubo 12 ganadores.

Los cupones de “La Yapa” del “Gol de Oro” premiaron con quince mil pesos a apostadores de La Rioja (Nº 235071), Entre Ríos (N°298029), Misiones (N° 238049), Chaco (N° 228833), y Corrientes (N° 224167).

Minutos después de la medianoche, la comisaría de la Mujer de esa localidad recibió un llamado de auxilio por parte de una mujer de 39 años, quien alertó que estaba siendo agredida por su ex pareja.

A raíz una comisión policial se dirigió hasta el Paraje Saracura Lote 44 donde apresaron a Ramón Oscar C. (57) quien se encontraba agrediendo verbalmente no sólo a su ex pareja sino también a sus hijos menores de 9 y 15 años.

El agresor fue alojado en la seccional 2ª a disposición del juzgado de paz.

Las víctimas fueron contenidas por el gabinete interdisciplinario de la Policía.

A favor hay 114 diputados y en contra, 108. Los llamados desde el Vaticano. El impacto del cambio de clima en los legisladores.

Los números, hoy, dicen que la legalización del aborto podría tener media sanción dentro de tres semanas. Diputadas y diputados consultados por este diario –en algunos casos, bajo reserva de nombre– coincidieron en que hay al menos 114 votos favorables y que los opositores al proyecto rondan los 108. La cantidad de indecisos varía según la jornada y el interlocutor: hasta hace unos días eran 40; luego de la audiencia del jueves, eran 37 o 36, porque a último momento hubo quienes detectaron otro apoyo nuevo oculto. En tiempo de descuento, todos los gestos tienen peso político, señalaron legisladoras y legisladores que comenzaron a notar en sus propios despachos cómo el lobby eclesiástico aumentó la intensidad, tanto como para que algunos refirieran haber recibido llamados telefónicos del Vaticano y comparen la situación con los días previos al debate en recinto de la ley de matrimonio igualitario.

Por eso mismo, explican –y comprenden–, muchos de sus pares resolvieron votar positivamente pero prefieren callarlo hasta último momento. “Hay algunos diputados a los que no les resulta conveniente anticipar su voto favorable porque tienen que volver a sus provincias”, contó una legisladora. Otros callan porque todavía no tomaron posición. Otros, finalmente, no están convencidos de votar a favor pero tampoco resolvieron hacerlo en contra, por lo que podrían llegar a ausentarse de la sesión convocada para el 13 de junio, para no obstaculizar, porque la media sanción en este caso requiere mayoría simple (más de la mitad de los presentes). En el voto pesan la calle (los miles de chicas y chicos jóvenes a favor, particularmente; las más bien raleadas manifestaciones antiderechos, a pesar de la intervención decidida de la Iglesia) y las intervenciones de figuras públicas que resultaron disruptivas y potentes, como –recordaron los consultados– las de la escritora Claudia Piñeiro, las actrices Florencia de la V y Muriel Santa Ana.

También incide la coyuntura, que demuestra cómo la legislación actual viola derechos y arruina, literalmente, vidas como las de la niña salteña, y cómo hoy eso sí tiene costo político. Coinciden, legisladoras y legisladores, en que hoy lo piantavotos es no acompañar la legalización. El presidente de la Comisión de Legislación General –cabecera del proyecto–, Daniel Lipovetzky (PRO), quien preside las audiencias, fue optimista: “Vamos a elaborar un dictamen de consenso; creo que los indecisos cuando vean este proyecto van a dar su apoyo, al menos 15 votos más que necesitamos para estar tranquilos”.

“Los diputados que estaban indecisos y resolvieron votar a favor no quieren quedar expuestos ahora, están resguardados para no tener ningún tipo de presión. Me consta que existen esos diputados porque laburo para conseguir ese apoyo, llamo uno por uno y también me piden que no lo diga”, admitió la diputada Mayra Mendoza (FpV), habitué de las audiencias de martes y jueves, junto con Brenda Austin (UCR), Karina Banfi (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur), Araceli Ferreyra (Peronismo para la victoria), Natalia González Seligra (PTS), Mónica Macha (FpV), Cecilia Moreau (Federal), Romina del Plá (Frente de Izquierda). Por su parte, Banfi, también advirtió que el silencio es en estas semanas una estrategia para evitar presiones, y que le consta por saber quiénes han tomado posición favorable en estos meses.

“No voy a decir quiénes son por no comprometerlos, porque han pedido reserva de sus nombres para evitar el hostigamiento que reciben de este grupo de interés que es la Iglesia católica. Porque eso tenemos que denunciarlo: la Iglesia está teniendo comportamiento de grupo de interés, algo institucional. Quienes apoyamos la legalización no los llamamos, no los hostigamos, no les decimos asesinos. Sí les decimos antiderechos, porque son eso. Provida somos todos, como dijo Claudia Piñeiro”, detalló.

El recuento es interminable. Puede variar en cuestión de horas. Lo reconoció, por ejemplo, Marta Alanís, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, para quien el número de indecisos no es 37 sino 36: “En los últimos días nos dimos cuenta de que teníamos uno a más a favor. No. No se dice el nombre”. El compromiso, en esos casos, se asume puertas adentro, pero se asume, aseguraron diputadas y diputados que prefirieron mantener sus propios nombres en reserva.

En estos días, la procesión de las jerarquías religiosas no va por dentro pero tampoco, explícitamente, por los pasillos del Anexo donde los diputados tienen sus despachos. Sí se está haciendo sentir en los teléfonos, redes sociales virtuales y redes personales de la vida real. Eso cuentan varios legisladores y legisladoras, alguno de los cuales aseguró haber recibido un llamado directamente desde el Vaticano. Varios coincidieron en señalar que las presiones recrudecieron la semana que pasó, en particular después de la conferencia de prensa que compartieron diputados firmantes e integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto.

“Creo que hasta ahora (los altos cargos de la Iglesia) habían estado más calmos porque creían que el proyecto no podía salir, y ahora creen que sí y están preocupados. En estos días hubo más diputados que me dijeron ‘me están presionando, estoy recibiendo muchísima presión’. Para alguno, esto puede ser un problema, pero creo que en el debate ha aparecido mucho la idea de que es necesario votar no en función de las creencias religiosas, porque uno legisla para toda la sociedad, no sólo para los de religión católica. No me consta que haya diputados que hayan cambiado de opinión favorable a negativa por presión de la iglesia. Pero sí creo que es un error de la Iglesia ejercer esa presión”, añadió.

Marta Alanís, que como fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir dijo que no la sorprenden las presiones eclesiásticas, hizo, en cambio, una reflexión política. “Hay algo que me parece muy interesante: siempre que un gobierno perdió legitimidad o credibilidad, recurrió a la Iglesia. Hoy recurre a un debate pendiente, que es la agenda feminista. El feminismo tiene fuerza popular, y desde la lógica de los partidos políticos, para ser prudentes, se cuentan votos: hoy se cuentan votos teniendo en cuenta el feminismo y se toma en consideración una reivindicación feminista que no tenían en cuenta el año pasado. Han visto la fuerza del movimiento y han sabido hacer una lectura. Es novedoso”. El impacto de las y los jóvenes no es menor en el proceso que en tres semanas llegará a un punto histórico, con el tratamiento de la legalización del aborto en el recinto. Además de la presión social en las calles, de las presiones que llegan mediante redes sociales, existe lo doméstico. “Hay algo hermoso. Yo hablé con cuatro diputados que, en otras palabras, me dijeron ‘si vuelvo a mi casa después de haber votado en contra de aborto, mis hijas me matan o no me dejan entrar’. Es bueno eso. Habla de un corte generacional, de otras generaciones. Muchos hombres no se van a poder bancar eso”, repasó Mendoza.

P12.

Tras la crisis cambiaria, el Gobierno decidió pisar el acelerador de la reforma laboral -que ya se encontraba entre las recomendaciones del Fondo Monetario- y, en particular del "blanqueo" de los empleados informales. A pesar del optimismo oficial, empresas y sindicatos señalan puntos débiles.

Superada la crisis cambiaria, el Gobierno busca retomar el impulso de la reforma laboral. Una de las iniciativas más ambiciosas es la que apunta a la regularización del empleo no registrado, con la cual las autoridades buscan registrar hasta 300.000 trabajadores de un total de 6,5 millones en situación irregular.

De esa cifra, 4,5 millones están en negro y 2 millones son independientes, según cifras oficiales.

La meta fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al ser consultado por iProfesional en el marco de una charla organizada por la Universidad Di Tella, donde ratificó su intención de que el Congreso avance en el debate del proyecto.

"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000 beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados", anticipó Triaca.

La cifra está lejos del millón de personas que se había propuesto la cartera laboral el año pasado, pero igualmente representa un desafío para el ministro, que busca avanzar con su plan para combatir la informalidad y luchar contra la evasión laboral, junto con la modificación del marco normativo de las relaciones laborales.

El proyecto incluye una reducción de la indemnización por despido, el fondo de cese laboral y otros cambios importantes.

Por estas horas, la reforma enfrenta obstáculos en varios frentes. Uno de los principales es la falta de entusiasmo del empresariado.

En el sector privado, reconocen que hay un amplio "perdón" por deudas e infracciones y que, de ese modo, se reducirá la litigiosidad, pero advierten que aun así muchas empresas verán un incremento en sus costos si se suman al régimen legal, en medio del aumento de tarifas, la inflación y un deterioro de la actividad.

Las compañías calculan que si por un empleado una firma paga un salario de $20.000 en negro, esa cifra se duplica al pasar a registrar al trabajador, ya que la misma debe realizar contribuciones por un valor similar al de la remuneración.

"Se incluye perdón sobre todo lo que uno pueda imaginar, pero faltanincentivos: si una Pyme tiene que pasar a alguien en blanco no le dan los costos", advirtió a iProfesional el abogado de empresa Julián de Diego.

Pero algunos de los cambios también generan cortocircuitos con la CGT. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña acordaron con el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, respaldar el "blanqueo", pero se opusieron a la rebaja de las indemnizaciones.

La principal resistencia se aloja en los gremios duros encabezados por Pablo Moyano. En medio de 800 cesantías en Cresta Roja, el camionero advirtió que "la baja de las indemnizaciones va a traer una ola de despidos" y que su espacio "va a salir a la calle", como lo hizo en diciembre pasado contra la reforma jubilatoria.

Las tensiones resurgen en plena puja por la renovación de la conducción de Azopardo, en la que buscan hacer pie con una fórmula conjunta Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.

Por otra parte, el acercamiento de Mauricio Macri al Fondo Monetario también sumó ruido. El organismo había recomendado en diciembre pasado hacer modificaciones a la legislación laboral, indemnizaciones, convenios colectivos, contribuciones patronales y jubilaciones, similares a los que el Gobierno propone.

Pero Triaca niega que el organismo haya planteado exigencias en materia laboral. En los últimos días, el funcionario mantuvo un fuerte cruce al reclamarle a los sindicalistas que "lean el proyecto de ley del que ellos mismos participaron".

Lo hizo en alusión al hermano menor de la familia, "Huguito" Moyano, quien fue parte de la redacción del texto presentado en diciembre, pero que finalmente fue boicoteado por la familia sindicalista.

En vistas a una mayor conflictividad por la devaluación y la "aceleración" del ajuste impulsada por el Gobierno, el ministro de Trabajo inició un acercamiento con el ala dialoguista de la central obrera y, en paralelo, con el gastronómico Luis Barrionuevo.

La intención es obtener respaldo para las gestiones con el FMI y desactivar una eventual huelga de la CGT. Esto, en un contexto en el que Moyano y Palazzo vienen de protagonizar un acto contra el Fondo.

Nuevo regimen

Con el fin declarado de incentivar la formalización, el proyecto oficial condona deudas por aportes y contribuciones patronales, multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de los trabajadores dentro del primer año (360 días) desde la vigencia de la reglamentación de la ley.

La exención pasará a ser del 100% si el traspaso se realiza en los primeros seis meses (180 días).

Asimismo se fija un límite de hasta cinco años de aportes hacia atrás que el Estado le reconocerá al trabajador sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de $9.500 y en julio será de $10.000.

Los años no declarados no computarán para el cálculo de la jubilación ni de la indemnización, y para ser "blanqueado" el trabajador deberá renunciar a efectuar reclamos judiciales por los años sin aporte. A su vez, las indemnizaciones por falta de registración o registración irregular ya no beneficiarán al trabajador sino a la ANSES.

La regularización del empleo informal además contribuirá a incrementar la recaudación del Estado con nuevos aportes y contribuciones.

Una vez registrado, el trabajador pasará a percibir el salario de convenio, con obra social, ART y aportes jubilatorios, que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile. Del mismo modo, la seguridad social de los gremios también se vería favorecida.

Las actividades en la mira de Triaca son aquellas con mayores tasas de informalidad, como construcción (67%), comercio (42%), gastronomía (44%) y la industria (30%). Según datos del Ministerio de Trabajo, el 80% de los trabajadores informales se encuentra en Pymes de hasta cinco empleados.

En cambio, el sector doméstico, que tiene un 75% de empleo no registrado -cerca de 1,2 millones de empleadas- está excluido del nuevo régimen. En los últimos días, la AFIP intimó por mail a 650.000 contribuyentes de altos ingresos a que regularicen a su personal doméstico.

Desafíos para la reforma

Uno de los desafíos del macrismo es hacer avanzar su proyecto laboral, que fue presentado a fines de abril pasado en el Senado, junto al de prácticas formativas para estudiantes (o nuevas pasantías) y la agencia técnica de salud.

Desde entonces, el debate quedó en suspenso por al avance de la oposición en el Congreso para moderar las tarifas y por el impacto de la crisis cambiaria, que derivó en una "reorganización" del Gabinete.

Ahora el oficialismo busca reactivar los cambios. Consultado por iProfesional, Triaca dijo que éstos van a dar un "marco de previsibilidad" y negó que fuera a "quitar beneficios" a los trabajadores, como advierte el sindicalismo.

Por el contrario, señaló que "al reconocerse el vínculo laboral, el trabajador puede beneficiarse por tener un salario de convenio y cobertura social, y el empleador evitar una potencial demanda del trabajador". "Se equilibra a los dos", concluyó.

Además de los "incentivos", a los que se sumaría la baja progresiva de las contribuciones patronales sancionada con la reforma tributaria, el proyecto plantea reforzar la fiscalización con la posibilidad de "involucrar a todos los actores sociales" en esa tarea -lo que incluiría a sindicatos- pero sin especificar qué entidades ni las acciones a implementar.

"El mismo Gobierno reconoce que los organismos de control están desmantelados", advirtió De Diego.

Por lo pronto, el plan oficial deberá sortear varias dificultades. En primer lugar, se espera un menor crecimiento económico este año tras la crisis cambiaria que deterioró las reservas y derivó en un pedido de ayuda al FMI.

Las consultoras pronostican que el PBI será inferior al 2%, mientras que la inflación será igual o mayor a la del año pasado, que fue 24,8%, pero con paritarias al 15%. Esto repercutirá sobre salarios y consumo, lo que disminuirá aun más la actividad y la demanda de empleo en las empresas.

Ese es uno de los principales motivos por el cual empresas y abogados laboralistas ven con desconfianza el proyecto oficial.

"Para el blanqueo deben darse tres condiciones: la primera es la regularización de las relaciones laborales, la segunda es que los costoslaborales no salariales a partir del blanqueo sean razonables y la tercera es el crecimiento de la economía", dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de UIA.

Por otra parte, el mercado laboral ofrece señales contradictorias: si bien el empleo viene recuperándose desde mitad del año pasado, la tasa de informalidad laboral fue del 34,2% en el último trimestre de 2017, un 0,6% más que en el mismo período del año previo según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

A su vez, un 75% de los puestos creados en ese período fueron motorizados por el trabajo informal y los cuentapropistas, según el organismo estatal.

Los especialistas, sin embargo, creen el principal problema de la informalidad no se relaciona directamente con el mercado de trabajo, sino con la actividad económica. Para Javier Lindenboim, la cuestión depende de la "blancura o negrura" de la actividad económica en su conjunto.

"Es difícil pensar que el empleador va a registrar empleados si no es en un contexto en que la demanda (de productos o servicios) existe o está en crecimiento", sostuvo el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED).

Resistencias

Los antecedentes en materia de amnistías laborales tampoco son auspiciosos. En rigor, el artículo 12 de la Ley Nacional de Empleo (24.013) de 1991 contenía también un perdón de deudas por aportes, contribuciones, multas y recargos para los empleadores que regularizaran a los trabajadores, tal como establece el proyecto actual.

Pero el proyecto afirma que esa norma como la del 2014 (26.940) "no han podido revertir el problema de la informalidad".

La iniciativa tampoco contempla la maniobra de falsear la fecha real de ingreso del trabajador, consignando en su lugar el día de registración.

Esta irregularidad permite eludir el pago de cargas sociales adeudadas y ocultar la antigüedad real del empleado, disminuyendo la indemnización y el salario. Así, sin mayores controles, las empresas en falta pueden obtener por esa vía un mayor beneficio económico que con el "blanqueo".

Esa es una de las críticas del documento de 32 páginas elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, en el que tachan los proyectos de reforma como un nuevo intento por lograr la "modificación integral del sistema de relaciones laborales, a través de la afectación de normas" y advierten que el objetivo "no es combatir el trabajo no registrado, sino reducir costos indemnizatorios para los empleadores que no cumplen con sus obligaciones".

Un estudio de la OIT de 2013 titulado "Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina" señala que en los años 90, "la participación del empleo asalariado registrado (típico y atípico) exhibió una tendencia decreciente aun cuando se implementaron políticas de flexibilización laboral y de reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social que, en principio, se suponía que tendrían un impacto positivo sobre el empleo formal".

Los laboralistas cuestionan el espíritu del texto según el cual "los actuales niveles de protección laboral son las causantes de desempleo y falta de crecimiento económico, eludiendo las verdaderas causas macroeconómicas".

"El problema no es tanto el costo laboral, sino el mayor costo financieropara comprar máquinas o invertir, las tarifas y la caída del consumo", advirtió a este medio el presidente de AAL, Matías Cremonte.

Otra limitación que enfrentan las autoridades es que las estadísticas hoy no permiten elaborar un cuadro preciso de la composición de la fuerza laboral en Argentina y, por ende, del trabajo en "negro".

El número de empleos medido por la EPH es mayor a la cantidad de asalariados porque las personas pueden tener más de una ocupación. Ese es el caso, por ejemplo, de un médico por cuenta propia que trabaja un día por semana en relación de dependencia en una clínica y es contabilizado como asalariado.