En entrevista exclusiva con Revista Códigos, el defensor de Pueblo de Posadas, Alberto Penayo detalló aspectos de su actual gestión en la institución y las mayores demandas del posadeño. También dio detalles de los proyectos en los que trabaja y aspiraciones en la política. “Desde octubre del 2017, cuando nos hicimos cargo de la Defensoría, atendimos las demandas de la sociedad en función a los problemas planteados”, aseveró.

Explicó cómo funciona la Defensoría del Pueblo ante los planteos cotidianos de los ciudadanos. Indicó que ante cualquier demanda, lo primero es recurrir a la instancia administrativa y en la segunda, pedir asistencia a la justicia. En ese ámbito y dentro de las normativas vigentes se trata de hacer que se corrija aquello que se ha obviado y que vulnera derechos individuales o colectivos. Es el principio rector de la Defensoría.

“Disponemos de un régimen de trabajo instituido que no puede dar la espalda a ningún tipo de reclamo. Caminamos entre una línea fina, sobre lo que pretende la sociedad o lo que podamos hacer como institución. Los reclamos pueden ir desde la mediación entre dos vecinos hasta una audiencia pública”, señaló.

Dijo que la limitación del órgano es la ciudad de Posadas, y que por ello crearon la Mesa Interinstitucional para generar opiniones que abarcan también a otras partes de la provincia. “Logramos avanzar en dos frentes: una es la cuestión coyuntural que tiene que ver con el quehacer cotidiano, como la queja del vecino, pedidos por incumplimiento, entre otras cosas. Por otro lado está lo estructural, como lo es el amparo sobre la tarifa energética para Posadas y la provincia. Aquí se rompe el orden y hace amplio el mecanismo de acción”, aseguró.

Encuentro entre Defensores de todo el país contra el tarifazo

Sobre el encuentro dijo que se establecieron determinados patrones para seguir con los principios establecidos por las Defensorías del pais, que son: la razonabilidad de tarifas, progresividad, previsibilidad y lo no confiscatorio. “Se trasladaron los temas planteados al Gobierno nacional, sobre todo al ministro Aranguren, para que la adecuación no afecte de manera agresiva a los ciudadanos argentinos”, relató.

Relación con el Gobierno provincial

Al ser consultado sobre ello dijo que “es la que debe ser. Siempre nos ponemos frente a los reclamos de la gente y eso va más allá de la cuestión política. Discutimos desde lo institucional y defendemos lo que va a perdurar y permanecer en el tiempo. Por supuesto que lo tenemos que hacer acompañando la gestión, hasta y tanto no se rompan los principios rectores”.

“Hace poco presentamos en el Concejo Deliberante una resolución para que se declare la Emergencia Tarifaria en Posadas. En la capital provincia ya existen unos dos mil reclamos de familias que no pueden asumir el costo de la luz. Esto es facilitarle al Intendente mecanismos para que pueda arbitrar formas de pagos que no puedan pagar. Hacemos posible la relación institucional y en ocasiones hay diferencias políticas, pero eso es parte de la vida democrático de cualquier país”, recalcó.

Problemática del agua en la ciudad

“Creemos que la empresa prestataria del servicio (SAMSA) tiene muchas cuestiones por corregir y que están establecidas en el contrato de concesión. Tratamos de hacer entender al ciudadano que los reclamos tienen primero una vía administrativa y que no podemos manejarlos o arbitrarlos de manera individual. Hay que hacerlo de acuerdo a lo que diga la ley”, manifestó.

Penayo aseguró que el servicio de suministro de agua potable tiene problemas estructurales muy grandes. “La zona Sur es un ejemplo de ello. En todo el lugar existe un acueducto de 16 kilómetros que posee un enorme problema que se rompe tres veces por semana. Estamos por hacer una presentación formal de un pedido para que SAMSA brinde una respuesta concreta ante estas demandas. Es un problema grave y que comprende millones de pesos en obras. Posadas se está expandiendo y ya son más de 22 mil las familias que están teniendo inconvenientes de manera constante”.

Geriátricos

En este ámbito, una de las responsabilidades de la Defensoría es defender los derechos de los adultos mayores, y en función de ello se instruyó a un grupo de profesionales para investigar cómo funcionan los geriátricos de Posadas. “Comenzamos a ver que existe una ordenanza, como cualquier comercio, y también una ley provincial. Descubrimos que solo existen cinco habilitados en la ciudad, cuando en realidad hay mucho más. Creamos –por medio de la Mesa Interinstitucional- el Observatorio para control y gestión de estos lugares. Además solicitamos al Concejo Deliberante y la Legislatura, por medio de un proyecto para establecer una Comisión Interparlamentaria y tener una ley unificada para cuidar a nuestros abuelos”, contó.

También se abrió la inscripción para que en un período de 90 días todos aquellos dueños de viviendas de ancianos que no estén sujetos a ninguna normativa, puedan articularse a un mecanismo que les permita lograr la habilitación.

Rol y aspiraciones políticas

“Buscamos ayudar a la gente y en este rol me siento satisfecho con lo realizado hasta el momento. Llegué acá porque quiero hacer esto. Sé que muchas veces este trabajo genera ciertos tipos de reacciones en determinados sectores –incluso en la Renovación, el partido político que pertenezco-, pero creo que no importa, porque hago lo que quiero”, sentenció.

“Busco cumplir con este período de tiempo y luego se verá. No quiero que mi paso por la Defensoría sea solo administrativa, sino una instancia política. Tratamos de atacar todas las demandas, más allá de lo que se enfrente”, finalizó.