Nuevos informes del CEPA y del Centro Atenea advierten sobre la reconfiguración de la estructura del empleo –sin relación de dependencia, con menos derechos y bajos ingresos– y sobre los riesgos que implican los proyectos de reforma laboral.
Los proyectos de reforma laboral enviados por el Gobierno al Senado proponen bajar nuevamente varios escalones en el proceso de degradación del empleo y desprotección de los trabajadores. Así lo advierten dos análisis, elaborados por el Centro de Economía Política Argentina y el Centro Atenea, que repasan además la reconfiguración de la estructura del empleo en los últimos dos años. Estos estudios señalan que la figura de un Fondo de Cese Laboral facultará a los empleadores a desvincularse de su responsabilidad de pagar una indemnización por los despidos sin causa, abriendo a la vez una puerta a un modelo similar al de las AFJP. También cuestionan la propuesta de las “prácticas formativas” destinadas a los jóvenes, por constituir otra forma de trabajo precarizado.
El CEPA reseña que desde diciembre de 2015 a febrero de 2018 se crearon, según los datos oficiales, 345.449 nuevos empleos “registrados”. Sin embargo, el 85,3 por ciento de esos nuevos puestos correspondieron a monotributistas, empleados estatales y asalariados/as de casas particulares. En contraste, en los dos últimos años del gobierno kirchnerista sólo 8 de cada cien empleos creados eran de monotributistas; el sector privado generaba el 28 por ciento del empleo. Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados, mientras que el sector privado genera apenas el 14,7 por ciento de los nuevos trabajos. De esta manera, lo que se ve es un proceso de degradación interna del trabajo: la pérdida de puestos formales –que afecta marcadamente a la industria, el sector productivo con los salarios más altos–, va acompañado de la creación de empleos sin relación de dependencia, despojados de derechos y con ingresos bajos.
La precariedad del empleo monotributista puede medirse por los derechos de los que carece, marca el CEPA: un monotributista no tiene empleador, ni estabilidad laboral –emite facturas mensuales por la “venta” de sus servicios–, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo. Al no haber empleador, no existe quién haga aportes patronales, con lo que un crecimiento del monotributismo desfinancia a la Anses. En casi todos los casos, los monotributistas se jubilan con la mínima. Y quedan afuera de los sindicatos, sin representación para pelear por sus derechos.
“La habilitación de las llamadas ‘prácticas profesionales’ va en el mismo sentido. Tenemos el antecedente de las pasantías, que, habilitada como figura legal en los ‘90, fue algo muy nocivo porque abrió la puerta a que se contratara de cualquier manera a los jóvenes. Es la vía a la precarización más absoluta”, definió Hernán Letcher, titular del CEPA.
“Casualmente, en ellas se promovía como hoy una ‘asignación estimulo’ no remunerativa. Ahora se extiende de algún modo el contrato a prueba a un año, pero además sin aportes ni contribuciones. Es decir, mientras dura la práctica formativa el empleador puede terminar sin costo la relación laboral”.
En su informe, el Centro Atenea enfoca el proyecto que habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral. “Esto refiere a la paulatina desaparición de las indemnizaciones por despido, lo que devela la intención de que el empleador tenga a su libre disposición y sin costo la fuerza de trabajo”, señala.
Para el Centro Atenea, este punto “es, tal vez, el mayor reclamo y anhelo del sector empresarial desde la creación de la Ley de Contrato de Trabajo (1974)”. “El Fondo faculta al empleador a desvincularse de su responsabilidad de abonar la indemnización y se deja al trabajador en una situación de vulnerabilidad respecto de su estabilidad laboral”.
“Por otro lado –continúa el análisis–, se establece la posibilidad de capitalizar estos fondos, creando nuevas entidades financieras, similares a las AFJP, manejadas por el Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral Sectorial. El proyecto habilita que el trabajador, una vez que se le notifica su despido, opte por cobrar de forma parcial y periódica, dejando a libre disposición del Instituto la capitalización de su saldo pendiente. Si bien se muestra como un beneficio para el trabajador, que podría tomar parte de esa ‘capitalización y ahorro’ al jubilarse o al renunciar, lo cierto es que en el caso de los despidos se transforma en el signo de mayor precariedad laboral que registra la normativa en nuestro país”.
Al pasar revista a los cambios en el cálculo de las indemnizaciones, el CEPA enumera que el proyecto excluye el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, los premios o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual. “Casualmente, hace sólo unos días atrás, el titular de Techint, Paolo Rocca, mencionó que ‘hay que darles a las empresas la posibilidad de crecer, pero también de reducirse cuando es necesario, porque si no estamos con una rigidez que perjudica’”, cita el informe. “La propuesta evidentemente se hace eco del reclamo.”
El análisis de Atenea concluye que estas modificaciones en la normativa relativa al trabajo “apuntan a precarizar el sistema de relaciones laborales argentino. En el plano legislativo, normativo y judicial se intenta ir degradando los derechos del trabajo, como derechos protectores que funcionan como ‘equilibrio’ de una relación que nace en la desigualdad entre el capital y el trabajo. El camino a la individualización de la relación laboral deteriora, hasta su desaparición, la poca capacidad de negociación del trabajador”.
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