La Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la Asamblea General Ordinaria que estaba programada para el próximo 17 de octubre por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la misma, se había dictaminado que Claudio Chiqui Tapia sea reelegido para un segundo mandato en el cargo que ocupa desde 2017.
Además, se votaría la suspensión de los descensos y la posibilidad de que vuelvan a ser 30 equipos los de Primera División. Ante este panorama, el futuro de la AFA y del fútbol argentino es una incógnita.
El presidente de la AFA puede decidir continuar y realizar la asamblea de todos modos. Pero tanto ese caso, él como los asambleístas que participen del proceso pueden llegar a tener cargos penales por desobediencia.
Esto se debe a que el artículo 239 del Código Penal sentencia: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones".
Esta desobediencia pondría en un terreno peligroso al Chiqui Tapia, ya que además, los directivos de la AFA podrían ser acusados bajo el artículo 301 del código mencionado. Éste, sanciona a quienes avalen actos contrarios a la ley.
Igualmente, antes de tomar ese camino, la AFA podrá apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, aunque esto enlentecería todo el proceso, ya que la Asamblea no podría realizarse en tanto el litigio no se resuelva. Entonces, la reelección no tendría resolución hasta que el caso no se resuelva.
El periodo de resolución podría tomar varios meses, lo que complicaría a Tapia para asegurarse continuar en su cargo por cuatro años más.
