Esas fueron las palabras utilizadas en el anexo de un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fuerte repudio desde varios sectores.
”En algunos casos, el diagnóstico puede no requerir la interconsulta de un especialista, como en el Síndrome de Down, cuadros demenciales en período de estado, debilidades mentales profundas, ya que los parámetros clínicos serán soberanos”, es decir, a la vista de todos, agrega el texto.
El nuevo baremo está copiado palabra por palabra de un decreto firmado en 1998 por el presidente Carlos Menem, peronista ultraliberal al que Milei considera fuente de inspiración. Bajo el título Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores, el texto desarrolla en 48 páginas “una metodología de evaluación del deterioro psico-físico, con criterio uniforme, que permita determinar el grado de incapacidad” de aquellos que piden una pensión por invalidez. La norma fue modificada años más tarde para adaptarla a los requerimientos de la ONU.
Los cambios en la reglamentación pasaron prácticamente desapercibidos. Las organizaciones que representan al colectivo, sin embargo, ya habían hecho lo suyo. El 3 de febrero pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras seis ONGs presentaron un reclamo al Ejecutivo para que derogue la normativa. “Esta regulación”, dice el texto, “implica un retorno al modelo médico de la discapacidad, y por lo tanto un grave retroceso para los derechos de este colectivo. El anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como ‘retraso mental’, ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”.
