El presidente Javier Milei dio inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., según lo establece el Decreto 60/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma autoriza la privatización de la compañía mediante una desintegración vertical, separando sus unidades de negocio y aplicando diferentes mecanismos para su transferencia al sector privado. El material rodante será subastado en un remate público, y los fondos obtenidos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias. Por otro lado, las vías y los inmuebles aledaños serán otorgados en concesión de obra pública, a través de un proceso de licitación nacional e internacional.

Además, el decreto detalla que los talleres ferroviarios serán concesionados mediante licitación, garantizando su continuidad operativa bajo gestión privada. Finalizados estos procedimientos, la empresa será disuelta y liquidada, poniendo fin a su administración estatal.

La ejecución de este proceso estará a cargo del Ministerio de Economía, con el respaldo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargada de llevar adelante la privatización. A diferencia de experiencias previas, el decreto no contempla preferencias para empleados ni la implementación de un programa de propiedad participada.

El fin de semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó la noticia a través de una publicación en su cuenta de X. Así, una vez completado el proceso de venta y traspaso de la empresa a una gestión privada, "el Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura: material rodante, vías, talleres e inmuebles", explicó.

Belgrano Cargas y Logística S.A. forma parte del grupo de ocho empresas estatales incluidas en el plan de privatización impulsado por el Gobierno tras la aprobación de la “Ley Bases”. En cambio, otras compañías fueron excluidas luego de negociaciones con bloques aliados y opositores.

Esta empresa fue creada en junio de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, con el objetivo de unificar la operación de las tres principales líneas ferroviarias de carga del país: la Línea Belgrano, la San Martín y la General Urquiza. Esta red ferroviaria, que atraviesa 17 provincias del noroeste y centro del país, desempeña un papel clave en el transporte de granos destinados a la exportación.

Además de Belgrano Cargas, el Artículo 7 de la Ley de Bases contempla la privatización de otras empresas estatales, entre ellas Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Según declaraciones previas del vocero presidencial, en el último año la empresa necesitó 112 millones de dólares en financiamiento estatal para mantener sus operaciones. A pesar de ello, “la distancia media transportada hoy es de 500 km, exactamente la misma que hace 50 años en la República Argentina”. El Gobierno también argumentó que la empresa estatal opera con bajos niveles de eficiencia.

La iniciativa de privatización, que será liderada por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, se basa en un modelo de “concesión de infraestructura de acceso abierto”. Esto significa que el concesionario deberá permitir el uso de las vías a cualquier operador que desee transportar carga, con el fin de evitar prácticas monopólicas.

Según los lineamientos establecidos, el Estado nacional mantendrá la propiedad de las tierras y las vías ferroviarias, mientras que el resto de los activos serán transferidos a la gestión privada.