El Tribunal de Ética de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió expulsar al diputado nacional por Misiones, Martín Arjol, junto a los legisladores Mariano Campero y Luis Picat, por haber respaldado los vetos presidenciales a los aumentos de haberes jubilatorios y a la Ley de Financiamiento Universitario, contraviniendo las decisiones de su partido.
La sanción fue fundamentada en una "grave conducta partidaria que afecta la dignidad de la UCR", en base al artículo 53 de la Carta Orgánica Partidaria. El fallo, avalado por la mayoría de los integrantes del Tribunal, establece la separación definitiva de los tres legisladores de las filas del partido, conforme a los artículos 13 y 14 del Reglamento del Tribunal Nacional.
El documento, firmado por Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi por la mayoría, y Ricardo Barrios Arrechea por la minoría, expresa que los legisladores actuaron en contraposición a los principios del partido, que se define como una fuerza opositora a un gobierno que "desafía los límites tolerables de la convivencia democrática y el funcionamiento republicano". Además, subraya la necesidad de reforzar la identidad partidaria mediante principios disciplinarios básicos para asegurar su representación política.
Martín Arjol, quien inicialmente había apoyado la reforma jubilatoria y el financiamiento universitario, comenzó a alinearse con el gobierno nacional, distanciándose de los lineamientos de la UCR. Su postura generó indignación dentro del partido y provocó una crisis de representación en el bloque radical de la Cámara de Diputados. Este episodio derivó en el éxodo de 12 diputados, encabezados por Facundo Manes y Martín Lousteau, quienes formaron un nuevo espacio denominado “Democracia para Siempre”.
La fractura dejó al bloque radical reducido a solo 21 integrantes, marcando una disminución significativa en su influencia parlamentaria.
