Los intendentes de los municipios del área de concesión de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, junto a la presidenta de la entidad, hicieron pública la preocupación que generó, tanto a las partes, el impacto de la Resolución Administrativa 267/24 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, que prohíbe incluir en la boleta de cobro por el consumo de energía eléctrica el ítem correspondiente al alumbrado público.
Este servicio es prestado, mantenido y ampliado por la cooperativa, a partir de sendos convenios suscritos entre la misma y los municipios de su área de concesión, con el aval de la asamblea de asociados de la cooperativa.
En una conferencia de prensa, los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de Capioví, Ramón Arrúa; de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel; y de Jardín América, César Araujo –con la adhesión de sus pares de Garuhapé, Gerardo Schmied, y de Puerto Leoni, Elvio Rivas–, junto a la titular del consejo de administración de la entidad de servicios, María Victoria Vercelli, explicaron a los 20.000 asociados y a unos 70 habitantes del área de cobertura de la entidad de servicios cómo continuará el curso de este tema, que ocupa por estos días a toda la sociedad y cuya judicialización es inevitable.
Tanto los jefes comunales como la dirigente cooperativista coincidieron en que “el alumbrado público es potestad de los municipios, pero, mediante un convenio, que es un acuerdo inteligente que se viene ejecutando desde hace 45 años en Puerto Rico –municipio impulsor del modelo–, se garantiza un buen nivel de prestación de un servicio que es sinónimo de progreso y un aliado para la seguridad, cuyo cobro es absolutamente equitativo y está garantizado, a partir de su inclusión en la misma boleta del servicio de energía eléctrica”.
En contra del progreso
“Los misioneros que hacemos las cosas bien somos castigados una vez más a partir de la grieta instalada a nivel nacional. Quienes impulsan esta medida desde el Gobierno de la Nación lo hacen mirando, a lo sumo, al Conurbano Bonaerense, buscando dirimir sus peleas inconducentes. A nosotros, en Puerto Rico y en los municipios del área de concesión de la cooperativa, este convenio nos trajo progreso”, aseguró Carlos Koth, intendente de Puerto Rico y vocero de los jefes comunales presentes en la rueda de prensa.
“Este modelo de prestación y cobro del servicio de alumbrado público nos permitió, en casi cinco años de gestión, instalar unas cuatro mil luminarias LED en nuestra localidad. Lo propio ocurrió en todos los municipios vecinos, de manera proporcional. También posibilitó extender el área de cobertura del alumbrado a las calles y avenidas de aquellos barrios que aún no lo tenían, donde fuimos instalando las lámparas de mercurio, una vez reemplazadas por las nuevas y tras el mantenimiento correspondiente”, agregó.
Koth manifestó que “no entiende a los dirigentes nacionales y sus referentes locales, quienes se presentan como los ideólogos del modelo de un país próspero, pero en nuestra localidad agitan denuncias infundadas contra una entidad administrada de manera ejemplar históricamente, como lo es nuestra Cooperativa Luz y Fuerza. Eso sencillamente atenta contra el progreso. Y a eso están convocando algunos trasnochados que existen en nuestra zona”.
También adelantó que “en los próximos días, los asesores jurídicos de los municipios del área de concesión de la cooperativa realizarán una presentación judicial para que nada de lo bueno se modifique, para que el progreso y el desarrollo de nuestra región no sumen un obstáculo nacional más de los tantos que ya tenemos”.
“Vamos a ir a la justicia –anticipó– porque a la Municipalidad de Puerto Rico le va a costar 45 millones de pesos mensuales garantizar el alumbrado público. Y el recupero no está asegurado, ya que el usuario irá a pagar el servicio de energía y difícilmente saldrá de la cooperativa para ir a pagar el alumbrado público a la Municipalidad. Con esos 45 millones de pesos podemos ofrecer una tecnicatura universitaria en el Polo Educativo, comprar un termo de asfalto y pavimentar diez cuadras de nuestro municipio y, como ya cité, instalar cuatro mil luminarias LED más. De esos progresos también nos quieren privar”.
Finalmente, el jefe comunal dijo no estar dispuesto a destinar ese volumen de recursos para tal fin, tras lo cual añadió: “Pareciera que el nuevo modelo pretende que racionalicemos el consumo de energía y nos quedemos con calles oscuras por sectores u horarios; o que la cooperativa preste un servicio gratuito y, para recuperar, nos empiece a cobrar a los socios un porcentaje mensual en concepto de ‘capitalización’, algo que nuestra entidad nunca ha hecho”.
Respuesta legal
Con la asesoría del equipo de abogados, la Cooperativa Luz y Fuerza respondió al organismo nacional que dictó la resolución administrativa, desconociéndole facultades para el propósito que persiguen. “En nuestra entidad nada se hace por cuestión antojadiza o sin el aval legal correspondiente. Además, las asambleas de asociados son soberanas y convalidaron los convenios con los municipios, así como la incorporación del cobro del ítem ‘alumbrado público’ en la misma factura”, dijo Vercelli al ser consultada sobre la acción que en la entidad que preside llevará adelante.
La dirigente también defendió el modelo vigente de prestación del servicio de alumbrado público, que faculta a la cooperativa a prestar el servicio, instalar, mantener, ampliar e incluso cambiar los dispositivos que dejan de funcionar, “porque contamos con el personal idóneo y capacitado, que todos los días está en la cuestión, a diferencia de las municipalidades, cuyos equipos tienen otras funciones y tareas”.
Asimismo, insistió en que “el concepto de alumbrado público en la boleta de luz no es una tasa o un impuesto. Es el cobro por un servicio que prestamos. Por ello, esa masa de recursos no va a la Municipalidad, ni a ningún otro lado más que a la cuenta de Energía de Misiones, quien se garantiza así el cobro del servicio de provisión de energía destinada a la red de alumbrado público de los municipios de nuestra área de concesión”.
