La década de los noventas fue un período turbulento para la economía de Misiones y para el futuro de muchos activos estratégicos de la provincia. Durante la gobernación de Ramón Puerta, en el marco de un modelo de privatización generalizado en el país, uno de los casos más significativos fue la venta de la emblemática empresa Papel Misionero, dedicada a la producción de celulosa y papel. Considerada hasta entonces un patrimonio clave de la Tierra Colorada, su desestatización abrió un capítulo de controversias y cuestionamientos que persiste hasta el día de hoy.

Papel Misionero, fundada como una empresa pública con un rol estratégico en el desarrollo regional, fue vendida durante el gobierno de Puerta en condiciones que luego fueron ampliamente cuestionadas. La operación se cerró en aproximadamente 5 millones de dólares, monto que, según revisiones posteriores de los registros contables, nunca llegó a ingresar a las arcas provinciales. Este hecho desencadenó sospechas y críticas sobre la transparencia y el beneficio real de esta privatización.

Schiavoni: el arquitecto de las privatizaciones

Un actor fundamental en esta serie de privatizaciones fue Humberto Schiavoni, figura clave en el entorno de Puerta, no solamente jugando un papel importante en la venta de Papel Misionero, sino que también fue un engranaje esencial en otras operaciones que marcaron la gestión del apostoleño al frente de la provincia. La cercanía de Schiavoni con el gobierno de Carlos Menem y su experiencia en temas de infraestructura y servicios públicos lo posicionaron como el operador ideal para llevar adelante decisiones estratégicas en Misiones, adaptadas a las directrices neoliberales del gobierno nacional.

A través de acuerdos que, según trascendidos de la época, incluyeron comisiones de hasta un 10% sobre el total de las operaciones, Humberto habría asegurado el cierre de estas ventas en términos favorables para ciertos sectores, aunque en detrimento de los intereses de los recursos públicos de Misiones. En el caso específico de Papel Misionero, algunos documentos y testimonios señalan que las negociaciones se realizaron con una celeridad que limitó la participación de otras empresas, lo que derivó en una venta directa que varios sectores locales consideraron insuficientemente transparente y a un precio irrisorio.

Consecuencias para Misiones y el desmantelamiento de activos públicos

La privatización de Papel Misionero fue solo una parte de un proceso más amplio de liquidación de activos provinciales, que incluyó la enajenación de otras empresas y propiedades bajo la administración pública de la Tierra sin Mal. Las consecuencias de estas decisiones no tardaron en manifestarse en la economía provincial. Por un lado, Misiones perdió el control sobre una industria clave que, bajo su administración, podría haber promovido empleos y estabilidad económica en la región. Por otro, la estructura del negocio en la provincia se consolidó cada vez más en manos de pocos empresarios, algunos de ellos cercanos a Puerta y a su círculo político.

Con el paso del tiempo, este proceso de liberalización económica ha sido objeto de revisiones críticas que sostienen que las condiciones de venta no solo favorecieron a los compradores, sino que se realizaron en un contexto de falta de controles y escasa fiscalización. En Misiones, muchos sectores productivos y sindicales criticaron la salida de la empresa de la esfera pública, ya que redujo oportunidades de empleo y dejó a cientos de trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Un legado de desconfianza

La venta de Papel Misionero durante la administración de Ramón Puerta, con Schiavoni como operador clave, dejó un legado de desconfianza hacia los procesos de privatización que marcaron la década de los noventa en Misiones. Hoy, esa venta es recordada como un emblema de lo que varios analistas consideran una entrega de recursos estratégicos a intereses privados sin beneficios reales para la comunidad misionera. La falta de ingresos transparentes por la operación y el impacto social de la pérdida de la empresa continúa manteniendo viva la polémica en torno a la administración del apostoleño.