La Justicia investiga la puesta en marcha de un negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes -a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”- y la posterior comercialización de los niños/as que nacen a partir de ese método.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal a cargo de María Alejandra Mángano con colaboración de la PROTEX, solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti, una serie de allanamientos y órdenes de presentación en instituciones médicas, escribanías y estudios jurídicos de esta Ciudad, de la provincia de Buenos y la provincia de Santa Fe; en el marco de un caso iniciado en enero.

La justicia apunta a cuatro centros de fertilidad en Capital Federal y dos en la ciudad de Rosario. En estos centros las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también la in vitro.

En general estos centros trataban con intermediarios de los comitentes y de las gestantes. La justicia los allanó para buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos.

Hay siete escribanías donde se hacía la firma del “consentimiento” por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Se ordenó el secuestro de actuaciones notariales y protocolos, certificaciones de firmas respecto de los casos

También se hicieron procedimientos en tres estudios jurídicos que son los que aparecen representando a las gestantes o a los comitentes en estos procedimientos.

Además, se libraron órdenes de presentación respecto de cinco maternidades de la ciudad de Buenos Aires donde se llevaron adelante los nacimientos.

Las maniobras

Habrían participado personas y empresas constituidas en el extranjero -con actividades en nuestro país-, a través de lo cual las personas implicadas obtienen importantes ganancias, confirmaron fuentes judiciales.

Los procedimientos ordenados fueron materializados en forma simultánea por las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la PFA, a cargo de la Comisaria Marcela Hurt y el Comisario Adrián Acosta.

Publicidad de los servicios y “Programa Argentina”

Los individuos y empresas jurídicas contra las que se dirige la investigación hacían publicidad de los servicios que brindaban a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, mediante el cual parejas que deseaban tener hijos -que no podían llevar adelante un embarazo- los contactaban, a quienes les ofrecían un “servicio” denominado “Programa Argentina” con un valor aproximado de U$S50.000 dólares.

Este incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto.

Reclutamiento de gestantes

La otra cara de este “negocio”, es el sistema de reclutamiento de las gestantes, consistente en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales, y aprovechando sus necesidades socioeconómicas. Se les ofrecía la suma de U$S 10000 por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un “plus” de entre U$S 1000/2000 si el parto fuera por cesárea.

Si por cualquier circunstancia el embarazo resultare interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales.

Fuentes consultadas indicaron que, de este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles diez mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los correspondientes controles, y entregar al niño nacido por esta práctica.

Todo sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales -acreditadas en el caso- que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes.

Según las fuentes, el propósito final de este negocio ilícito era la inscripción registral del niño/a y su posterior entrega. Para ello, las empresas involucradas en el negocio, aprovechaban “el deficitario contralor previsto en la normativa local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando con ello que las inscripciones de los nacimientos se llevaran a cabo, incluso cuando las personas gestantes residieran y hubieran hecho el tratamiento en otras provincias del país”.

“Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social”.