El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este martes dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Financiamiento Educativo, que establece un aumento de la inversión anual, durante un plazo de siete años, desde el 6% hasta el 8% del PBI.
Se estima que este miércoles, en la comisión de Presupuesto, se completará el trámite legislativo, previo a su tratamiento en el recinto.
Con el aval de estas dos comisiones -Presupuesto se reunirá a las 10- el proyecto quedaría en condiciones de ser abordado por el plenario de la Cámara, en una sesión que el Frente de Todos prevé para después del balotaje presidencial.
Juntos por el Cambio mostró algunas diferencias con el texto impulsado por el oficialismo y adelantó que presentará un dictamen de minoría (es decir, su debate sólo se produce en caso de que el mayoría sea rechazado).
Entre los expositores, Marcela Browne, secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) indicó que “dos millones de niños de 45 días a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque hablamos de una desprotección total”.
Por su parte, el director de Educación del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) , Esteban Torre, destacó que “el proyecto pone el foco en la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras”.
Flavio Pinto de AIEPA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada) advirtió que “poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos”, y agregó que “este proyecto de ley es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos diez o quince años”.
Durante la reunión, la presidenta de la comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos) destacó el acompañamiento mayoritario a la iniciativa. “La educación es un bien público y un derecho, el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar su acceso y pleno ejercicio”, sostuvo.
“Llegamos a este texto con consenso mayoritario y a la firma del dictamen, luego de encuentros que abarcaron la presentación del proyecto del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y su equipo, como también la participación de ministras/os provinciales, rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, autoridades actuales y electas de distintos distritos, la Federación Universitaria Argentina, la Mesa Federal y la Red Nacional de Centros de Estudiantes, sindicatos, organizaciones de educación, confederaciones, especialistas, directivos, fundaciones y cooperadoras”, detalló la diputada.
Un proyecto que modifica la proporción de la inversión educativa
Para la legisladora entrerriana, “este proyecto modifica la proporción de la inversión educativa, estableciendo un 60% del financiamiento a cargo del Estado Nacional y un 40% de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“El objetivo es avanzar en un 8% como mínimo del financiamiento, destinando un 6,5% para la cobertura de la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior, y un 1,5% para las instituciones de la educación universitaria”, profundizó.
La de este martes fue la cuarta reunión de comisión desde que se inició el cronograma de trabajo, que ya incluyó una inicial con la visita del ministro Perczyk, una segunda con la asistencia de académicos y especialistas en la materia y la tercera, el pasado martes, con la presencia de funcionarios de jurisdicciones provinciales.
El texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluye operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.
Entre los objetivos y metas comprendidos en el proyecto, se encuentran también la construcción de nuevos jardines de infantes y maternales, entrega de libros en modalidad uno a uno y darle continuidad a la jornada extendida en las escuelas.
El proyecto contempla incorporar robótica y programación en las escuelas secundarias, dar continuidad a las becas Progresar y Manuel Belgrano; financiar la construcción de nuevas escuelas técnicas y cumplir con el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) como marca la Ley 26.150.
