Un nuevo decreto impulsado por el ministro Sturzenegger podría abrir la operación a cualquier transporte de más de ocho butacas, eliminaría límites de velocidad para ómnibus y modificaría las condiciones tarifarias. Preocupación entre empresarios y usuarios por los posibles efectos en seguridad vial y conectividad.
El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.
Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.
Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.
Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito.
Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”.
En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.
Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente.
Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?
Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público.
Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado.
Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
