Tras la sanción de la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei avanza con su reglamentación. ¿En qué consiste el "silencio positivo administrativo"?.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante con la reglamentación de la Ley Bases y avanzó este lunes con el capítulo vinculado con el "silencio positivo administrativo" que busca eficientizar los tiempos de los trámites realizados ante dependencias del Estado.

Lo hizo por medio de la Decisión Administrativa 836/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la Canciller, Diana Mondino.

Allí se dispuso que el silencio positivo administrativo se aplicará a partir del próximo 1° de noviembre. Se trata de un mecanismo por el cual, pasado determinado tiempo, la falta de respuesta del Estado ante un trámite administrativo implicará su autorización automática.

"A partir del 1º de noviembre de 2024 las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar el silencio con sentido positivo en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o de la que la repartición correspondiente utilice a tales efectos", señala el artículo 1 de la norma.

Antes, ante la falta de respuesta del Estado, se le atribuía a esa inactividad un efecto negativo, es decir se negaba aquello que se solicitaba. Ahora cambió la lógica y la Ley Bases establece que, ante el vencimiento del plazo, directamente queda autorizada la petición.

Esto abarca a la totalidad de los procedimientos administrativos de las distintas reparticiones de la Administración Pública Nacional en los cuales se tramite el otorgamiento de una autorización administrativa.

Las claves del "silencio positivo"

Definición del "silencio positivo": El silencio positivo se establece cuando, en un procedimiento administrativo, una autoridad competente no responde dentro del plazo legal estipulado para otorgar una autorización o conformidad requerida. Si el plazo vence sin una respuesta, se asume automáticamente que la solicitud fue aprobada.

Ámbito de aplicación: Este mecanismo se aplica principalmente en procesos donde se solicita una autorización administrativa. Sin embargo, no es aplicable a temas críticos como la salud pública, el medio ambiente, la prestación de servicios públicos, o derechos sobre bienes del dominio público, donde el silencio de la administración no puede interpretarse como una aprobación.

Impacto en el procedimiento administrativo: El silencio positivo simplifica y acelera los trámites, evitando la parálisis administrativa por falta de respuesta. Es una medida que busca garantizar que la administración no obstaculice el ejercicio de derechos preexistentes del solicitante por inacción.

Excepciones y limitaciones: Existen ciertos actos administrativos, como los permisos que otorgan derechos excepcionales frente a prohibiciones normativas, que no están sujetos al silencio positivo. Este tipo de actos requiere una decisión explícita por parte de la autoridad, por lo que la falta de respuesta no se traduce en una aprobación automática.

Objetivo y críticas: La implementación del silencio positivo busca reducir la burocracia y fomentar una administración más eficiente. No obstante, ha sido criticado por no considerar adecuadamente la heterogeneidad de situaciones jurídicas y por potencialmente beneficiar más a sectores con mayor capacidad de presión sobre la administración, como grandes empresas o desarrollos económicos, en detrimento de otros sectores más vulnerables.