El juez de Instrucción Miguel Ángel Faría notificó a la Cámara de Representantes de Misiones sobre la investigación que enfrenta el diputado puertista, Germán Kiczka, por presuntos delitos relacionados con la pornografía infantil.

El oficio de Faría ingresó a la Legislatura por el despacho de la Presidencia. El texto oficial será difundido en el Boletín de Asuntos Entrados durante la próxima sesión legislativa, programada para el 22 de agosto. Sin embargo, algunos detalles del documento ya han trascendido.

La investigación se desprende de allanamientos previos realizados en febrero a la familia Kiczka. En abril, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires cedió parcialmente la competencia al juez Faria, evitando que el caso quedara bajo la operación "Guardianes Digitales por la Niñez", liderada por la Coalición de Rescate Infantil (CRC) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC).

Trámite legislativo y posibles sanciones

La Legislatura deberá decidir si aplica el artículo 139 de su Reglamento Interno, que establece el proceso para crear una Comisión Especial en caso de faltas graves. Este artículo señala que, a indicación del presidente o por moción de cualquier miembro, la Cámara podrá votar sin discusión sobre la oportunidad de utilizar la facultad prevista en el artículo 90 de la Constitución Provincial, que regula las sanciones a diputados.

El artículo 136 del Reglamento menciona faltas como alusiones irrespetuosas o imputaciones de mala intención, pero en este caso, se trata de acusaciones más serias que podrían requerir una respuesta más contundente.

Aún no se ha confirmado si el presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, o algún otro legislador solicitará la aplicación del artículo 90 para proceder con una sanción. Se está evaluando si será necesario convocar a una sesión especial durante el receso para abordar el caso de Kiczka.

Proceso de sanción

Si la Cámara decide avanzar con una sanción, como la suspensión o expulsión, se requerirán dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros para llevar a cabo la medida. Esto significa que se necesitarían al menos 27 votos de los 40 diputados que componen la Cámara de Representantes.

Actualmente, el Frente Renovador cuenta con entre 26 y 27 votos, incluyendo sus 25 propios y dos aliados del Frente Encuentro Popular Agrario Social para la Victoria. Sin embargo, para asegurar la sanción, el bloque necesitaría sumar apoyo adicional de otros partidos, como el PAyS o alguno de los legisladores radicales o del PRO.

Hasta el momento, Kiczka declaró que no renunciará a su cargo y se pondrá a disposición de la investigación. La decisión final sobre cualquier medida disciplinaria dependerá del consenso alcanzado en la Legislatura misionera.

Con información de Primera Edición.