La insistencia sobre los vetos presidenciales a los aumentos jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad también podría formar parte de la agenda, aunque aún no se oficializaron las devoluciones del Ejecutivo.
Después de dos semanas de escasa actividad legislativa, y con el receso invernal en marcha, todo indica que la Cámara de Diputados volverá a sesionar recién en la primera semana de agosto. Aunque en algún momento se evaluó la posibilidad de convocar para el miércoles 30 de julio, los movimientos se fueron diluyendo con el correr de los días. Entre las vacaciones de los legisladores en sus provincias y la inminencia del cierre de listas, el escenario político no favoreció los intentos de adelantar el debate.
La agenda que prepara la oposición para ese regreso es amplia y, sobre todo, sensible. El foco estará puesto en los proyectos enviados por los gobernadores y que ya obtuvieron media sanción en el Senado. Se trata de iniciativas vinculadas al reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a la modificación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La particularidad es que esos proyectos no pasaron por comisión en Diputados, por lo que requerirán una mayoría de dos tercios para ser tratados sobre tablas. Sin embargo, la oposición confía en contar con el respaldo de los mandatarios provinciales para conseguir ese número, al menos en este tramo.
Aun así, persiste una incógnita: aunque el oficialismo confirmó los giros a las comisiones, lo que en principio implicaría que el presidente de Presupuesto, José Luis Espert, habilite el debate, en los pasillos del Congreso circula la versión de que podría mantenerse la estrategia de bloqueo que se aplicó durante todo el año. Hasta ahora, la comisión logró reunirse tras fuertes emplazamientos votados en el recinto. Habrá que ver si esta vez se convoca formalmente para la primera semana de agosto -lo que implicaría que se ponga en duda el tratamiento en sesión- o si se vuelve a intentar dilatar la discusión.
La sesión también incluiría el tratamiento de dos proyectos con amplio respaldo social y político: el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica para el hospital Garrahan. Ambos temas ya cuentan con dictamen favorable, y se espera que lleguen al recinto como parte del paquete de presión legislativa que viene impulsando la oposición.
El tercer eje que podría colarse en la sesión, aunque todavía no está confirmado, tiene que ver con los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes sancionadas el 6 de julio en el Senado, en una sesión que marcó una fuerte derrota para el gobierno. Se trata de la ley de aumento a los haberes jubilatorios, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Si bien el gobierno ya dejó en claro que vetará esas iniciativas, aún no formalizó la decisión y todo indica que esperará hasta último momento: el plazo legal de diez días hábiles vence el próximo 1° de agosto.
En la oposición anticipan que buscarán insistir con las leyes, aunque aún no está claro si lograrán reunir los dos tercios necesarios. Por ahora, los diálogos están abiertos y nadie arriesga un resultado. El oficialismo, por su parte, apuesta a poder sostener el veto, aunque sabe que no será fácil. A diferencia del año pasado, cuando alcanzaron con los “87 héroes” para bloquear el avance opositor, esta vez el escenario es más incierto. Incluso hay voces que advierten que podría haber fisuras: Miguel Ángel Pichetto, por caso, ya deslizó sus dudas sobre el resultado final.
En ese contexto, la gran incógnita es si el gobierno logrará recomponer el vínculo con los gobernadores aliados para blindar sus vetos o si, por el contrario, terminará de agudizar la confrontación y se quedará sin el tercio necesario para frenarlos.
Además del receso, hay un dato clave que explica la cautela con la que se mueve el Congreso en estas semanas: el cierre de listas. Ya se definieron algunas alianzas, como la de Alfredo Cornejo en Mendoza con La Libertad Avanza, y se esperan más movimientos en los próximos días. Desde Unión por la Patria advierten que esos acuerdos podrían complicar una agenda legislativa más confrontativa con el gobierno, incluso si los proyectos llevan la firma de gobernadores aliados y opositores por igual.
A la agenda ya cargada podrían sumarse otros temas pendientes, como la emergencia en el sistema de Ciencia y Tecnología y la modificación de la resolución que dio origen a la comisión investigadora del caso Libra, que también reúnen apoyos transversales.
Con todo, la primera semana de agosto asoma como un punto de inflexión en el segundo semestre legislativo. La oposición busca instalar una agenda propia, con fuerte anclaje federal y alto impacto social, mientras el gobierno intentará frenar esa avanzada con maniobras reglamentarias y negociaciones silenciosas. La combinación de intereses provinciales, veto presidencial, educación, salud y ajuste previsional podría derivar en una de las sesiones más explosivas del año en plena campaña electoral de cara a los comicios en la Provincia de Buenos Aires.
