El jefe de los ministros tiene a su cargo el Presupuesto. El de 2023 que se está usando ahora va a quedar desactualizado en junio y va a haber recaudación de impuestos no prevista.
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pasará a ser la persona que administrará la mayor cantidad de dinero del país casi. Estimaciones privadas indican que en apenas un par de meses los créditos presupuestarios se van a agotar y con ello, será Posse quien podrá definir per sé en qué gastar y cuánto.
De acuerdo con datos del sitio web oficial Presupuesto Abierto, la ley de presupuesto del 2023 prorrogada le otorga al presidente Javier la posibilidad de gastar hasta $40,2 billones y de ellos ya lleva ejecutados el 29%. En tanto, por el lado de los recursos estimados para este año, de $28 billones, ya consumió el 49%.
“A fines de mayo se ‘acaba’ el dinero presupuestado; ergo, a partir de junio de 2024 el jefe de Gabinete podrá asignar toda la recaudación en forma discrecional y ‘pagar’ lo que quiera y no pagar ‘lo que no quiera’”, señala en un informe la consultora Economía y Ética.
El informe indica que el Jefe de Gabinete "podría asignar discrecionalmente los recursos en junio – diciembre y pagar lo que quisiera”, por lo que concluye que “se viene otra contienda muy fuerte en el Congreso”.
Si bien es cierto que quien diseña el Presupuesto Nacional es el ministro de Economía, quien es responsable de su ejecución es el Jefe de Gabinete, de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional de 1994.
Lo que se desprende del estudio realizado por la consultora que dirige el economista Diego Giacomini es que en un par de meses van a comenzar a ingresar fondos al Estado por el cobro de impuestos que están fuera del control presupuestario.
Como el presidente Milei decidió descartar el Proyecto de Presupuesto 2024 que había mandado Sergio Massa, quien proponía llegar al déficit cero eliminando gasto tributario, tuvo que prorrogar por decreto el de 2023.
Este proyecto tiene un problema de origen muy serio y es que se diseñó en 2022 suponiendo una inflación del 60% para el año pasado, cuando en realidad fue de 210%. Hubo que hacer correcciones a las partidas a lo largo de todo el año.
Formalmente, el gobierno debería mandar un nuevo proyecto de Presupuesto para este año y someterlo a la voluntad del Congreso, pero como no tiene el número de legisladores suficientes para hacerlo aprobar, lo más probable es que en breve comience a actualizar el prorrogado mediante decretos, alterando las partidas.
“El PEN no mandará Presupuesto 2024, porque si lo hace se le cae el principal instrumento de ajuste fiscal: no gastar y asignar los recursos discrecionalmente sólo a lo que quiere”, plantea Economía y Ética.
El reporte plantea no obstante que los pilares del ajuste fiscal como es el recorte de jubilaciones, gasto social, subsidios y transferencias a las provincias no es sostenible. Del mismo modo que la recesión hace que caigan los recursos.
“Con este tipo de arquitectura de ajuste fiscal, hay alta probabilidad de que termine siendo transitorio y el superávit primario se termine esfumando más adelante en el tiempo”, dice el texto.
En el caso de los ingresos generados por los impuestos, el Jefe de Gabinete, va a empezar a contar con recursos que no están contemplados en el Presupuesto vigente.
Algo que se criticaba mucho durante el segundo mandato de Cristina Fernández, cuando la oposición señalaba que se subestimaba la inflación para que hubiera una recaudación mayor no prevista, cuyo destino pasa a ser discrecional por parte del Poder Ejecutivo.
Una alternativa al recorte
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) vuelve sobre la propuesta del presupuesto que había diseñado Massa que preveía la eliminación de gasto tributario, es decir, las exenciones a los impuestos y los programas de fomento que eximen del pago de impuesto a los beneficiarios.
“La estimación total de gasto tributario incluida en el proyecto de presupuesto presentado el día 15 de septiembre de 2023 para el año 2024 es de 2,08% del PBI”, dice el informe.
En ese sentido, detalla que las exenciones representan casi el 71% del total del gasto tributario y el derivado de regímenes de promoción económica explica el 29% restante. En pesos actuales, el gobierno está dejando de percibir casi $13 billones en impuestos de personas y sectores que son beneficiados a costa de la mayor presión fiscal sobre el resto.
