El Ministerio de Economía deberá afrontar en abril vencimientos de deuda en pesos por $19 billones en manos de privados, equivalentes a más de u$s13.000 millones, en uno de los meses de mayor exigencia financiera del año. Si se incluye al sector público, el total asciende a $30 billones.

La tarea de renovación recaerá sobre el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en un contexto marcado por la baja de tasas de interés impulsada por el Gobierno y una demanda sostenida de cobertura inflacionaria.

Según estimaciones privadas, la mayor parte de los compromisos corresponde a bonos a tasa fija, con menor participación de instrumentos dólar linked y ajustados por CER. En paralelo, el mercado mostró en las últimas semanas un mayor interés por títulos indexados a la inflación, ante dudas sobre la desaceleración del IPC.

El comportamiento de los precios es clave: si la inflación no perfora el 1,5% mensual, se acumulará un año completo con registros por encima del 2%, lo que refuerza la demanda de instrumentos de cobertura.

En el mercado secundario, se observa una compresión de tasas en letras y bonos en pesos, con rendimientos nominales en torno al 23% al 30% anual. Por su parte, los bonos CER lideran el desempeño con retornos reales cercanos al 16,5% en lo que va del año, aunque parte de la curva aún permanece en terreno negativo en términos reales.

La liquidez elevada y las expectativas de una nueva baja de tasas por parte del Banco Central continúan presionando a la baja los rendimientos, favoreciendo el proceso de refinanciación.

En este escenario, el Gobierno definirá el menú de instrumentos para la primera licitación de abril, donde se espera la reaparición de bonos en dólares bajo legislación local (Bonares), junto a opciones en pesos de distintos plazos. En colocaciones recientes, estos instrumentos ofrecieron tasas cercanas al 9% anual, mientras que los títulos con vencimiento previo a las elecciones de 2027 se ubican en torno al 6,5%.

El resultado de estas licitaciones será determinante para medir la capacidad del Gobierno de renovar deuda en un contexto de tasas en baja y expectativas inflacionarias aún inciertas.