El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de desregulación y derogó 58 resoluciones y disposiciones vinculadas al comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo, al considerar que muchas de ellas habían quedado sin efecto práctico tras las reformas impulsadas por la actual gestión.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción y la Disposición 534/2026, ambas dependientes del Ministerio de Economía. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es simplificar el marco normativo, reducir la superposición de regulaciones y brindar mayor seguridad jurídica.
La decisión se produce mientras el oficialismo impulsa en el Congreso la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar o modificar más de 70 normas consideradas obsoletas.
Qué cambia con la derogación
Desde el Gobierno señalaron que gran parte de las normas eliminadas fueron dictadas bajo marcos regulatorios que ya no están vigentes, como la Ley de Góndolas, el Observatorio de Precios o herramientas derivadas de la Ley de Abastecimiento.
Entre las principales derogaciones se encuentran:
- 22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), mecanismo creado para intervenir en la cadena triguera y contener precios.
- 30 normativas relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple, orientadas al financiamiento del consumo.
- Cuatro normas que obligaban a los colegios privados a informar anticipadamente sus aranceles, esquema que quedó sin efecto tras la eliminación de la autorización estatal para modificar cuotas.
- Una normativa complementaria del programa Precios Cuidados.
- Una disposición vinculada a la atención de reclamos de adolescentes consumidores, que según el Gobierno duplicaba funciones ya existentes.
Los argumentos oficiales
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que la acumulación de regulaciones a lo largo de los años generó un escenario de “superposición, desactualización y dispersión normativa”, dificultando determinar qué disposiciones continúan vigentes.
Además, consideró que esta situación provoca incertidumbre e inseguridad jurídica, afectando el normal desarrollo de las actividades económicas.
La normativa también plantea la necesidad de mantener una revisión permanente de las regulaciones para que el Estado pueda concentrarse en normas consideradas prioritarias y brindar respuestas más ágiles y transparentes.
Resoluciones derogadas
Entre las disposiciones eliminadas figuran:
- La Resolución 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior y sus 19 modificatorias, vinculadas al control de precios de determinados productos.
- Las resoluciones 426/2022 y 296/2023, relacionadas con requisitos de información para la comercialización de bienes.
- Las resoluciones 22/2006, 178/2007 y 167/2008, dictadas por el entonces Ministerio de Economía y Producción.
- La Resolución 368/2025, que había quedado sin objeto tras la eliminación de la autorización estatal para aumentos de cuotas en colegios privados.
- La Resolución 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
- La Disposición 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
- La Resolución 282/2021 y sus 21 modificatorias, vinculadas a programas de incentivo al consumo cuya vigencia había expirado.
- Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022, además de la modificatoria 148/2022, relacionadas con el FETA.
- Las resoluciones 254/2019 y 43/2022, vinculadas a procedimientos de autorización para importaciones.
Con esta decisión, el Gobierno busca avanzar en la simplificación regulatoria y profundizar el proceso de desburocratización que viene impulsando desde el inicio de la gestión.
