La presidenta de Perú, Dina Boluarte, le reclamó nuevamente al Congreso que le delegue facultades para legislar en materia de seguridad y promover una treintena de iniciativas. Una de ellas es la que dispone la expulsión de los extranjeros que sean detenidos en plena ejecución de un delito.
El gobierno de Boluarte, que era vicepresidenta y asumió en lugar de Castillo para completar su mandato hasta 2026, fue cuestionado por organismos de derechos humanos como Human Right Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas que sacudieron al país a principios de año, que dejaron al menos 49 muertos por la represión.
“Confío en que el Parlamento nos concederá las facultades solicitadas, y juntos los poderes del Estado actuaremos para hacer respetar nuestro Estado de Derecho”, dijo Boluarte en un acto por el Día del Juez y la Jueza. La mandataria evaluó que entre los varios desafíos que el país afronta, el de la inseguridad generada por la delincuencia y la criminalidad representa “el que genera más angustia” y por eso su pedido al parlamento para legislar en la materia por 120 días.
Las propuestas de la presidenta
Insistió en que busca aprobar “más de 30 normas de lucha contra la delincuencia”, algunas vinculadas al hurto y al robo de teléfonos celulares para su posterior uso o venta, reportó la estatal agencia Andina.
Asimismo, remarcó la necesidad de llenar un “vacío legal” a partir de que se pueda expulsar del país a extranjeros que sean capturados en casos de delitos flagrantes, para lo cual se haría un agregado al Código Penal. "No vamos a tolerar que delincuentes extranjeros vengan a cometer sus fechorías, ni que vengan a amenazar a nuestros policías", expresó Boluarte.
Por otra parte, resaltó que Perú está “consolidando su régimen democrático de la mano de sus instituciones”, incluidas el Congreso y el Poder Judicial, y calificó de “fundamental” el rol de los jueces para resolver los conflictos, pero también en “promover la seguridad jurídica y garantizar los derechos de las personas”.
"Mi saludo a los más de 6 mil jueces de paz, mujeres y hombres reconocidos y respetados por sus comunidades, elegidos democráticamente, que imparten justicia con criterio, inteligencia y resuelven los conflictos desde la realidad”, expresó la mandataria.
La jefa de Estado, además, rescató "la actuación firme y valiente (de los magistrados) frente a los designios de los que pretendieron subvertir el orden constitucional y la democracia", en aparente referencia al expresidente Pedro Castillo, destituido y detenido en diciembre último después de anunciar el cierre del Congreso.
