El oficialismo afina la estrategia parlamentaria para abrir un maratón de sesiones extraordinarias. En paralelo, evalúa una cadena nacional para el 10 de diciembre por los dos años de gestión.
Tras la jura de los nuevos legisladores consumada, el Gobierno avanza en su plan de reformas impositiva, fiscal y laboral y el Presupuesto 2026. Este viernes firmará el llamado a sesiones extraordinarias, según le confirmaron a Ámbito desde Casa Rosada. Falta definir si será a partir del 10 u 11 de diciembre.
El llamado, que podría concretarse este viernes, se enmarca en un diciembre políticamente intenso, aunque sin conflictividad social relevante para el oficialismo, que llega la semana próxima a sus dos primeros años de gestión.
Este miércoles, antes de dirigirse al Congreso en donde presenció la jura de los nuevos diputados, Milei mantuvo un encuentro en la residencia de Olivos con su asesor Santiago Caputo, con quien abordó el temario de extraordinarias y las reformas que se vienen en la segunda etapa libertaria.
El debate en torno a la reforma laboral
Hace pocos días, los equipos técnicos dieron por cerrada la versión final de la reforma laboral. El Ejecutivo busca asegurar que el proyecto llegue al Congreso sin interferencias y con cohesión hacia adentro del propio espacio, pese a las resistencias del sindicalismo.
La reforma, resistida por las centrales obreras, es la apuesta más ambiciosa del Gobierno para este verano legislativo. Con las extraordinarias programadas entre el 10 y el 31 del mes, el oficialismo confía en que la primera minoría recién consolidada alcance para traccionar la discusión. La expectativa no es ingenua: saben que no habrá acompañamientos masivos, pero también que el clima social, por ahora, juega a favor.
Desde la CGT, Gerardo Martínez volvió a plantear que el proyecto “recorta derechos históricos”, y que la modernización que propone la Casa Rosada avanza sobre garantías centrales. El Gobierno, sin embargo, parece decidido a evitar cualquier negociación que implique modificar el corazón del texto, y en los pasillos de Casa Rosada aclaran que la opinión de los miembros del Consejo de Mayo «no es vinculante».
La reforma prevé cambios sensibles en licencias, vacaciones, jornadas, convenios y mecanismos de contratación. Para el oficialismo, es un giro estructural imprescindible; para el sindicalismo, una reforma regresiva presentada con envoltorio futurista. Los empresarios, por su parte, la consideran una chance inédita de alivianar costos y flexibilizar procesos que, aseguran, frenan la inversión.
