El estado de Rio Grande do Norte, en el noreste de Brasil, vivió este miércoles la segunda madrugada consecutiva de ataques incendiarios y a tiros por parte de bandas narcotraficantes en abierto desafío a la llegada de las tropas especiales policiales de la Fuerza Nacional de Seguridad enviadas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En paralelo, el presidente recuperó el programa de seguridad que ya impulsó en sus dos mandatos anteriores (2003-2010) y con el que pretende reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las periferias de las ciudades.
La ola de violencia de la madrugada del miércoles tuvo su epicentro en Natal, la capital del estado y uno de los puntos turísticos de playa de Brasil, donde criminales incendiaron cuatro colectivos de una empresa de turismo. Según informó la policía, uno de los destinos más elegidos por los argentinos en Rio Grande do Norte, la playa de Pipa, en el municipio de Tibaú do Sul, fue otro blanco de los ataques: delincuentes dispararon a mansalva contra una comisaría e intentaron incendiar el lugar.
Escuelas primarias, secundarias y facultades decidieron cesar sus actividades el martes y miércoles a raíz de la ola de violencia, que según la Secretaría de Seguridad regional obedece a órdenes de los líderes del la organización llamada "Sindicato del Crimen". El transporte público funciona con restricciones en todas las ciudades y muchos comercios decidieron no abrir ante el llamado "toque de queda" declarado por las bandas narcos.
Uno de los líderes narco, abatidos
Al menos 28 personas fueron detenidas en las últimas horas por los ataques a 19 ciudades de Rio Grande do Norte. Uno de los presuntos organizadores de la ola de ataques murió este miércoles tras un enfrentamiento con la policía, informaron fuentes oficiales. El sospechoso, identificado como José Wilson, de 29 años, era fugitivo de la justicia y se escondía en Joao Pessoa, capital del vecino estado de Paraíba.
Wilson reaccionó con disparos ante la presencia policial y resultó herido, llegó a ser trasladado a un hospital, pero falleció poco después, según la versión oficial. Las autoridades brasileñas lo señalan como uno de los pocos líderes que aún quedaban en libertad del llamado Sindicato del Crimen, la facción criminal que se cree que está detrás de los actos vandálicos. Otro de los presuntos responsables de los ataques, que ya se encontraba en prisión, fue transferido a una cárcel de máxima seguridad federal, de acuerdo a fuentes de la Policía Civil.
La gobernadora de Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, pidió la intervención de la Fuerza Nacional para ayudar a la policía regional a controlar las ciudades. El envío de 130 efectivos de la tropa de élite de la Fuerza Nacional de Seguridad fue ordenado por el ministro de Justicia, Flávio Dino.
El Sindicato del Crimen nació hace una década como una disidencia del Primer Comando de la Capital (PCC), que es la mayor organización criminal de Brasil y tiene ya ramificaciones en otros países de Latinoamérica. Según la Fiscalía, es la facción dominante en Rio Grande do Norte, donde controla el tráfico de drogas y la mayoría de las cárceles de la región. Las investigaciones preliminares indican que el caos sembrado en los últimos días en ese estado brasileño es una respuesta al reciente endurecimiento de las políticas públicas de combate al crimen.
Lula resucita su programa de seguridad
En la ceremonia de lanzamiento del Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci II), en Brasilia, el presidente Lula aseguró que "la sociedad no solo está necesitando más policías, sino más Estado para que intervenga en la calidad de la educación, el transporte y la salud". El plan de Lula supone un cambio de estrategia frente al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que fomentó las armas entre la población civil e impulsó la mano dura frente a la criminalidad con el lema: "Bandido bueno es bandido muerto".
De esta forma, el mandatario progresista quiere distanciarse de su antecesor resucitando el mismo programa que lanzó en 2007, durante el primero de sus mandatos como jefe de Estado, y que busca actuar en el plano social en las zonas más castigadas por la violencia. "Muchas veces el Estado solo está presente en la periferia con la policía, que no está para resolver, muchas veces está para reprimir y resolver los problemas de la forma más bruta posible", denunció Lula.
Pronasci II también incidirá en el combate a la violencia contra las mujeres en un país que registra un femicidio cada seis horas, apoyar a las víctimas de la violencia, capacitar a los presos y "cambiar la cara de la seguridad pública", percibida en la periferia como una fuerza "agresora", subrayó Lula. Para ello, el Ejecutivo recuperará el llamado "Bolsa-Formación", que dará 900 reales (unos 170 dólares) a los agentes de seguridad por cada mes que asistan a alguno de los cursos de capacitación profesional ofrecidos o reconocidos por el ministerio de Justicia.
Con este programa el gobierno espera reducir la tasa nacional de homicidios por debajo de las 16 muertes por cada 100 mil habitantes hasta 2030. Desde 2018 el país ha reducido ese índice hasta situarlo en 22,3 en 2021. En este sentido, el ministro Dino defendió que "la seguridad pública es algo social, no solo ley y orden" y que ponerla en práctica significa también "cuidar de los más pobres".
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