Cristina Kirchner presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar el decomiso de los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, que ordenó el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa Vialidad.
El planteo busca evitar que la Justicia avance sobre 19 inmuebles transferidos, tanto por Néstor Kirchner como por la exmandataria a sus hijos en la provincia de Santa Cruz.
La defensa de la expresidenta aseguró que con la decisión del TOF “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado".
La defensa rechazó específicamente el decomiso de 10 departamentos y 2 casas ubicados en Río Gallegos, además de varios terrenos en Lago Argentino, también en la provincia de Santa Cruz.
Al respecto, en el escrito se señaló que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”.
Remarcaron además que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.
El TOF 2 validó el pedido de la fiscalía e incluyó esos bienes en el listado de activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.
A fines de mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso y consolidó el criterio de que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
“El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, sostuvieron los jueces en esa sentencia. Esa decisión dejó firme el decomiso por un monto superior a los 684.000 millones de pesos y habilitó el remate de los bienes para hacer efectivo el resarcimiento al Estado.
En esa oportunidad, la defensa de CFK también remarcó que Máximo y Florencia no fueron condenados en la causa y, por lo tanto, sus propiedades no deberían ser incluidas entre los bienes a decomisar.
Además, sostuvo que la medida implica “una lesión al derecho de propiedad” y una vulneración de “los principios de inocencia y debido proceso”.
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En el recurso de queja presentado hoy, la defensa de la expresidenta destacó que el Ministerio Público Fiscal conserva la facultad de identificar nuevos bienes que satisfagan las condiciones fijadas para el recupero.
La Corte Suprema deberá ahora resolver si hace lugar al planteo y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias inferiores.
