Con la conferencia inaugural de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, el déficit fiscal y el sendero de reducción pautado con el Fondo Monetario Internacional aparecieron nuevamente en el eje de la discusión económica. Cada vez que se habla de equilibrar las cuentas del Estado, se observa a la obra pública como variable de ajuste.

No obstante, en el primer semestre el Gobierno ya ejecutó el 49% del presupuesto 2022 de la cartera que conduce Gabriel Katopodis. Hacia fin de año proyectan gastar el 100% de lo previsto. Descartan ajuste en el área.

La frase de Gabriel Katopodis el viernes pasado en Tucumán, todavía resuena en los oídos de los empresarios del sector de la construcción: “La obra pública en Argentina no se frena y no se negocia”, dijo el titular de la cartera en un acto con el gobernador de la provincia, donde lanzó un nuevo plan. Las declaraciones vienen a desechar una versión extendida en los últimos días que indicaba que el Gobierno haría recortes en el área para cumplir con la meta de déficit fiscal pautada con el FMI.

Pese a que el sector viene atravesando un buen momento, el empleo creció un 17,95% interanual en abril, los despachos de cemento un 24,5% en mayo y los de hormigón un 54%, los rumores sembraron preocupación porque la inversión estatal es fundamental para sostener ese ritmo de recuperación. No obstante, según datos a los que pudo acceder Ámbito, la ejecución del Ministerio de Obras Públicas alcanzó el 49% de las partidas previstas para el año durante el primer semestre.

Si se tiene en cuenta que el presupuesto comienza a devengarse ya entrado el mes de febrero, de sostener el ritmo, se alcanzaría el 100%. “En 2020 ejecutamos más de lo previsto por la coyuntura excepcional de la pandemia y la necesidad de fortalecer el sistema sanitario, en 2021 la ejecución estuvo en torno al 100% y este año cerrará en esa línea”, dijo a este medio un estrecho colaborador de Katopodis.

El Gobierno viene trazando desde hace dos años un sendero de recuperación del porcentaje sobre el producto bruto interno que el Estado invierte en obras públicas. En este caso, el salto será del 1,8% al 2,2% PBI. Teniendo en cuenta el crecimiento en términos reales, los analistas económicos sugirieron que ralentizar las obras sería una manera de desacelerar los desembolsos y cumplir lo pautado con el Fondo. Fuentes oficiales consultadas por Ámbito, descartaron esa estrategia.

En cambio, según pudo saber este medio, la Casa Rosada tiene entre ceja y ceja a otra celda de la planilla de gastos: las transferencias discrecionales. Se trata de los giros que el Estado nacional hace a las provincias.

“Mientras nosotros tenemos déficit fiscal, todas las jurisdicciones tuvieron superávit el año pasado y volverán a tenerlo este año. Incluso hay una provincia que tiene el equivalente a trece meses de su administración pública en un plazo fijo”, contó una fuente al tanto de las conversaciones que sostuvieron el presidente Alberto Fernández y la ministra de Economía Silvina Batakis en la residencia de Olivos.

Con todo, la meta de reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI para este año, parece más difícil de alcanzar. Sobre todo, si se piensa en la estacionalidad y el impacto de los refuerzos de ingresos que el Gobierno implementó y que se traducirá en una disparada del gasto en el tercer trimestre. El 26 de julio Alberto Fernández se encontrará cara a cara con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, la mesa estará servida como para pedir una mayor flexibilidad del Fondo a la hora de analizar las cuentas argentinas.

FUENTE: ÁMBITO.

En 2022, la industria agroexportadora habrá puesto más de u$s 500 millones para subsidiar el precio de alimentos de la canasta básica en el mercado interno. Lo hace a través de los fideicomisos, la herramienta que eligió el exministro de Economía, Martín Guzmán, por sobre modificar las retenciones.

Sin embargo, los productos subsidiados vienen subiendo por encima de la inflación: solo en junio, el aceite y los fideos treparon 12,9%, por lo que comenzaron reuniones entre los exportadores y la Secretaría de Comercio Interior para definir el futuro de la política.

El aceite de girasol de 1,5 litros aumentó 12,9% en un mes, al venderse en las góndolas en $418,66, según el último dato de inflación del Indec de junio. La apertura aceites, grasas y manteca subió en el primer semestre 40,8%, y en el interanual 67,2%, en todos los casos por encima del nivel general, y también por encima del rubro de alimentos, para la región geográfica del GBA.

La publicación del dato, el jueves de la semana pasada, derivó en un cuestionamiento de los exportadores al secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis. “El dato del aumento del aceite se lo llevé al nuevo secretario de Comercio, le dije ves esto era lo que te estaba planteando, no está funcionando el fideicomiso”, contó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), en radio Futurock.

Se trata de un subsidio cruzado entre la misma industria, en el que las empresas exportadoras subsidian a las que abastecen al mercado local, basado en un acuerdo firmado con la Secretaría De Comercio. Según datos de Ciara, el acuerdo con la Secretaría les autoriza un aumento del 3% del aceite a la salida de fábrica, por lo que las alimenticias aumentaron un cuarto de la inflación en 2022.

El precio de salida de fábrica es $234, pero a las góndolas se vende casi al doble. Ante la consulta de por qué ocurre, Idígoras opinó: “Hay una indexación en todos los canales de distribución y puntos de venta, que se da por otras razones, reciben un producto subsidiado de alta venta, pero tienen otros costos incrementales, como el alquiler, transporte, salarios, etc”.

Por este motivo, pide modificar este mecanismo de intervención: “Es un problema, porque el mercado interno tiene un nivel de subsidio de u$s 200 millones, y no se da el efecto al consumidor. Hay que buscar alguna otra manera porque sino el consumidor no ve el esfuerzo que hace la industria", agregó. La industria agroexportadora habrá desembolsado en 2022 más de u$s 500 para subsidiar alimentos en el mercado interno.

Para el fideicomiso entre privados del aceite desembolsó u$s 200 millones, que se terminan en septiembre, y ya comenzaron las conversaciones con Pollera para ampliarlo. Además, tras el estallido de la guerra en Ucrania, desembolsaron u$s 25 millones para subsidiara fideos y harinas que se vendieran en el supermercado en el programa Precios Cuidados. Sin embargo, los fideos secos tipo guisero aumentaron 12,9% en junio con respecto a mayo, con un paquete de 500 gramos a $122.

Por otro lado, el Gobierno implementó un tercer fideicomiso, gestionado de forma pública, para subsidiar la harina industrial de los molinos para intentar contener el precio del pan. El fondeo se realiza con el aumento a las retenciones de los derivados de la soja, estimado entre u$s 300 y 400 millones para el 2022. Con precios internacionales récord y sin modificación en las retenciones de los granos, la liquidación en el primer semestre de la agroindustria fue de u$s 19.143 millones, récord para los últimos 20 años, según el centro Cepa. Para todo el 2022 se espera que esté por encima de los u$s 40 mil millones.

El pan aumentó el último mes por debajo del nivel general, en 3,4% en el caso del pan flauta y 3% el pan de mesa. La harina de trigo común 000 no tuvo variación de un mes a otro (0%). Sin embargo, en el acumulado del año, la apertura pan y cereales aumentó 43,7% y 69,9% en el interanual, en ambos casos por encima del nivel general de precios, y también del rubro alimentos.

FUENTE: ÁMBITO.