Los servicios de trenes de cargas y de pasajeros de todo el país se encontraban este martes paralizados a raíz de un paro de actividades dispuesto por el sindicato La Fraternidad en rechazo a la decisión judicial que mantiene suspendido el funcionamiento del servicio entre Constitución y la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
Este martes se registraban en las principales estaciones de trenes del Gran Buenos Aires largas filas en las paradas de los colectivos por parte de los usuarios habituales del servicio ferroviario que intentaba llegar por ese medio de transporte a sus lugares de trabajo.
Esta mañana se registraban en las principales estaciones de trenes del Gran Buenos Aires en las paradas de los colectivos por parte de los usuarios habituales del servicio ferroviario que intentaba llegar por ese medio de transporte a sus destinos.
En tanto, fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que a partir de las 9, se desarrollará una reunión para intentar destrabar este conflicto, iniciado a raíz de un fallo dictado por la Justicia Federal de Bahía Blanca que ordenó suspender los servicios de carga tras un descarrilamiento.
El secretario general de la entidad sindical, Omar Maturano, ratificó este lunes el paro “en defensa de la industria ferroviaria y los puestos de trabajo”, lo que esta mañana afectaba a todos los servicios de pasajeros y de cargas.
La acción de protesta había sido dispuesta el 21 de este mes por el Secretariado Nacional del gremio, y fue ratificada este lunes por la noche por Maturano para todas las formaciones de pasajeros y cargas.
Por su parte, Trenes Argentinos informó que “no habrá servicio alternativo de colectivos durante la jornada” e indicó que la medida de fuerza fue dispuesta “en rechazo a la decisión judicial que mantiene suspendido el servicio Constitución-Bahía Blanca”. Por eso, muchas de las estaciones ferroviarias amanecieron con sus andenes bloqueados.
“La Fraternidad no duda en defender a la industria ferroviaria y los puestos de trabajo, vulnerados por la decisión judicial de suspender los servicios entre Buenos Aires y Bahía Blanca por un descarrilamiento. La organización sindical también ratifica el estado de alerta y movilización”, enfatizó el dirigente, quien adelantó que continuarán los paros y el quite de colaboración en la actividad.
Maturano sostuvo en un video y en un documento de prensa que la industria ferroviaria “es de forma permanente atacada, en este caso por la justicia”, y añadió que el gremio también rechaza “las irregularidades producidas en la compra fantasma de pasajes en servicios de la actividad, que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al sector del autotransporte”.
“El ferrocarril está siendo atacado y, prueba de ello, es lo que ocurrió durante el asfaltado de vías ante la negativa de algunos intendentes a que los servicios se detengan en sus localidades, como ocurre en Chascomús, por ejemplo”, afirmó.
El malestar también se relaciona con “las conductas de algunos gobiernos provinciales que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios propiedad de la Nación y utilizan terrenos para variados fines y no para construir viviendas para el personal, que no tiene casa propia en un 60 por ciento”, dijo.
“Algunas comunas de forma irregular asfaltaron vías en los pasos a nivel, lo que impide que los trenes paren en las estaciones de esas localidades. Existe una embestida contra la actividad. A ello se suma la compra fantasma de pasajes, lo que agota las comodidades para derivar pasajeros al autotransporte”, denunció.
Maturano embistió contra la decisión de algunos jueces, que prohibieron “la circulación ferroviaria entre Buenos Aires y Bahía Blanca, lo que beneficia a empresas automotoras que reaparecieron en el mercado a partir de medidas tendenciosas que golpean al tren, en un contexto nacional en el que fallecen más de 5 mil personas en accidentes de tránsito carretero”, enfatizó el sindicalista.
Para Maturano, “la clausura de servicios ferroviarios en ausencia de pericias técnicas previas afecta de forma económica a los sectores populares, que utilizan el ferrocarril por sus tarifas sociales”, y aseguró que a fin de preservar la seguridad “la justicia debe exigir a las empresas la reparación de infraestructura y material tractivo y rodante, ajustando a derecho la responsabilidad patronal”.
La justicia “optó por lo más fácil, es decir, una resolución contraria al sistema ferroviario”, dijo Maturano, quien sostuvo que “llama la atención que los organismos de control no funcionen a partir de la inexistencia de una Ley Federal de Transporte, que La Fraternidad pregona desde hace más de 15 años”.
FUENTE: TÉLAM.
