Se trataba de un detalle legislado, pero nunca reglamentado, por lo que miles de trabajadores/as debían entrar en una negociación personal con sus empleadores.

A casi 46 años de la entrada en vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo y después de que la Corte Suprema de Justicia le diera un ultimátum, el Gobierno finalmente saldó una deuda histórica y reglamentó el artículo referido a las guarderías, lo cual beneficiará a miles de trabajadores, principalmente mujeres.

A través del Decreto 144/2022, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández estableció el modo en que se aplicará el Artículo 179 de la Ley 20.744, que otorga el beneficio de la sala maternal (o el pago de una suma de dinero no remunerativa por ese concepto).

“En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”, señala el apartado en cuestión.

Sin embargo, como el Poder Ejecutivo nunca reglamentó ese artículo, el beneficio quedo circunscripto a lo que definieran los convenios colectivos o a una negociación personal entre las trabajadoras con hijos y sus empleadores.

Ante esa situación, que demoró 46 años, en octubre pasado el máximo tribunal había ordenado al Gobierno que concluyera con los pasos administrativos para establecer el modo en que se llevaría a la práctica el Artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo: la Corte le había dado 90 días hábiles para cumplir con la sentencia.

Con el decreto de este miércoles quedó fijado que “en los establecimientos de trabajo donde presten tareas 100 personas o más, independientemente de las modalidades de contratación, se deberán ofrecer espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y tres años de edad, que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante la respectiva jornada de trabajo”.

Asimismo, se aclaró que en los Convenios Colectivos de Trabajo podrá preverse el reemplazo de la guardería en el lugar de trabajo por “el pago de una suma dineraria no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas, debidamente documentados”.

El decreto también señaló que la falta de cumplimiento de dicha obligación se considerará “una infracción laboral muy grave”, así como indicó que el beneficio correrá para “todas las personas que trabajan, con independencia de su género”. De todos modos, la implementación del artículo ya reglamentado “será exigible transcurrido el plazo de un año a partir de su entrada en vigencia”.

NA.

Una organización feminista que recopila datos sobre la cantidad de femicidios reveló que en 2021 se registró la menor cantidad de hechos de este tipo en los últimos 5 años en todo el país y vincula el descenso con el “fuerte activismo feminista”, que contó con un “alto impacto en los medios de comunicación”.

Así lo expresó la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, que realizó un informe contabilizando los femicidios ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.

Allí estableció que en 2021 hubo 222 femicidios, la cifra más baja en comparación a los 4 años anteriores: en 2020 hubo 270 casos; en 2019, 287; en 2018, 260 y en 2017, 304 femicidios.

“Se registra un descenso en la cantidad y consecuente tasa de femicidios en los últimos años. Entendemos que este descenso se vincula al fuerte activismo feminista, con alto impacto en los medios de comunicación, que mantiene en la agenda pública la temática de la violencia de género logrando sensibilización social y desde allí, incidencia en el diseño de políticas públicas”, fundamentó MuMaLá.

El mecanismo de relevamiento de MuMaLá se realiza “a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense”.

Los datos de esta organización feminista son similares a los del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” (AQSNV), que también registra los femicidios a lo largo del país y observó un descenso durante el 2021 en comparación a los años anteriores: el año pasado contabilizaron 256 femicidios, en tanto que en 2020, 301; en 2019, 327; en 2018, 289; y en 2017, 277.

Sin embargo, desde la Asociación Civil La Casa del Encuentro difieren en tales números, ya que consideraron que en el 2021 hubo un aumento en los femicidios -305 casos-, en comparación a los anteriores años (2020: 300 femicidios; 2019: 299 femicidios; 2018: 273 femicidios; 2017: 295 femicidios).

Las diferencias en las estadísticas está dada en las distintas formas que tienen las organizaciones de contabilizar los casos de femicidios y el seguimiento de cada uno de ellos, explicaron.

MuMaLá, en el relevamiento difundido este martes, contabilizó 1.343 femicidios en los últimos cinco años, de los cuales distinguió en 1162 femicidios directos, mientras que 152 fueron catalogados como femicidios vinculados y otros 29 al colectivo travesti-trans.

“Pese a los datos y a la demanda del creciente movimiento de mujeres y LGBTIQ+, los estados y los gobiernos siguen teniendo deudas pendientes con nuestras vidas”, opinó la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, en un comunicado de prensa.

Por su parte, la organización indicó que el 67 por ciento de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de la víctima, en tanto que el 27 por ciento eran familiares o conocidos.

En cuanto al lugar del hecho, el relevamiento añade que el 64 por ciento de los hechos tuvieron lugar en la casa de la víctima, lo que “ratifica que, en nuestro país, los femicidios son centralmente domésticos y perpetrados por personas del círculo íntimo de las víctimas”.

Por otro lado, considerando la modalidad del hecho, en el 30 por ciento de las oportunidades las víctimas fueron apuñaladas, mientras que el 27 por ciento de los femicidios fueron cometidos con un arma de fuego.

Durante los últimos 5 años, la organización contabilizó 1.160 autores de los crímenes, donde 56 de ellos fueron femicidas múltiples, a la vez que otros 55 actuaron acompañados de otras personas a la hora de cometer el asesinato.

El informe también señala que el 10 por ciento de los asesinos contaba con antecedentes penales de violencia de género y que el 21 por ciento se suicidó tras cometer el hecho.

“El alto índice de suicidios se debe a múltiples factores. Por un lado, está la pérdida del ‘objeto’ que se poseía y controlaba. También, el suicidio representa la posibilidad de evadir la responsabilidad penal e incluso evitar la sanción social”, expresó la organización.

“El hecho de que el agresor pertenezca a algún organismo del aparato represivo estatal también genera una situación de aumento de riesgo para las víctimas”

En ese sentido, las fuentes revelaron que 104 de los perpetradores -9% del total- pertenecían a una fuerza de seguridad, ya sea activos o retirados, donde 42 de ellos utilizaron su arma reglamentaria para cometer el asesinato.

Al respecto, en el informe se realizó el siguiente análisis: “El hecho de que el agresor pertenezca a algún organismo del aparato represivo estatal también genera una situación de aumento de riesgo para las víctimas: cuentan con un arma de fuego y entrenamiento físico, tienen acceso diferencial a la información pudiendo obstaculizar los canales formales de acceso a las denuncias y a la justicia”.

Por último, la organización estableció 18 objetivos enmarcados en un “Plan de Acción”, entre los cuales se pidió por “la declaración de la Emergencia #NiUnaMenos” y exigió al Estado Nacional “mayor compromiso, presupuesto acorde y eficiencia en la intervención de las instituciones en el abordaje de las violencias machistas”.

FUENTE: TÉLAM.