La interna dentro del Frente de Todos congeló los proyectos de ley que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso en los últimos meses. Después de la derrota en las PASO de septiembre hasta hoy, el oficialismo sólo aprobó una iniciativa relevante enviada desde la Casa Rosada: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le costó nuevos dolores de cabeza por diferencias con el kirchnerismo.

Finalmente, el sector liderado por Máximo y Cristina Kirchner no votó el proyecto en Diputados ni en el Senado, y la aprobación solo fue posible con el apoyo de los legisladores de Juntos por el Cambio.

Lejos de los números que supo manejar el kirchnerismo cuando gobernó hasta 2015, el Presidente sólo pudo lograr que el Congreso le apruebe el 39% de los proyectos de ley que envió al Parlamento. De las 70 iniciativas firmadas desde Casa de Gobierno, apenas 27 se convirtieron en leyes. En el camino quedaron varias propuestas resonantes como la Reforma Judicial y, a finales del año pasado, el Presupuesto 2022.

La influencia del Poder Ejecutivo sobre el Congreso fue de mayor a menor durante la gestión de Fernández. El parlamento aprobó en 2020 el 45% de los proyectos de ley enviados por la Casa Rosada, el año de la pandemia. Pero ese apoyo a las iniciativas enviadas por el Presidente cayó al 38% en 2021, según los datos de las secretarías parlamentarias de ambas Cámaras analizados por Infobae. Casi todos los proyectos aprobados el año pasado -11 sobre un total de 13 enviados por la Casa Rosada en 2021-, se convirtieron en ley antes de la caída en las urnas del oficialismo, que desató la interna dentro de la coalición gobernante.

La Unidad de Datos de Infobae relevó la información de los sitios oficiales de Diputados y del Senado. En ambos casos se recopilaron solo los proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo entre enero de 2020 y el 18 abril de este año, sin incluir pedidos de acuerdos a pliegos de embajadores o jueces, y comunicaciones oficiales.

La Cámara de Diputados funcionó desde el comienzo de esta gestión como el recinto más incómodo para el oficialismo, situación que incluso empeoró con la nueva conformación tras las elecciones legislativas. Eso explica que alguno de los proyectos impulsados por la Casa Rosada hayan obtenido la media sanción del Senado y, luego, se hayan frenado. Con relación a los proyectos de ley enviados por Fernández, hay 33 que aún están para su aprobación en alguna Comisión. De ese total, 22 (67%) están en Diputados y 11 (33%) en el Senado.

De los 27 proyectos enviados por el Presidente y convertidos en ley, 13 entraron por Diputados, y 14 por el Senado.

“Los años no electorales son más productivos que los electorales. Mucho más, con una paridad tan justa. Desde que asumió Alberto Fernández, nunca tuvimos mayoría ni quorum propio”, justificaron fuentes del bloque oficialista en Diputados.

Son ocho los proyectos que obtuvieron media sanción en el Senado y que ahora están congelados en la Cámara baja, muchos de ellos clave para el Gobierno. La Reforma Judicial y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que baja la mayoría necesaria para elegir al Procurador General de la Nación, son dos de las iniciativas que quedaron trabajas en la Cámara baja, y están lejos de convertirse en ley ya que el oficialismo no tiene la mayoría. El último proyecto enviado por Fernández que descansa en Diputados es la creación de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, aprobada por la Cámara alta en julio pasado.

“Hubo una merma no sólo con los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, sino en toda la actividad legislativa. Esto se explica en la dificultad de lograr consensos. Cualquier proyecto que se quiera aprobar requiere acuerdos con esta nueva composición del Congreso. El contexto político que se vive dentro del oficialismo influye fuertemente en esta situación”, explicó Leandro Domínguez, coordinador de Análisis Político de la ONG Directorio Legislativo. El especialista remarcó que esa falta de acuerdos se traduce en la dificultad para conformar la mayoría de las comisiones, a pesar de que el año legislativo comenzó hace tres meses.

El año de más apoyo en el Congreso

El primer año de Fernández en la Casa Rosada fue el año de la pandemia y, paradójicamente, el que más logró imponer su impronta en la actividad legislativa. Durante 2020, el Congreso aprobó 13 de los 29 proyectos firmados por el Presidente, el 45%. Si bien muchos estuvieron vinculados con la lucha contra el coronavirus, hubo varios que marcaron la agenda política durante los primeros meses de su gestión. Se aprobó la moratoria de la AFIP, la nueva fórmula para calcular las jubilaciones y las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, pero el principal hito de la Casa Rosada fue el proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, a finales de ese año, que no había quedado trunco con solo media sanción durante la gestión de Mauricio Macri.

Fue el primer gran logro del Gobierno, un reclamo de sectores progresistas durante los últimos años que finalmente se concretó con una iniciativa del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 11 de diciembre de 2020 por 131 votos a favor y 117 en contra. Pero todavía faltaba la aprobación del Senado, que había impedido que el aborto legal se convirtiera en ley en 2018. Finalmente, la Cámara Alta lo aprobó por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención en medio de una gran manifestación que se organizó frente al Congreso.

Pero la efectividad de los proyectos del Poder Ejecutivo bajó en 2021, un año atravesado por la pelea electoral: se convirtieron en ley 13 de las 34 iniciativas impulsadas por Fernández, el 38%. Pero la mayoría – 11 sobre esas 13 – fueron aprobadas antes las PASO.

“Desde mayo pasado, la oposición no nos votó más nada”, justificó una fuente del oficialismo en la Cámara baja. Lo cierto es que después de las legislativas del año pasado, sólo se aprobaron dos proyectos de ley, pero sin peso político: la autorización para que el Presidente pueda ausentarse del país durante el 2022, y la aprobación para el movimiento de tropas. La derrota en las elecciones internas de septiembre había calado profundo en el kirchnerismo después de que Cristina Kirchner hiciera público su descontento con el rumbo del gobierno y forzara cambios en el Gabinete.

Las diferencias dentro del oficialismo impactaron en la actividad legislativa y los proyectos enviados desde la Casa Rosada naufragan hasta la actualidad. En un hecho inédito, Fernández habilitó a fines del año pasado las sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar un paquete de medidas que consideraba prioritarias, pero el oficialismo no convocó a sesiones para debatirlos.

“Cuando el Poder Ejecutivo convoca a extraordinarias, generalmente se trabaja en varios proyectos, pero en este caso ni siquiera se trataron los proyectos enviados por el Gobierno. No podemos pensar en el Congreso escindido del escenario político. La agenda por la discusión interna en el Frente de Todos bloqueó la realización de sesiones durante el período de sesiones extraordinarias”, sostuvo Domínguez, de Directorio Legislativo.

Aunque sin la exposición mediática de los proyectos más resonantes, el Poder Ejecutivo envió en los últimos meses distintos proyectos de ley, sobre todo vinculados al desarrollo productivo, que no fueron tratados en el Congreso. Algunos ejemplos: la Ley de Electromovilidad, que intenta fomentar la cadena de producción del litio a través de autos eléctricos; la Ley de Compre Argentino, que permitiría beneficiar a los proveedores locales frente a las compras del Estado; y la Ley Agro Bio Industrial, que estimula el desarrollo en ese sector, clave para algunas economías regionales.

FMI y Presupuesto

La última gran derrota del Gobierno en el Parlamento fue el revés por el Presupuesto 2022 elaborado por el ministro Martín Guzmán. El proyecto enviado por la Casa Rosada naufragó en Diputados y tuvo a Máximo Kirchner como centro de la polémica. Después de 20 horas de debate, la intervención final del entonces jefe del bloque del Frente de Todos dinamitó los acuerdos previos con la oposición y fue decisiva para inclinar los votos de Juntos, que en un principio parecían estar encaminados a apoyar el proyecto del Gobierno con modificaciones.

“La elección de 2019 definió la Presidencia de la Argentina. Lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro Presidente que se compromete a mandar estos proyectos [por el Presupuesto] al Congreso, como se hará con el del acuerdo con el FMI, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosamente analizado por quienes hoy son oposición, ojalá hubiese pasado por este Congreso, para cuidar que en el acuerdo se respetara nuestra democracia. Quizás fue por la cobardía [de la ahora oposición] de no mandar el proyecto al Congreso. Presidente, votemos el proyecto por sí o por no y terminemos el show, por favor”, cerró su discurso Máximo y despertó la ira de la oposición, que votó en contra de la iniciativa.

La aprobación del Presupuesto era todo un gesto hacia el FMI antes de la firma del acuerdo, pero fue rechazado en Diputados por 132 votos en contra de la oposición y 121 a favor del Frente de Todos.

El oficialismo inició 2022 con más problemas en Diputados. Máximo Kirchner renunció en febrero a la jefatura del bloque del Frente de Todos, una noticia que sacudió a la alianza de gobierno, en desacuerdo con el texto del acuerdo con el FMI. Esa ruptura se evidenció en la última votación importante en el Congreso: el proyecto para refinanciar una deuda de USD 45.500 millones con ese organismo internacional, que tuvo el rechazo del sector alineado con el kirchnerismo. La Casa Rosada logró aprobar un proyecto que consideraba imprescindible para el rumbo económico, pero dejó al desnudo las diferencias internas.

Máximo Kirchner votó en contra del acuerdo. Antes de su rechazo, el hijo de Cristina Kirchner presentó un documentó junto a otros 30 diputados en el que condenó la vuelta al FMI impulsada por el Gobierno. “A partir de la irrupción del FMI en la Argentina, se destacó un ciclo de endeudamiento sin precedente”, indicó el líder de La Cámpora.

La negativa de Máximo Kirchner fue apenas el preludio de lo que ocurriría días después en el Senado. El oficialismo logró aprobar allí el acuerdo con el apoyo de la oposición, a pesar de los votos en contra de una decena de legisladores que responden a la vicepresidenta, que ni siquiera estuvo presente en el momento de la votación. Antes de la sesión, las violentas protestas en las afueras del Congreso culminaron con el despacho de la ex presidenta apedreado y con los vidrios rotos, lo que motivó un video en sus redes sociales crítico del acuerdo impulsado por el Ejecutivo.

Desde entonces, el Presidente y la presidenta del Senado no volvieron a hablarse. El titular de Diputados, Sergio Massa, hace equilibrio entre ambos sectores, mientras ve dinamitar sus anuncios de buscar acuerdos con la oposición, frente a la embestida del kirchnerismo.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió al buscador de proyectos del Congreso de la Nación, desde donde se descargaron los que corresponden a iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional. Para seguir la ruta de los expedientes en el Senado, se consultó la búsqueda de proyectos de esa cámara. Los datos recopilados sólo incluyen proyectos de ley y contemplan el periodo que va desde el 1 de enero de 2020 al 18 de abril pasado. Para los porcentajes se consideró la fecha de aprobación y para los no aprobados la fecha de presentación.

FUENTE: INFOBAE.

Referentes de la Cámara de Diputados se mostraron confiados en que en las próximas semanas podrán debatir una nueva ley sobre la composición del Consejo de la Magistratura, tras las idas y vueltas registradas en los últimos días en torno al nombramiento del cuarto representante por cada uno de los cuerpos legislativos.

Más allá de los cruces, desde la mayoría de los bloques legislativos se mostraron dispuestos a encarar el tratamiento de una nueva ley que rija el funcionamiento del Consejo.

A diferencia de lo que ocurrió en el Senado, en la Cámara baja al FdT no le alcanza para llegar al quórum de 129 ni para alcanzar esa cantidad de votos, número necesario por tratarse de una modificación a un órgano constitucional.

La idea original del oficialismo era avanzar con el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción del Senado, que fue aprobado en base a modificaciones realizadas al texto enviado originalmente por el Ejecutivo, a partir de la búsqueda de apoyos de los diputados que responden a las provincias.

Ese es uno de los motivos por los que aún se demora la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a las que fue girado el proyecto que llegó de la Cámara alta.

En la noche del martes, la bancada del oficialismo en el Senado se convirtió en un interbloque compuesto por el bloque Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes, y el bloque Unidad Ciudadana, de 14.

De hecho, la principal diferencia entre el FdT y JxC gira en torno a la presencia o no del presidente de la Corte Suprema como miembro y hasta como titular del organismo que selecciona y remueve a los jueces.

En ese marco, sin embargo, el senador nacional Mariano Recalde manifestó recientemente estar convencido «de que existen chances de que se apruebe» una nueva ley, y cuando le preguntaron si era posible incorporar cambios al proyecto con media sanción en el Senado, para lograr así los apoyos necesarios, lo consideró «factible».

«La media sanción del Senado no lo dice explícitamente pero prevé la posibilidad de que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente, yo creo que podría ser una opción para destrabar y que salga la ley», indicó.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli, subrayó: «La solución republicana, la solución democrática, la situación institucional a este entuerto en el que nos hallamos, es que el Congreso sancione una nueva ley orgánica (sobre el Consejo de la Magistratura. De eso no tengo ninguna duda y lo vengo diciendo desde el principio de este conflicto».

Por otro lado, desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño consideró que «el tema tiene que definirse a través de una nueva ley», y confió en que el Parlamento pueda debatirla en los próximos meses.

«Nosotros como cámara revisora tenemos discordancia con lo que mandó el Senado, ya que acá lo que hacemos es revisar lo que hizo el Senado, con todas las potestades que nos da ser representantes del pueblo. En ese rol vamos a hacer las modificaciones y consideraciones, si tenemos las mayorías, obviamente, para que la ley se ajuste a lo que marca la Constitución», dijo Camaño.

FUENTE: D26.