Misiones tuvo una destacada participación en la Primera Mesa sobre el Régimen Penal Juvenil, un espacio federal de análisis y debate sobre la nueva normativa nacional y sus implicancias para los sistemas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El encuentro se realizó de manera virtual y fue organizado por el Consejo Federal de Defensores y Defensoras de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes junto a las Defensorías de Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Córdoba, con el acompañamiento de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
Según destacaron desde la organización, Misiones fue una de las provincias con mayor participación dentro de la jornada, con presencia de jueces, funcionarios, referentes de áreas de Niñez y representantes de distintos organismos que integran el Sistema de Protección Integral de Derechos.
Debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de imputabilidad
Durante la mesa participaron especialistas nacionales en materia de justicia juvenil y políticas públicas, entre ellos Amelia López, presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO); Alejandro Cardinale, juez Penal Juvenil de Rosario; y Silvia Stuchlik, especialista en infancias y adolescencias.
La presidenta del Consejo Federal de Defensores y Defensoras, Alejandra Martínez, señaló que el encuentro permitió abrir “un espacio valioso de diálogo federal y construcción colectiva” ante la inminente implementación de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil.
Además, remarcó que existe preocupación en las provincias respecto a cómo impactará la nueva normativa y cuáles serán las herramientas necesarias para garantizar derechos y evitar mayores niveles de judicialización de adolescentes.
Misiones planteó fortalecer prevención, salud mental y educación
Uno de los principales ejes debatidos fue la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y los sistemas provinciales de protección de derechos antes de la aplicación plena de la ley.
En ese marco, la vicepresidenta del Consejo Federal de Defensores y Defensoras y defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Misiones, Rossana Franco, sostuvo que el cambio normativo representa “un hecho histórico” al dejar atrás legislación heredada de la dictadura militar.
Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío estará en la implementación concreta del nuevo sistema y en garantizar políticas públicas vinculadas a educación, salud mental, inclusión y acompañamiento comunitario.
“Se debe seguir trabajando en prevención del delito, frenar la deserción escolar y sostener el acompañamiento a las infancias más vulnerables”, afirmó.
Especialistas advirtieron sobre los riesgos de una implementación sin recursos
Por su parte, la jueza de Familia de Posadas, Lidia Graciela Mana, sostuvo que la nueva ley implica “un avance jurídico e institucional importante”, aunque alertó que sin inversión presupuestaria suficiente podría quedar solo en el plano teórico.
La magistrada explicó que el nuevo Régimen Penal Juvenil exige infraestructura especializada, equipos interdisciplinarios, capacitación y programas territoriales para garantizar medidas alternativas al encierro.
Asimismo, remarcó que el sistema de protección de derechos tendrá un rol clave para evitar que problemáticas sociales terminen siendo abordadas exclusivamente desde el sistema penal.
Régimen Penal Juvenil: preocupación por la implementación operativa
Durante el encuentro también se analizó el impacto que tendrá la nueva legislación en las provincias y el rol que deberán asumir las áreas estatales encargadas de niñez y adolescencia.
Los especialistas coincidieron en que el éxito del nuevo modelo dependerá de la capacidad de los gobiernos provinciales para sostener políticas integrales y dispositivos de acompañamiento que permitan reducir situaciones de vulnerabilidad y evitar la reincidencia juvenil.
Desde las Defensorías adelantaron que continuarán impulsando nuevas mesas de debate y seguimiento para monitorear la implementación de la ley y promover una aplicación acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
