Un operativo de la Prefectura Naval Argentina logró desarticular un traslado de estupefacientes en la zona costera de San Javier, donde se incautó un cargamento valuado en más de 356 millones de pesos. La intervención se dio tras tareas de inteligencia que apuntaban a movimientos sospechosos vinculados al narcotráfico.
El procedimiento incluyó vigilancia encubierta en un sector estratégico cercano al puerto natural de la localidad. Allí, los agentes detectaron un vehículo que coincidía con la información previa y comenzaron un seguimiento discreto para confirmar la maniobra ilegal.
Al verse cercados, los ocupantes del rodado forzaron el ingreso a una propiedad privada y escaparon a pie hacia una zona de monte, aprovechando las condiciones del terreno. A pesar de un amplio despliegue con apoyo y perros entrenados, no pudieron ser localizados.
Dentro del vehículo abandonado se encontraron más de 130 panes de droga, con un peso cercano a los 100 kilos. También se secuestraron elementos clave para la causa, que quedó en manos del juzgado federal de Oberá, mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.
Tras la firma del Decreto N° 495 que instruye a la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA) a convocar a una licitación pública nacional e internacional para la concesión integral de la explotación del Puerto de Posadas, se abre una posibilidad de expansión logística que podría impactar directamente en pymes, cooperativas y empresas exportadoras.
El eje central es la reducción de costos logísticos, uno de los principales condicionantes de la competitividad en la provincia. La dependencia del transporte terrestre hacia puertos distantes encarece la producción. La incorporación de flete fluvial regular y mayor capacidad operativa introduce una alternativa más eficiente en costos y tiempos.
Los sectores forestal, yerbatero y tealero ya operan con el puerto, pero con limitaciones. La concesión apunta a aumentar la frecuencia de envíos, la capacidad de carga y la previsibilidad operativa, factores que impactan en la planificación productiva y en la apertura de nuevos mercados.
Para las pymes, la cercanía a una infraestructura portuaria activa implica menores costos de traslado interno, menor dependencia de intermediarios y mayor integración al comercio exterior. El efecto es estructural sobre márgenes y escala.
El proceso incluye modernización, ampliación y equipamiento, con mejoras en muelles, depósitos y tecnología. El impacto se extiende a toda la cadena logística, incluyendo transporte, servicios y empleo asociado.
La participación privada en la operación introduce un esquema orientado a inversión y eficiencia, con el objetivo de multiplicar la capacidad del puerto y consolidar una vía de salida competitiva para la producción de Misiones hacia mercados nacionales e internacionales.
El ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y al menos otros dos estudiantes heridos. El agresor, un adolescente de 15 años, no será juzgado debido a que la nueva ley de imputabilidad aún no entró en vigencia, confirmaron autoridades provinciales.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, indicó que las víctimas heridas —de 13 y 15 años— fueron derivadas a centros de salud y se encuentran fuera de peligro. Además, subrayó la necesidad de mantener reserva en la difusión de información por tratarse de menores de edad.
Sobre el agresor, Cococcioni explicó que no es posible formular una imputación penal porque se trata de una persona no punible según el régimen actual. No obstante, aclaró que el Estado buscará aplicar medidas de contención dentro del marco legal vigente, orientadas a la protección y abordaje del menor.
La reciente Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, fue sancionada y promulgada en marzo de 2026. Sin embargo, la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, por lo que hasta aproximadamente septiembre continúa aplicándose la legislación anterior, que fija la punibilidad a partir de los 16 años.
Por su parte, el ministro de Educación provincial, José Goity, afirmó que el adolescente no tenía antecedentes dentro del sistema educativo. Señaló además que no existían registros de conflictos escolares que pudieran anticipar un hecho de estas características.
No obstante, las autoridades confirmaron que el joven atravesaba una situación intrafamiliar compleja, aunque remarcaron que no parecía una condición que anticipara un desenlace tan extremo. La investigación sigue en curso y no se descarta ninguna hipótesis, mientras se buscan esclarecer las circunstancias del ataque y definir las intervenciones judiciales correspondientes.
La Justicia de Brasil resolvió este lunes conceder un hábeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, quien se encuentra retenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses tras ser denunciada por el delito de injuria racial. Para acceder al beneficio deberá pagar una fianza de 20 mil dólares.
La presentación de la defensa de Páez fue finalmente admitida, lo que le permitirá regresar a la Argentina, previo pago de la fianza, mientras la causa judicial continúa.
El proceso que involucra a Páez estuvo marcado por cambios repentinos en las decisiones del tribunal. Durante la audiencia del pasado 24 de marzo, la abogada aguardaba una resolución sobre su repatriación. En un primer momento, el juez a cargo del caso había dispuesto su regreso a la Argentina bajo ciertas medidas cautelares, decisión que generó optimismo tanto en la propia imputada como en su círculo cercano.
Sin embargo, esa determinación fue revertida horas después: el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, lo que incrementó la tensión en torno al desenlace del expediente.
Con la concesión del hábeas corpus, Páez podrá retornar a su país de origen y cumplir desde allí cualquier medida dispuesta en el marco del proceso. La resolución fue comunicada a las partes este lunes y representa un giro relevante en la causa, ya que revierte la obligación de permanencia en territorio brasileño mientras se define su situación penal.
La abogada argentina había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.
Tanto la querella como la fiscalía aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a la Argentina y cumpla tareas comunitarias desde su provincia, lo que allanó el camino para el acuerdo que ahora debe ser evaluado por la Justicia.
El magistrado dispone de varias alternativas dentro del derecho penal brasileño. Una de las más plausibles es la homologación del acuerdo entre las partes, dictando una condena de dos años y sustituyendo la prisión por medidas alternativas.
Entre estas se contemplan trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa.
Dado que se trata de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la autorización para regresar al país de origen y cumplir las medidas desde allí es una opción prevista, siempre que exista cooperación judicial entre ambos Estados.
La decisión de otorgar un hábeas corpus a Agostina Páez significa que la abogada podrá esperar el fallo definitivo en la Argentina, en lugar de permanecer detenida en Río de Janeiro.
Esta medida fue adoptada tras la aceptación de la presentación de la defensa y la coincidencia entre la fiscalía y la querella en el pedido de retorno. El juez analizará los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, la acusada estará autorizada a permanecer en el país, sin restricciones de movilidad más allá de las que eventualmente determine la Justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.
El Ministerio de Capital Humano, con patrocinio de la Procuración del Tesoro, apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que suspendió artículos de la Ley 27.802 tras una presentación de la Confederación General del Trabajo. El Ejecutivo busca revertir la decisión y sostener la vigencia de la reforma, mientras el expediente avanza en instancias superiores.
El fallo, firmado por el juez Raúl Horacio Ojeda, hizo lugar al planteo sindical al considerar que podrían verse afectados derechos laborales, y ordenó frenar de manera provisoria un conjunto amplio de disposiciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La cautelar impacta sobre los ejes centrales de la reforma. Quedaron suspendidos cambios en despidos e indemnizaciones, incluido el nuevo cálculo y el Fondo de Asistencia Laboral; restricciones al derecho de huelga y a la actividad sindical; modificaciones en la negociación colectiva, como la prioridad de convenios por empresa; y la derogación del régimen de teletrabajo junto a nuevas modalidades como el banco de horas.
También se frenaron disposiciones sobre trabajadores de plataformas, que buscaban encuadrarlos como independientes; límites a la responsabilidad en la tercerización; flexibilizaciones en el período de prueba; y cambios en la Justicia laboral, como la transferencia de competencias y nuevas condiciones para el pago de sentencias.
El Gobierno sostiene que la ley apunta a generar empleo formal y mejorar la competitividad. La medida judicial, de carácter provisorio, bloquea los puntos centrales de la reforma y deja su aplicación sujeta a la revisión de tribunales superiores.
En la Sala de las Dos Constituciones de la Legislatura misionera se realizó la presentación del libro “Sensibilidad y firmeza de la mujer rural misionera. Una mirada de las políticas públicas con perspectiva de género”, una obra colectiva que recupera historias de vida y el protagonismo de las mujeres en el territorio.
El acto comenzó con palabras de bienvenida de la diputada Anazul Centeno, quien consideró que la elección del ámbito legislativo no fue casual, al tratarse de un espacio pensado para escuchar y transformar las voces de la ciudadanía en políticas públicas. En ese marco, transmitió el saludo del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías, quien celebró que la presentación se haya realizado en este ámbito.
Centeno destacó el valor del libro como herramienta para comprender la diversidad de realidades que atraviesan las mujeres en la ruralidad misionera y sostuvo que “conocernos, conocer nuestras historias y experiencias es fundamental para pensar y repensar nuestras políticas públicas”.
También puso en relieve el aporte de quienes compartieron sus testimonios, remarcando la importancia de que esas vivencias queden registradas para las futuras generaciones.
En tanto, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Laura Duarte, explicó que la publicación es el resultado de un trabajo colectivo entre el Estado, equipos técnicos y las propias protagonistas. Señaló que el objetivo central fue “dar visibilidad a las mujeres rurales” y reflejar la diversidad de trayectorias, edades y formas de producción presentes en la provincia.
Duarte subrayó que el libro permite reconocer el papel de las mujeres en los procesos productivos y sociales, y avanzar en la construcción de memoria a partir de sus voces, muchas veces postergadas. Además, remarcó la importancia de sistematizar la información para fortalecer las políticas públicas y garantizar su continuidad en el tiempo.
La obra fue impulsada de manera conjunta entre la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar y el Centro Misionero de Estudios Regionales, dependiente del Instituto Misionero de Estudios Superiores, en un trabajo articulado que permitió sistematizar experiencias, datos y testimonios de mujeres rurales de toda la provincia.
Por su parte, la ministra secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, aportó una mirada atravesada por la emoción y la historia, al recordar los inicios de las ferias francas y el proceso organizativo de las mujeres rurales. Destacó que ese camino no fue invisibilizado, sino acompañado por el Estado provincial, que transformó esas experiencias en políticas concretas.
En ese contexto, Ferreira agradeció especialmente a Carlos Rovira por la decisión política de impulsar ese proceso, que permitió el desarrollo de leyes vinculadas a la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la protección de semillas nativas, entre otras. “Cuando el Estado escucha, transforma”, expresó, al tiempo que valoró la continuidad de ese acompañamiento a lo largo del tiempo.
La jornada incluyó, además, testimonios de las protagonistas y un reconocimiento a mujeres de distintas localidades que participaron de la publicación, en un momento cargado de cercanía y sentido colectivo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes un alerta amarilla por temperaturas extremas en todo Misiones, con máximas que rozan los 40°C. El calor intenso elevada obligan a reforzar las medidas de prevención, especialmente en los grupos de riesgo.
De acuerdo al sistema de alertas del SMN, el nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud, pero advierte que las temperaturas pueden resultar peligrosas para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Se recomienda usar ropa liviana y clara, reducir la actividad física, permanecer en lugares ventilados, evitar bebidas alcohólicas o con cafeína, optar por comidas livianas y prestar especial atención a bebés y adultos mayores. Además, recuerdan que no existe medicación para el golpe de calor y que la prevención es la herramienta fundamental para evitar complicaciones.
La Justicia avanzó este lunes en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.
La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.
Además, el magistrado ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.
También se dispuso sobre ambos dirigentes de la AFA "la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento
dicha circunstancia al Tribunal".
Por ende, Tapia deberá pedir permiso a la Justicia para concurrir este martes a la Bombonera para el partido amistoso que disputará la Selección contra su similar de Zambia, uno de los últimos partidos que jugará Lionel Messi con la camiseta albiceleste.
La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a 19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.
La defensa de los dirigentes sostiene que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas
Hasta el momento, Tapia no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Su último mensaje público se dio a cononcer el domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión”, donde respaldó su conducción y, además de los logros deportivos, destacó ”un balance económico positivo", en un contexto marcado por una fuerte investigación judicial.
El juez en lo Penal Económico citó a Tapia y a Toviggino y a otros dirigentes a declarar en tribunales semanas atrás por la presunta apropiación indebida de retenciones impositivas.
También les había prohibido a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.
La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025
La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, una luego de una medida cautelar presentada por la CGT.
El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero.
El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores. Por ese motivo, indicó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la "sentencia definitiva”.
En la misma línea, Ojeda aseguró que esta cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales aquiridos.
En la cautelar, se asegura que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos” de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada" por las normas vigentes en nuestro país.
Por el momento, esta suspensión continuará siendo de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto.
Durante el acto por el 80° aniversario de Campo Grande, un grupo de productores yerbateros se acercó al gobernador Hugo Passalacqua para exponer la crisis que atraviesa el sector, en medio de la desregulación del mercado impulsada a nivel nacional.
La intervención se dio en pleno desarrollo de la actividad oficial, donde los colonos manifestaron su malestar por la caída de los precios y la falta de rentabilidad. “Milei nos ha cagado por completo”, lanzó uno de los productores, reflejando el clima de enojo que atraviesa al sector.
El mandatario provincial escuchó los planteos durante varios minutos y mantuvo un intercambio directo con los trabajadores, en el que repasó las gestiones realizadas por Misiones para sostener la actividad yerbatera.
En ese contexto, recordó que la Provincia había impulsado en 2024 un precio sostén de 505 pesos para el kilo de hoja verde, en un intento por amortiguar el impacto de la desregulación. También hizo referencia a la presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual Misiones busca recuperar las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios.
Passalacqua estuvo acompañado por el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, quien propuso avanzar en una reunión con el sector industrial para analizar alternativas ante la situación actual.
