El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anunciado este viernes es un paso para intentar normalizar la situación financiera argentina producto de la enorme deuda en dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri.
Hagamos un pequeño racconto de lo sucedido entre 2016 y 2019 en materia de toma de deuda en divisas con acreedores privadores y organismos multilaterales de crédito: hasta 2018 el gobierno nacional aprovechó que recibió un país desendeudado (según Nicolás Dujovne, uno de los titulares de la cartera económica durante el macrismo, “el gobierno de Cristina nos dejó una bendición, niveles bajísimos de endeudamiento”) para tomar créditos con fondos de inversión privados, cuando el andamiaje económico-financiero comenzó a mostrar signos de agotamiento (en realidad, nunca arrancó), recurrió al prestamista en última instancia, el FMI.
El organismo entregó un préstamo político, ya que en la parte técnica no era posible conceder esa cifra con el plan de pagos que finalmente se firmó. 57 mil millones de dólares (el monto más grande en la historia del organismo) con pagos incumplibles, por ejemplo, este año estaba pautado que Argentina desembolse 20 mil millones de dólares.
Del total del crédito del Fondo, se ejecutaron 45 mil millones de dólares, sumados a los que se habían comprometido con acreedores privados. Un elemento central de la tragedia que significó el gobierno de Cambiemos fue que ese monto no redundó en infraestructura necesaria para el territorio nacional, la mayoría fue destinada a la formación de activos externos (“fuga de capitales”). Para despejar dudas, citemos las palabras del titular del ejecutivo nacional: Mauricio Macri relató el año pasado que el préstamo del FMI se usó para “pagarles a los bancos comerciales”, es decir, financiar la salida de capitales que ingresaron al país para hacer carry trade (“bicicleta financiera”) en dólares.
El objetivo político del FMI, la reelección de Macri, fue derrotado en las urnas e incluso el organismo publicó un informe Ex Post en el que admite el fracaso del mismo, que violó sus propios estatutos.
De todos modos, el FMI ha mostrado poca flexibilidad ante Argentina y acaba de cerrar un acuerdo de Facilidades Extendidas (que puede durar 10 años) en el que no exige las clásicas reformas laborales y previsionales, pero se inmiscuye en la política interna: reducción del déficit fiscal, de subsidios energéticos, de emisión monetaria. El tradicional enfoque ortodoxo de la economía.
Lo ideal es no endeudarse nunca con el FMI, pero cuando ya se ha hecho es conveniente evaluar las alternativas para afrontar el problema. No es una negociación de iguales, Argentina se encuentra una posición muy débil, no existe financiamiento alternativo (China y Rusia, por ejemplo, están dentro del FMI y poseen cláusulas que ante un default con el organismo suspenden sus líneas de financiación). La declaración de default implica mayor presión sobre el tipo de cambio, las reservas, y la suspensión de líneas crediticias de organismo internacionales (CAF, Banco Mundial).
No existe un buen acuerdo con el Fondo Monetario, solo uno menos malo. El condicionante de la deuda externa estará durante varios años en la política y la sociedad argentina.
Los responsables, que cambiaron su denominación partidaria a Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), se mostraron inmunes a toda crítica. Es más, ejercieron ellos las críticas a la demora del gobierno nacional en cerrar un acuerdo, publicaron alquimias voluntaristas donde mezclan deuda en pesos con deuda en dólares, argumentan que se endeudaron para pagar deudas imaginarias. Efectivamente el suyo fue un gobierno de cambio: más inflación, desempleo, reducción del salario y jubilaciones.
En contra de Misiones
En ese contexto se plantea un escenario de fuego cruzado en la coalición opositora por la disputa del poder y las candidaturas para 2023. Luego de imponerse en las elecciones de medio término (gracias a las promesas de campaña incumplidas por el gobierno nacional), el mayor logro fue rechazar el Presupuesto Nacional 2022.
Esa cucarda, festejada eufóricamente por JxC, tuvo el apoyo ferviente de los misioneros Arjol (UCR), Klipauka (puertismo) y Schiavoni (PRO). Entre otras cuestiones, los 3 diputados nacionales le dieron la espalda a su provincia votando en contra de crear una Zona Aduanera Especial en Misiones y del financiamiento de obras públicas para los 77 municipios de la provincia (cuestión que el Gobernador Herrera Ahuad comenzó a remediar en las últimas semanas a través de numerosas reuniones con funcionarios nacionales).
Es menester recordar que en los años de frenética toma de deuda en divisas, las provincias fueron incentivadas a hacer lo mismo que el Estado nacional. Al igual que éste, las distintas jurisdicciones eran alentadas a endeudarse en dólares para hacer frente a gastos corrientes en pesos, con las diferencias que tienen los estados provinciales con la Nación (por ejemplo, no pueden emitir moneda). Hay provincias que tienen una alta carga de deuda dólares que ha sido arduamente reestructurada por parte de las distintas administraciones.
Debe resaltarse que Misiones no se encuentra entre ellas. Desde 2003, la provincia no tomó más deuda y se abocó a regularizar la situación de endeudamiento heredada de la década de 1990.
En política, ningún triunfo es concluyente. Se sigue construyendo aun después de un éxito electoral (puede dar fe de esto Alberto Fernández, por ejemplo), y es lo que sucede entre los cambiemitas misioneros.
Al voto contra Misiones, Martín Arjol le sumó un mes de vacaciones en Brasil. Ambas acciones le significaron un aumento de imagen negativa entre los ciudadanos de la tierra colorada.
Por su parte, los hermanos Schiavoni (Alfredo y Humberto) han perdido terreno dentro del PRO y de Juntos por el Cambio debido a su vinculación con el ex presidente Macri, un yunque difícil de quitarse.
En ambos casos, el comportamiento es el que se había advertido desde el oficialismo misionero durante la campaña: iban a obedecer los mandatos partidarios provenientes de Buenos Aires.
Es por ello que quien ha emergido como figura fuerte dentro de la alianza opositora es Martín Goerling, perteneciente a la extrema derecha del PRO, el sector liderado por Patricia Bullrich. Pese a no ser funcionario, el ex titular de la EBY (que tuvo un buen desempeño electoral el año pasado) realiza un silencioso trabajo de cercanía con los vecinos en distintos puntos de la provincia.
