Ariel Cantero, el líder preso de la banda de narcos rosarina, desafió una vez más a la Justicia en el proceso que se le sigue por ordenar 7 de las 14 balaceras que se están juzgando.
“Contrato sicarios para tirarle tiros a jueces…”. Con esa frase se presentó ayer Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda de Los Monos, ante el tribunal que lo juzga –junto con otros seis imputados– por ordenar balaceras contra edificios del Poder Judicial y viviendas vinculadas a operadores de justicia, cometidas en 2018. La jueza penal de Santa Fe Hebe Marcogliese (que integra el tribunal junto con Rafael Coria y Pablo Pinto) le preguntó a Cantero sus datos personales y actividad, y éste, conectado por Zoom desde el penal federal de Marcos Paz donde cumple seis condenas, respondió tener “oficios varios” y remató con la expresión mencionada. El desafío del preso tuvo rápida repercusión mediática y redes, en Rosario y el resto del país.
“Estos ataques estuvieron destinados a socavar uno de los pilares de toda sociedad civilizada. El grupo disputó al Estado su autoridad, por el lapso de tres meses, manteniendo en vilo a una ciudad entera”, expresó Miguel Moreno, miembro del equipo de fiscales del que también son parte Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila. Este último detalló que el rol atribuido a Cantero –preso desde 2013 por la causa de asociación ilícita en la que ya fue condenado– es el de instigador de 7 de 14 balaceras que se están juzgando y que tuvieron en vilo a la ciudad entre mayo y agosto de 2018. “Es la persona que se encargó de determinar a los otros para que se cometan los delitos. Desde unidades penitencias se transmitía por mensajes de WhatsApp la información de cuáles eran los domicilios que debían atacarse, y personas en libertad pasaban y disparaban el frente de domicilios que habían sido de jueces, policías que declararon (en el primer juicio a la banda) y edificios judiciales”, afirmó Ávila.
Los fiscales consideraron que fue una frase “temeraria”, aunque desde el punto de vista procesal “no quita ni agrega: acá lo que habla son las pruebas. Veremos si lo analizamos al final del juicio”, indicó el fiscal Matías Edery en una clara muestra de no querer entrar en el juego de provocación que propone Cantero. Y aclaró: “Se puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía Regional por si entiende que tiene que formar una causa por esto”. Su par, Miguel Moreno, detalló las acusaciones y pedidos de pena, que van de 24 a 9 años y medio de prisión, para los siete imputados. El juicio se desarrolla con un operativo de seguridad que involucra a unos 300 efectivos policiales y 60 móviles alrededor de la manzana del Centro de Justicia Penal. El objetivo es proteger el edificio, magistrados, fiscales y testigos mientras dure el proceso. Para minimizar riesgos en el manejo de los acusados, la mayoría considerados de alta peligrosidad, todos siguen las audiencias de forma viortual desde sus lugares de detención.
Moreno habló del propósito de esos hechos: “Claramente fue intimidación y amedrentamiento hacia los magistrados que debían decidir cuestiones relacionadas con Cantero en el curso de sus causas penales”. Sobre el desafío que representó su frase en el inicio del juicio, el fiscal agregó: “Hace años que desde la cárcel viene burlándose del sistema penal en general”.
Línea de tiempo
Para dar “comprensión” a los ataques imputados y su impacto, los fiscales utilizaron una línea de tiempo en su alegato, sobre “acontecimientos anteriores que les dan sentido”. El punto de partida fue el hecho del 8 de septiembre de 2012, cuando fue asesinado Martín “Fantasma” Paz, en 27 de Febrero y Entre Ríos. “Ese día comenzaba a tomar estado público una trama hasta ese momento soterrada”, dijo Moreno. E indicó que de la escena del crimen “se recuperó su teléfono celular y se dispuso la intervención de líneas relacionadas. Esas intervenciones expusieron la vinculación de Paz con el negocio de la familia Cantero. La pesquisa comenzaba a dejar al descubierto la gestión de una organización criminal destinada al narcotráfico y a disputas por el territorio”, detalló. “A la par, la muerte de Paz parecía vinculada a esta actividad y a una traición a la organización”, agregó.
Mientras estaba en marcha la investigación por ese crimen “el 26 de mayo de 2013, muere Claudio “Pajaro” Cantero (entonces líder de Los Monos), también a balazos, en la puerta de un local bailable de Villa Gobernador Gálvez. Ese episodio desató una guerra”, señaló. “La investigación logró la exposición del entramado y permitió que luego de un extenso proceso penal, aún sin sentencia firme, se condenara a los integrantes del clan Cantero por integrar una asociación ilícita y delitos conexos”. La lectura del veredicto fue el 9 de abril de 2018. “Ariel (Guille) Cantero fue condenado a 22 años de prisión. El fallo le asignó la calidad de jefe de la asociación ilícita. El tribunal que le impuso esa pena estaba integrado por María Isabel Más Varela, Marisol Usandizaga e Ismael Manfrín”, recordaron.
En mayo de ese año, “en el marco de la causa por narcotráfico conocida como Los Patrones, la Justicia Federal dispuso el traslado de Ariel Cantero a un penal federal”. Ante ello, la defensa presentó un habeas corpus contra esa decisión, en la Justicia provincial. “El juez José Luis Suárez se declaró incompetente y la justicia federal rechazó el planteo, confirmándose la decisión”.
El 29 de mayo de 2018 comenzaron los ataques, que incluyeron viviendas vinculadas a operadores judiciales relacionados con esa causa. Además de dos de los jueces del tribunal condenatorio, Manfrín y Usandizaga, también fueron blanco inmuebles vinculados a Ariel Lotito y Luis Quevertoque, policías de la Brigada Operativa de la División Judicial URII que “colaboró en la investigación que tuvo desenlace con la condena a Cantero y demás miembros de la organización”, dijo el fiscal Moreno. También la vivienda de un familiar del juez que instruyó la causa que terminó con condenas.
Por esos días se dio a conocer la composición del tribunal de cámara que se encargaría de revisar la sentencia y fueron atacados domicilios relacionados con dos de sus integrantes: las camaristas Carolina Hernández y Gabriela Sansó. Además, el 4 de agosto de ese año se registró el primer ataque al Centro de Justicia Penal, donde ayer se desarrollo el juicio por estos hechos. Diez días después, los disparos llegaron a la sede del Ministerio Público de la Acusación, en Montevideo 1968; y el 26 de ese mes se produjo un nuevo atentado en la sede de la ex Policía de Investigaciones.
“Estos ataques tuvieron claramente como propósito condicionar el ánimo de los magistrados respecto de las decisiones que pudieran tomar en el futuro. Incluso los hechos contra los jueces de primera instancia tuvieron a su vez la potencialidad de afectar la determinación de quienes todavía no habían intervenido en el proceso, aunque ya habían sido designadas: las juezas de Cámara. Por lo demás, los mismos jueces de primera instancia, si bien habían resuelto sobre lo principal a la fecha de los hechos, pendía aún de decisión la cuestión sobre los bienes secuestrados a la banda que la Fiscalía solicita decomisar”, expresó el fiscal.
También hizo hincapié en detenciones de otras personas relacionadas al caso y secuestro de celulares que permitieron avanzar en la investigación, los vínculos y la estructura de la organización.
Pedidos de pena
Al cerrar su alegato los fiscales solicitaron 24 años de prisión para Cantero, como instigador; y la misma pena pidieron para Lucía Uberti y Matías Nicolás César, como instigadores y partícipes, según cada hecho. En tanto, para Daniel “Teletubi” Delgado piden 13 años de prisión, que podrían ser unificados con la pena que cumple por el triple crimen de Villa Moreno. La misma condena fue solicitada para Leonardo “Chulo” Olivera; mientras que en el caso de Leonel Fernández pidieron 12 años; y para Oscar Enrique Chávez, 9 años y medio. En tanto, hay otras cuatro personas que ya fueron condenadas por participar de estos hechos en juicio abreviado.
Los delitos que se juzgan son “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por uso de arma de fuego, y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público, en concurso ideal con daño calificado”.
En el primer incidente procesal del juicio, el tribunal rechazó un planteo de competencia de la defensa y confirmó que se trata de un caso que atañe a la Justicia provincial.
Repercusiones
Cabe recordar que el miércoles a la noche, poco más de 24 horas antes del inicio del juicio, fue baleado el Centro de Justicia Penal. Fue la cuarta vez desde aquella de 2018 que se está juzgando. En el momento, había una guardia mínima a pesar de la experiencias del juicio a Los Monos, los ataques previos e informes de inteligencia que advertían sobre los riesgos de balaceras al edificio.
El gobernador Perotti admitió este miércoles el error en la prevención: “Si se ha fallado en la prevención es porque algunas cosas no se hicieron bien”.
Sucedido el ataque, el Ministerio de Seguridad desplegó desde este viernes un operativo con cientos de efectivos y cortes de calle en la manzana de Mitre, Virasoro, Sarmiento y Rueda, donde está enclavado el Centro de Justicia Penal, un moderno edificio de laterales vidriados. Desde allí, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, pidió “que el gobierno santafesino contrate un ingeniero en seguridad edilicia para que la Justicia cuente con un informe detallado de cómo se debe proceder para que balaceras u otro tipo de ataques puedan evitarse”, dijo en LT8. Además, reclamó: “Se tienen que tomar las medidas de seguridad correspondiente en las cárceles para evitar que se den órdenes y las bandas sigan operando”.
Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, pidió extender el horario de juicio de cada día para reducir el proceso y evitar tanto movimiento en la zona.
