El gremio de Camioneros presentó una nota formal para pedir el agregado de 20 mil pesos a los sueldos básicos de los choferes por el acuerdo del año pasado.

El sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, se desmarcó de las paritarias adelantadas que planificó el Gobierno y pidió cerrar con un 85% de aumento salarial la del año pasado antes de negociar para el período 2022-2023.

El planteo quedó plasmado en una nota a las cámaras empresarias en la que solicita sumar 20 mil pesos al sueldo básico, que representan 32,5% para todas las categorías y que se suma al 53 por ciento acumulado desde el año pasado. Y trascendió en momentos en que el Ejecutivo logró cerrar este lunes la primera discusión adelantada en la industria del vestido con una suba del 53,4 por ciento.

El pedido para los choferes se diferencia del resto de los gremios llamados a anticipar sus negociaciones de este año y se produce en un contexto de máxima visibilidad de Camioneros por el conflicto abierto en la ciudad de San Nicolás. Pero, además, añade un componente político que puede interpretarse en clave de la interna del oficialismo: en los fundamentos de su planteo Moyano alega que el monto solicitado está “en concordancia con los parámetros acordados para los trabajadores del Poder Legislativo”, en alusión a los 20.000 otorgados a ese personal por Cristina de Kirchner y Sergio Massa, máximas autoridades del Congreso.

La nota firmada por Moyano como secretario general de la Federación Nacional de Camioneros es el anticipo formal de una negociación que empezará a desarrollarse el jueves 21 de abril como parte de la ronda convocada por el Ministerio de Trabajo. El gremio de choferes recién debía discutir la renovación de las escalas salariales de su paritaria en junio de este año. En 2021 fue uno de los sindicatos que cerró con un aumento de 45% y luego agregó un bono de 48 mil pesos en cuatro cuotas iguales de 12 mil pesos. El tercero de los pagos se efectivizará con los sueldos de este mes. Entre ambos ítems, gremialistas y empresarios del transporte coincidieron en que la discusión del año pasado cerró con un 53 por ciento de incremento.

En su nota a las dos principales cámaras del rubro, Fadeeac y Faetyl, Moyano expone: “nuestro reclamo, sólo para el período (…) hasta el 30 de junio de 2022, será de un incremento de $ 20.000 aplicable al básico del chofer, con la incidencia que ello implique en el resto de los ítems y categorías del convenio, en consonancia con los parámetros acordados para los trabajadores del Poder Legislativo”. Ese monto en el básico actual que es de 71 mil pesos, proyectado sobre los salarios promedio, representa 32,5 por ciento extra a las subas acordadas el año pasado. Los empresarios consultados en la noche del lunes se declararon sorprendidos con la maniobra de Moyano y adelantaron que será una negociación ríspida.

En tanto, también debutó la primera paritaria de la ronda anticipada. El gremio del vestido, Foniva, pactó con la cámara del rubro una suba total de 53,4 por ciento que se dividirá en un primer tramo de 30% en abril y de 23,4 por ciento en junio, con revisión en octubre. Este diario había adelantado la semana pasada que el Gobierno esperaba para estas negociaciones un rango de entre 50 y 55 por ciento para los aumentos. Es la respuesta del Gabinete económico a la preocupación de la CGT por la disparada inflacionaria, y al sector kirchnerista del oficialismo que le demandaba a Alberto Fernández una política de ingresos más agresiva que eventualmente incluyera aumentos salariales por decreto.

Tras el acuerdo del Vestido este martes negociarán sindicatos y empresarios de la industria alimenticia; dos gremios químicos y petroquímicos con sus contrapartes patronales; los viajantes con la Cámara de Comercio; la Asociación Obrera Textil con la federación industrial del rubro, y hasta un sello de trabajadores de medios de comunicación (Utpba) con la asociación porteña de prensa escrita (Aedba).

En los días siguientes fueron anotados el sindicato de mecánicos (Smata) con la cámara de talleres de reparación de automóviles; la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), el sindicato de Televisión (SAT) con la Asociación de TV por Cable) y los imprenteros con la Federación de la Industria Gráfica (Faiga). Pasada la Semana Santa, el lunes 18 reanudarán las audiencias con gremios como el de la Madera, el sindicato del Seguro; el rubro gastronómico y hotelero; el plástico; los pasteleros, Sanidad (centros asistenciales con y sin internación); las pizzerías; el personal de Seguridad Privada; Maestranza; los químicos que producen baterías, y la industria molinera.

Fuente: Ámbito.

La Cámara de Diputados arranca el debate en comisiones para intentar unificar una propuesta que pueda modificar la actual Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020.

El principal desafío que enfrentan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio es el de hallar un consenso que permita tener un dictamen único, ya que a fin de mes vence el plazo que se autoimpusieron para finalizar la discusión.

A partir de las 13, la comisión de Legislación General que encabeza la oficialista Cecilia Moreau, recibirá a 43 expositores, representantes de los distintos sectores involucrados en la norma, inquilinos, corredores inmobiliarios y propietarios, entre otros.

Será una extensa reunión, dada la amplia lista de oradores -tendrán alrededor de cinco minutos cada uno-, a fin de que cada parte pueda exponer su parecer sobre lo que debería ser una nueva Ley de Alquileres.

Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que la iniciativa que entró en vigencia hace casi dos años no logró los objetivos para los que había sido sancionada con amplio consenso.

Por eso, acordaron que durante este mes escucharán las posiciones de los involucrados y luego, entre el 26 y 27 de abril buscarán encontrar un dictamen común para llevar al recinto. Sin embargo, entre las propuestas presentadas por diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio hay importantes diferencias, que podrían generar un escollo a la hora de la unidad.

Por ejemplo, la oposición quiere que se eliminen los contratos de alquileres por tres años, para volver a los antiguos dos años, además de quitar los aumentos anuales y permitir que los ajustes puedan realizarse en unidades de tiempo menores.

El Frente de Todos, en tanto, plantea la creación de un incentivo para quienes pongan viviendas en alquiler y un impuesto a quienes no lo hagan, algo a lo que Juntos por el Cambio no accederá.

De conseguir una ley de consenso, podría ser un punto ejemplificador para el resto del año, ya que en el marco de un Congreso tan polarizado será difícil que avancen los debates si no se encuentran puntos de coincidencia.

De esta reunión de comisión participarán, entre otros, representantes del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos; COFECI; Colegio Profesional de Martilleros de Tierra del Fuego; Colegio de Corredores Públicos de Misiones; Unión Inquilinos Rionegrina; Agrupación Inmobiliarias de Argentina; Colegio Inmobiliario de San Juan; Cooperativa de Vivienda de Neuquén; Cámara Inmobiliaria de Rosario; Asociación Inquilinos Jujuy; Colegio de Martilleros de San Luis; Inquilinos La Pampa; Cámara de Propietario de Corrientes; Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular; Unión Inquilinos Luján; Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco; Cámara de la Construcción Inmobiliaria de San Juan; Inquilinos Villa La Angostura; y Colegio de Martilleros de Jujuy, entre otros.

FUENTE: DIARIO 26.

Las denuncias por violencia doméstica se incrementaron más de un 20% durante los últimos tres meses de 2021 comparado con el mismo periodo del año anterior, según un informe difundido este lunes por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, que registró violencia de tipo psicológica en el 97% de las evaluaciones de riesgo de las personas afectadas, simbólica en el 53% y física en el 52%.

El organismo, creado en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de las personas que sufren hechos de violencia doméstica, difundió un documento con las estadísticas relevadas durante el último trimestre del año pasado.

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021, se respondieron 1.999 consultas informativas (24% más que el mismo trimestre del año anterior), “referidas a situaciones que no encuadran en el ámbito de actuación de la OVD o consultas por situaciones de violencia doméstica en jurisdicciones ajenas a la ciudad de Buenos Aires en las que se orienta a la persona consultante de acuerdo al caso planteado”.

En tanto, los equipos interdisciplinarios de la OVD “atendieron 2.632 casos, lo que representa un aumento de 20% respecto del mismo período del año anterior”, señala el informe que advierte que en el mismo período del 2020 la cantidad de presentaciones ante el organismo fue de 2.190.

Casi la totalidad de las denuncias recibidas (99,7%) fueron derivadas a la justicia civil, asimismo el 88% de ellas también lo hicieron al fuero penal y el 38 al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires.

En el mismo período la OVD orientó al 94% de las personas denunciantes a servicios de patrocinio jurídico gratuito; al 41%, a servicios de salud y al 38%, a la Dirección General de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires.

Otro dato que se desprende del informe es que el 87% de las presentaciones fueron realizadas por las personas afectadas y el 13% por terceras que advirtieron la situación, en tanto, si bien en su mayoría (97%) fueron denuncias “únicas”, el 3% del total (39) realizó más de una durante el trimestre.

Asimismo, del total de las denuncias, se constató que de las 3.447 personas afectadas (en una denuncia puede haber más de una persona) el 77% fueron mujeres, que superaron en número y proporción a los varones en casi todas las franjas etarias menos entre las que van de 0 a 5 y de 6 a 10 años, donde los niños afectados (345) fueron más que las niñas (333).

El vínculo de pareja (48%) es “el más usual entre personas afectadas y denunciadas”, detalló la OVD, y remarcó que aquí se incluye a “ex parejas (33%) parejas convivientes (8%), cónyuges (5%), y novias/os (2%)”.

Asimismo, el 34% de las personas denunciantes aseguraron tener un vínculo “de tipo filial”, el 9% “otros”, el 5% fraternal, el 4% hasta cuarto grado de parentesco; sin importar el vínculo con los denunciados, casi la totalidad de las presentaciones fueron por violencia del tipo psicológica.

En este sentido, el 98% en vínculos de pareja o fraternales aseguraron haber sido víctimas de violencia de tipo psicológica, lo mismo ocurrió con el 96% en relaciones filiales y el 95% en “vínculos con otros familiares y otros vínculos”.

La violencia simbólica estuvo presente en el 75% de los vínculos de pareja y entre 30 y 42 para los demás vínculos, mientras que la violencia física fue más recurrente en vínculos de pareja y fraternales (59% y 52%), como también la de tipo ambiental (39% y 34% respectivamente) y la económica patrimonial fue más usual en los vínculos de pareja, 39%.

En cuanto a las denuncias por violencia sexual, fueron más recurrentes en “vínculos con otro familiar hasta cuarto grado de parentesco (el 22%) y en otros vínculos” (17%), según detalló el informe y advirtió que “estos valores están por encima del porcentaje de violencia sexual para todos los vínculos”, que se ubica en el 10%.

Según las evaluación de los equipos interdisciplinarios de la OVD hizo de las presentaciones, se establecieron tres categorías (altísimo y alto; medio y moderado y bajo) en relación al riesgo que las y los denunciantes corrían frente a sus agresores y se consideró que 4 de cada 10 situaciones fueron consideradas “como de riesgo altísimo y alto”.

FUENTE: TÉLAM.