El rechazo de tres diputados nacionales misioneros (Schiavoni, Arjol y Klipauka) en el Congreso al proyecto de Presupuesto 2022 genera una reducción de transferencias de recursos en impuestos coparticipables, fondos para el transporte público, posibilidad de establecer la Zona Aduanera Especial, Plan Plurianual de obras, Régimen de refinanciación de deudas con Cammesa, devolución del IVA para el sistema de salud de la provincia.

La irresponsable actitud de los diputados misioneros Schioavoni, Arjol y Klipauka de rechazar por primera vez desde el retorno democrático un Presupuesto General de la Nación tiene graves implicancias. El ínfimo rédito político buscado genera fuertes desequilibrios presupuestarios en las cuentas provinciales.

"Como presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias", publicó Sergio Massa en su cuenta de Twitter.

"A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia", agregó el titular de la Cámara baja.

El Informe General compartido por Massa detalla las cuantiosas pérdidas en materia de recursos que sufrirán las distintas jurisdicciones argentinas. Vemos el caso de Misiones.

Recursos coparticipables del impuesto sobre los Bienes Personales

El proyecto de Presupuesto contemplaba prorrogar lo decidido en 2019 en cuanto al aumento de la alícuota en la escala superior (más de 18 millones de pesos) de Bienes Personales de 1,25% a 2,25%. Por lo tanto, la tasa quedará ubicada en 1,25%, lo cual afecta no solo el ejercicio fiscal 2021, sino también los anticipos del año próximo que se empiezan a liquidar a partir del mes siguiente a que se paga el saldo de la declaración jurada (junio o julio).

El efecto de esta situación es inmediato sobre la masa coparticipable: 76.312 millones de pesos no se girarán durante 2022 a las provincias y CABA por la menor recaudación. Misiones dejará de percibir 2.435 millones de pesos.

Reducción en la recaudación del impuesto a las Ganancias

Se introdujo un artículo al proyecto que permitía diferir los efectos del ajuste por inflación en tercios durante 2 años. El objetivo de esta modificación era que las grandes empresas con capital monetario expuesto no obtengan un beneficio adicional en el impuesto por aplicar de manera plena el ajuste.

De esta manera, 104.254 millones de pesos no se girarán a las distintas jurisdicciones nacionales durante 2022 en materia de coparticipación. Misiones no contará con 3.209 millones de pesos.

Duro golpe para las provincias del interior

El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros es una pérdida de ingresos directos para las provincias. Se había consensuado una suba extra de 19.000 millones de pesos, que luego del rechazo al Presupuesto General de la Nación no llegarán a las provincias del interior que tienen asimetrías en cuanto a los costos del boleto con la zona metropolitana de Buenos Aires. La Tierra sin Mal había logrado un incremento del 4,93% a lo originalmente estipulado, ubicándose el monto en 936.700.000 pesos.

Otros beneficios perdidos

Posibilidad de establecer Zonas Aduaneras Especiales y ampliar las Zonas Francas existentes (Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta, las afectadas).

Plan Plurianual de obras a ejecutar desde 2022 en adelante por más de 902.685 millones de pesos.

El “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para las deudas mantenidas con CAMMESA por parte de las distribuidoras de energía eléctrica provinciales, lo cual afecta indirectamente a todas las provincias porque refinanciarían nuevamente sus deudas a un plazo superior en 3 años al actualmente acordado. Y afecta de manera directa a Misiones, Mendoza, Chubut, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, AMBA, La Rioja, Córdoba y Neuquén.

El dictamen había incorporado la posibilidad que aquellos que presten los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica puedan recuperar el IVA crédito fiscal, o aplicarlo a otros impuestos, por los saldos a favor generados en las compras.

Pese a que la pérdida de beneficios que sufrirá la provincia debido al rechazo del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022 ha sido ampliamente relatada en los medios y la opinión pública locales, no debe evitarse la mención del daño ocasionado a la Tierra Colorada.

Los diputados misioneros enrolados en Juntos por el Cambio que votaron para que el país no tenga Presupuesto el año próximo privaron a Misiones de un paquete obras (salud, energía, viviendas y corredores viales) por casi 100.000 millones de pesos, la prioridad para una futura Zona Aduanera Especial, y el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, que agregaba una suba de 19.000 millones de pesos para paliar las asimetrías de los costos del servicio.

Para coronar su patética actuación, los únicos legisladores misioneros que le dieron la espalda a su provincia publicaron un comunicado analizando la situación desde su punto de vista e instando al Presidente Alberto Fernández a crear por decreto la Zona Aduanera Especial. Además de la incoherencia de dejar al país sin Presupuesto, y al mismo tiempo exigir un beneficio que estaba incorporado en el proyecto rechazado, Schiavoni, Arjol y Klipauka desconocen que, al tratarse de cuestiones vinculadas a la materia tributaria, el Presidente de la Nación no puede disponer por decreto la creación de Zonas Aduaneras Especiales.

Esta actitud tuvo un enérgico reclamo del gobernador Oscar Herrera Ahuad al diputado Martín Arjol de la UCR, que este vuelva a victimizarse por agravios recibidos luego de votar contra Misiones. El mandatario misionero le salió al cruce: “Diputado Arjol, el día 10/12/21 a las 13.47 entablé una comunicación con usted por el tiempo de 2 minutos y 24 segundos, respondiendo a un mensaje suyo sobre el presupuesto. Allí le expliqué lo solicitado por Misiones sobre la zona aduanera especial. En la comunicación fui explícito en cuanto a la solicitud de la Zona Aduanera Especial y otras obras que detallé, solicité se comunique con el diputado (Diego) Sartori para ampliar aún más el detalle. Usted me contestó: “Voy a hablar con Mario Negri para acompañar”.

De todos modos, el propio Arjol desnudó que nunca estuvo realmente dispuesto a votar el proyecto que quería Misiones: “En la votación pasada usaron los votos y después vetaron el proyecto de Zona Franca (N de la R: el proyecto es de Zona Aduanera Especial y extensión de zonas francas, ya que son cosas diferentes) ¿Por qué este año sería diferente? No debemos ni vamos a rifar los votos de los misioneros”, blanqueó el diputado en sus redes sociales.

Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la semana pasada, el Consejo de la Magistratura de la Nación comenzó a delinear su nueva integración de 20 miembros que debe estar lista para el 15 de abril. “Vamos a cumplir con lo que decidió la Corte pero para eso hay que hacer elecciones y estamos con los tiempos muy justos”, dijeron dos consejeros a tras una reunión del cuerpo de esta mañana.

El primer paso para eso será escuchar el próximo miércoles, a las 14, a las autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), las entidades que deben elegir a sus representantes para el Consejo. El objetivo del encuentro será conocer de primera mano cómo se pueden organizar las elecciones.

Doce de los 13 integrantes del Consejo -la senadora Silvia Giacoppo sufrió hoy un problema personal que le impidió estar- se reunieron en la Comisión de Labor para analizar el fallo de la Corte Suprema. El máximo tribunal declaró la semana pasada la inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nacional y de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales.

La Corte sostuvo que el número de 13 miembros no respeta el equilibrio que la Constitución Nacional fija que debe haber entre los estamentos del Consejo. Hoy son siete representantes de la política y seis de los sectores técnicos. El máximo tribunal dispuso en su fallo que el Congreso Nacional debe dictar una nueva ley con otra integración y le ordenó al Consejo que en un plazo máximo de 120 días corridos vuelva a la integración de 20 integrantes, la anterior a la de 13, que rige desde 2006 cuando se reformó a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner. Si eso no ocurre, vencido el plazo todas sus decisiones serán nulas.

La decisión cayó mal en el Consejo. Sobre todo por el plazo de 120 que todos los sectores coinciden que es muy corto para adaptar el nuevo organismo. En la Comisión de Labor de hoy se analizó el tema. Más allá de las críticas hubo unanimidad en que el Consejo va a cumplir el fallo. “No hay margen para otra decisión”, dijo un consejero aunque sea difícil por los tiempos. Una de las decisiones casi seguras que se trató hoy es que el Consejo habilitará la feria judicial de enero -que es el período que la justicia entra en receso- para trabajar en la nueva integración.

Los actuales 13 miembros son: tres diputados, tres senadores, tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. Los 20 se completan con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, un represente de los académicos, un diputado, un senador, un juez y dos abogados más. El presidente de la Corte no debe ser elegido. Y los nuevos representantes del Congreso y el académico dependen de cada cuerpo. Lo complejo son los nuevos abogados y el juez.

En esos casos se debe elegir en elecciones que realiza cada estamento. Pero para eso hay que cumplir pasos y además es una elección en todo el país. Tener el padrón y dar tiempo para que se inscriban quiénes quieran participar, cumplir plazos de convocatorias, inscripciones de las listas, impugnaciones. También establecer los reglamentos de esas elecciones. En la reunión del Consejo de hoy surgió el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasa si los casos siguen en aumento como ocurrió en las últimas semanas?, ¿en qué situación sanitaria se estará el año que viene?, ¿se necesitará hacer las elecciones en varios días?, fueron algunas dudas.

Para hablar de esos temas de organización y plazos fueron convocados para el miércoles a las 14 horas el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle, el titular del CPACF, Eduardo Awad, y al de la FACA, José Luis Lassalle. En el Consejo quieren escucharlos para saber cómo avanzar y en qué fechas se podrían hacer las elecciones. Algunos piensan que sea a mediados de marzo próximo para llegar al 15 de abril con los nuevos consejeros electos.

Por fuera de la organización estará la discusión política de cómo armar las listas, de qué influencia tendrá la política nacional en ese entramado. El Frente de Todos, la UCR, el PRO jugaron en cada una de las últimas elecciones para el Consejo.

Desde la AMFJN se comunicaron en los últimos días con el Consejo para ponerse a disposición después del fallo de la Corte, pudo saber Infobae. La situación de los abogados es más compleja. Es que el CPACF ya convocó a elecciones para renovar sus autoridades para el 26, 27 y 28 abril. Tendría dos elecciones en un período muy cercano. “Una opción es que en una misma se elegían las dos”, sostuvo una fuente.

El Consejo de 20 que asuma en abril tendrá mandato hasta fines de noviembre. Después habrá una nueva integración con elecciones que se deben hacer en agosto y septiembre. “En un año habrá tres Consejos: el de ahora, el de abril y del noviembre. Una locura”, critican varios. Todo eso a la espera que oficialismo y oposición discutan en el Congreso una nueva ley, para lo que coinciden no se llega antes del 15 de abril.

“Estamos en sesión permanente”, dijo uno de los consejeros para describir lo que generó el fallo de la Corte. Y eso no se terminará cuando se definan las elecciones.

El Congreso debe elegir a un diputado y a un senador más para completar el Consejo de 20. Según la ley que regía esa integración le corresponde a la segunda minoría de cada Cámara. Infobae preguntó quién es hoy la segunda minoría. “Hay tantas interpretaciones como intereses políticos”, fue una de las respuestas que recogió. Eso indica que habrá una fuerte disputa política en el Parlamente para determinar qué partido pone a los nuevos consejeros después de la renovación de hace 10 días del Congreso.

Después de la reunión del Consejo con la AMFJN, el CPACF y la FACA los consejeros se volverá a encontrar -a última hora de la tarde- a solas para continuar analizando el tema. El organismo además dispuso que el 27 de diciembre a las 10 horas sea su último plenario del año.

Fuente: infobae