Concluyó el escrutinio y dio ganador al sindicalista de izquierda Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori en el balotaje del 6 de junio. Todavía faltan resolver impugnaciones para proclamarlo presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

La autoridad electoral de Perú terminó este martes el escrutinio del balotaje presidencial del 6 de este mes, en el que el sindicalista de izquierda Pedro Castillo se impuso a la populista de derecha Keiko Fujimori, aunque aún faltaban otros trámites para su proclamación, en medio de una tensión agravada por la propuesta de anular esos comicios, hecha por algunas figuras relevantes y rechazada por la mayoría de dirigentes y especialistas.

Castillo aventajó a Fujimori por 44.058 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según publicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su sitio web, al terminar de contar todas las actas de votación.

El resultado es muy similar al de las elecciones presidenciales anteriores, en 2016, cuando el liberal Pedro Pablo Kuczynski venció en el balotaje a la misma Fujimori por 41.057 votos entre más de 17,1 millones de votos válidos (50,12% a 49,88%).

No obstante, para que Castillo sea proclamado presidente electo aún falta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva solicitudes de anulación de la votación en cientos de mesas, hechas por los dos candidatos debido a supuestas irregularidades en la confección de las respectivas actas.

El pleno del JNE continuaba este martes por la tarde deliberando y votando sobre esas solicitudes, en audiencia pública y transmitida en directo por televisión y redes sociales.

Pero en paralelo, el clima de crispación a que dio lugar la demora en la resolución del balotaje se vio exacerbado en las últimas horas por la propuesta de que el Congreso desconozca las últimas elecciones, llame a nuevos comicios e incluso reemplace al presidente Francisco Sagasti.

Esa idea fue sostenida, entre otros, por el congresista electo Jorge Montoya -vicealmirante retirado que presidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2008-, los exlegisladores Víctor García Belaunde y Jorge del Castillo, y el empresario y reciente ex candidato presidencial Rafael López Aliaga.

Montoya fue quien difundió el domingo un pronunciamiento de más de 60 oficiales superiores retirados de las tres fuerzas armadas que cuestionaron la labor de la ONPE y el JNE, y que generó un rotundo rechazo del Ministerio de Defensa.

Entre los firmantes de esa declaración figuraron el expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez, de 99 años, y el también general Walter Martos, que fue jefe de gabinete y ministro de Defensa en 2019-20, cuando el presidente era el luego destituido Martín Vizcarra.

García Belaunde es el líder del partido de centro Acción Popular (AP, fundado por su tío, el dos veces presidente Fernando Belaunde Terry) y Del Castillo es uno de los principales dirigentes del Partido Aprista, heredero del APRA fundado por Víctor Haya de la Torre y después liderado por muchos años por el expresidente Alan García.

El diario limeño La República afirmó que la propuesta de desconocer las elecciones viola varios artículos de la Constitución y sostuvo que sus autores podrían ser hallados culpables de delitos tales como rebelión y sedición, que se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel.

“Lo que hay que hacer es tener confianza, no debemos precipitarnos, menos aun mostrar palabras indebidas como fraude, y respetar los resultados con calma y tranquilidad”, pidió este martes por la mañana el presidente Francisco Sagasti en Puerto Maldonado, en el departamento amazónico Madre de Dios.

“No podemos seguir sembrando dudas sobre el correcto desarrollo del proceso, debemos tener una actitud responsable sobre lo que informamos; deberíamos evitar la escalada de violencia, hacemos un llamado a las fuerzas políticas a respetar el orden institucional”, exhortó, por su parte, la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, en declaraciones al canal estatal TV Perú.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, cardenal Pedro Barreto, también sostuvo que “uno de los primeros aspectos para salir de este atolladero es cumplir fielmente la voluntad popular, que se manifiesta por los organismos electorales”, en los que subrayó que tenía “confianza plena y total”, según la agencia de noticias Andina.

Con el aumento de la tensión, también se multiplicaron las voces que defienden el proceso electoral.

“Muchos peruanos no hubieran querido estos resultados, pero nosotros fuimos los que decidimos, así que, por favor, les pido que asumamos la responsabilidad de nuestro voto, porque las reglas de juego han sido claras”, dijo el ex candidato presidencial Julio Guzmán, líder del Partido Morado al que pertenece Sagasti, tras visitar a Castillo, a quien reconoció como “presidente virtualmente electo”.

Por otra parte, abogados de Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) analizaban la posibilidad de interponer un recurso de amparo para obtener una medida cautelar que evitara la proclamación de Castillo como mandatario electo, aunque algunos de ellos admitieron que las decisiones del JNE “no son revisables”, según La República.

En ese contexto, la asociación civil Abogados Democráticos del Perú recusó a Luis Arce Córdova, uno de los magistrados del JNE, por “conflicto de intereses, falta de transparencia y parcialización” a favor de FP, y reclamó que se abstuviera de intervenir en “cualquier procedimiento administrativo electoral en el que la agrupación Perú Libre (PL, el partido de Castillo) sea parte”.

Más de una hora después de que se anunciara el final del escrutinio, ni Castillo ni Fujimori se habían pronunciado.

“Nosotros, pacientemente, estamos esperando un resultado”, dijo el virtual presidente electo este lunes, en una breve declaración a corresponsales extranjeros, en la que remarcó que desde su partido no se alentarían llamados para “tumbarse una elección”.

La última aparición pública de Fujimori fue el lunes por lanoche, cuando anunció en Twitter la incorporación de Oscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, a su equipo de abogados.