Tras la denuncia que alertaba sobre “una bomba en un objetivo judío”, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo para evitar cualquier atentado. Sin embargo, en las últimas horas cobra fuerzas la nueva hipótesis que advierte sobre un señuelo para perpetrar una fuga masiva de la prisión paraguaya de Cambyretá, en el departamento de Itapúa.
El Ministerio de Seguridad de la Nación inició este fin de semana una exhaustiva investigación luego de que una denuncia anónima recibida en la Embajada argentina en el Reino Unido alertara sobre una persona que llevaría nitrato de amonio desde Encarnación (Paraguay) a Posadas (Misiones), “para una bomba en Argentina en un objetivo judío”. Sin embargo, tras las primeras averiguaciones, comenzó a cobrar fuerza una hipótesis, que cambió el rumbo de la investigación: se trataría de una movida de distracción para perpetrar una fuga masiva de la cárcel de Cambyretá, en el departamento de Itapúa.
Según pudo conocerse en las últimas horas, el Primer Comando Capital (PCC) -la organización de origen brasileño que maneja las cárceles en Paraguay y que acaudilla a buena parte de los narcos- preparaba un atentado contra la cárcel de Cambyretá, que fue desbaratado en un megaoperativo desplegado por la Dirección de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia de Paraguay en conjunto con la Policía Antisecuestro de Asunción.
De acuerdo a la información proporcionada por el medio paraguayo ABC, se secuestraron 12 cartuchos de dinamita en gel de un 1,5 kg cada uno, tres tubos detonadores y rollos de cordón detonante, a bordo de un micro que tenía como destino la terminal de Encarnación. “Uno de los cartuchos estaba listo para una explosión y la idea era provocar una fuga masiva”, señalaron fuentes de la investigación.
La información difundida por el mencionado medio da cuenta de que los dos principales ideólogos del ataque serían el paraguayo Julio César Romero Torales, de 30 años, preso desde el 2016 por tráfico de marihuana en Yatytay, y el brasileño José Lucas Nolberto, de 22 años, recluido desde 2016 por asalto en Pedro Juan Caballero, quienes serían los jefes del PCC en la prisión sureña.
Los 18 kilos de explosivos fueron incautados gracias al paciente seguimiento que hicieron las autoridades a partir de las últimas incautaciones de celulares en las requisas en los pabellones del grupo criminal PCC en las distintas cárceles. Los investigadores descifraron una red de comunicación de los reclusos del PCC y, particularmente, una empleada por los cabecillas encerrados en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá.
La información manejada daba cuenta de que se tenían que completar 40 kilos de dinamita para usarlos con un coche bomba que derribaría el muro de la cárcel. Inicialmente, el ataque y la fuga masiva se iban a cometer el 25 de diciembre próximo, pero repentinamente los planes del PCC se adelantaron, por lo que las autoridades también tuvieron que actuar rápidamente.
Por su parte, fuentes a cargo de la investigación en Argentina – que continúan trabajando para determinar el nexo entre los dos episodios- señalaron que “en principio da la impresión que se hizo una movida para distraer la atención”. “Una hipótesis es que se quiso orientar a las fuerzas paraguayas a controlar el paso a la Argentina, desviando la atención del atentado en el penal”, agregaron.
Al mismo tiempo, indicaron que la persona mencionada en la denuncia anónima recibida en la Embajada argentina, identificado como Hassan Zein Aldeen, ya fue investigado en forma reiterada y no parece ser un peligro. Sin embargo, hay que analizar qué hubo detrás del anónimo y si existe el vínculo con el PCC.
En tanto, expertos en explosivos señalaron a este diario que “es un sinsentido traer amonal desde Paraguay. Para atentado contra la AMIA, por ejemplo, se necesitaron entre 200 y 300 kilos. Si uno tiene que mover un explosivo desde Paraguay, movería dinamita, trotyl o algún explosivo plástico, que son cantidades chicas. Y, además, todos los explosivos son fáciles de conseguir”.
Tal como informó el Ministerio de Justicia argentino en un comunicado, las cuatro Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a su cargo (PFA, PNA, GNA y PSA) fueron puestas a disposición para la investigación y poder determinar lo antes posible qué fue lo que realmente sucedió.
