En 2017 se aprobó una ley que habilita el uso de cannabis medicinal pero el texto recién presentado podría despenalizar el autocultivo y promover su producción.
En 2017 se sancionó la ley 27.350 para la "investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados", según consta en su primer artículo, pero esa legislación no ofrece un marco para el autocultivo o para su producción y desarrollo a nivel industrial, por lo que esta semana se presentó en el Congreso nacional un proyecto que reemplazaría esa norma.
La iniciativa pertenece a la diputada entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, quien fue presidenta de la Comisión de Salud del Congreso durante el debate de la ley 27.350. El objetivo de la nueva norma, explicó la legisladora, es "garantizar el acceso efectivo al Cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental entendiendo que se necesita un marco legal integral" que hoy no existe.
El proyecto, que ya recibió el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis, contempla la creación de figuras como la de “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de Cannabis para la salud.
Además de facilitar el acceso a las distintas presentaciones del aceite de cannabis para usos medicinales se lograrían las condiciones para el desarrollo de una industria de Cannabis para la salud considerando es una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país.
"Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera ley y vamos rumbo a eso", aseguró Gaillard, para quien la norma aprobada en 2017 "fue un gran avance" pero "tiene limitaciones".
El proyecto estipula la creación de un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA) que funcionará como autoridad de aplicación de la ley en articulación con los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil abocados al tema.
La investigación y el desarrollo científico y tecnológico del Cannabis para la salud serían coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET y las Universidades Nacionales, mientras que desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se creará un Banco de Semillas que buscará garantizar un precio justo y razonable para su acceso.
Además, con la nueva ley se crearía un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de Cannabis para la salud, y productos que lo contienen, que serían gratuitas para autocultivo y cultivo solidario.
Valeria Salech, Presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó que "como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones proponiendo también la regulación del cultivo en red, reconociendo el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos, de abajo hacia arriba desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario".
El nuevo texto despenaliza todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de Cannabis para la salud, y de aprobarse brindaría garantías para los procedimientos penales bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.
Dentro de su mismo bloque y entre la oposición Gaillard logró las adhesiones de Cristina Álvarez Rodríguez (FDT), Mara Brawer (FDT), Martin Soria (FDT), Gabriela Cerruti (FDT), Marcela Campagnoli (JxC), Monica Macha (FDT), Cecilia Moreau (FDT), Fernanda Vallejos (FDT), Jimena López (FDT), Blanca Osuna (FDT), Graciela Landriscini (FDT), Gabriela Lena (FDT), Pablo Carro (FDT), Lucila Masin (FDT), Leonardo Grosso (FDT), Nicolás Rodríguez Saá (FDT).
