El Gobierno usará la misma cantidad de dinero, pero les dará más a los que ganan menos. Todavía se está analizando cómo se aplicará el desembolso.

El aumento de las jubilaciones y pensiones a partir de marzo será, en promedio, del 11,56%, tal como surge de la suspendida fórmula de movilidad.

Pero ese porcentaje no se aplicará en forma similar a todos los beneficiarios sino en forma diferenciada, a través de una suma fija y/o porcentaje diferenciado, de lo que resultará un mayor valor para los que cobran haberes más bajos y una proporción menor para los que ganan más.

Por los altos porcentajes de inflación, desde el Gobierno admitieron que no hay margen político para achicar el gasto total en jubilaciones y pensiones respecto de la suspendida fórmula de movilidad que, punta a punta, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, llevó a una pérdida del 19,5% a todos los jubilados y pensionados con relación a la inflación, según Clarín.

Para el diseño del incremento, la decisión es que no habrá exclusiones porque todos los jubilados y pensionados recibirán algún aumento, pero, acortando la distancia entre los haberes más bajos y los más altos (achatamiento de la pirámide previsional), con mejoras al sector de ingresos bajos en detrimento del resto.

El aumento en jubilaciones y pensiones del régimen general (no incluye a los regímenes especiales, como docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos, servicio exterior, jueces y magistrados y Luz y Fuerza), pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal al adulto mayor) abarca a 7.300.000 personas.

Mientras hasta diciembre pasado el aumento se aplicaba en forma porcentual sobre los haberes en curso, ahora ese volumen se distribuirá en forma diferenciada por rango de haberes.

La distribución podrá ser una suma fija o un porcentaje diferenciado o una combinación de ambos. Los funcionarios están haciendo simulaciones con distintas alternativas para la toma de decisión del Presidente.

De acuerdo a los rangos de haberes se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% o más, recortando la pérdida sufrida en estos 4 años en sus jubilaciones, y los restantes 2.800.000 profundizarían el retroceso de sus ingresos.

Por ejemplo, si los 18.000 millones de pesos se distribuyeran como una suma fija entre los 7,3 millones de beneficiarios, resultaría un incremento de $ 2.465 por persona. En este caso, para los que ganan el haber mínimo, de $ 14.068 representaría un incremento del 17,5%. Para los que perciben $ 20.000, un 12,3%.

La línea de corte del 11,56% serían los $ 21.323. Por encima de ese valor el aumento sería inferior al promedio. Así, con $ 25.000, la suba sería del 9,9%; con $ 40.000, del 6,2% y seguiría descendiendo hasta representar apenas el 2,4% para los que cobran el haber máximo de 103.064 pesos.

Los funcionarios explicaron que el aumento tiene que estar definido antes del 10 de febrero para que la ANSeS pueda realizar los ajustes internos y el envío de los fondos a los bancos pagadores.

A pesar de que la pérdida real de las prestaciones abarcó a todos los jubilados y pensionados, los funcionarios defendieron el achatamiento de la pirámide de haberes y se mostraron confiados en sortear la eventual litigiosidad por parte de quienes cobren menos del 11,56%.

Vale recordar que en el fallo Badaro, la Corte Suprema cuestionó el achatamiento de la pirámide previsional que se produjo entre enero de 2002 y diciembre de 2006 con el fundamento de que pone "en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes, quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo".

No obstante, los funcionarios sostienen que cuentan con el "paraguas" de la "emergencia previsional" y que los aumentos diferenciados por decreto solo se aplicarán en dos oportunidades a diferencia del caso Badaro que abarcó un período de 5 años, porque ya para el segundo semestre está previsto que rija una nueva fórmula de movilidad.

Una vez definido el aumento diferenciado para las jubilaciones y pensiones, se avanzará en el diseño del incremento de las asignaciones familiares que comprende a 5 millones de hijos y de la AUH que engloba a 4 millones de chicos, que también se rige por la fórmula de movilidad.

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