La muerte de Ángel, ocurrida el domingo 5 de abril, dejó de ser investigada como una descompensación domiciliaria para convertirse formalmente en un expediente por homicidio. El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense de Chubut descartó la versión inicial de su madre, Mariela Altamirano, y constató un escenario de violencia.

El estudio pericial determinó que la víctima recibió al menos 20 impactos dirigidos hacia la cabeza, sin registrar lesiones traumáticas en el resto del cuerpo. Según los datos forenses a los que accedió el periodista Ignacio González Prieto de Todo Noticias, la agresión provocó un edema cerebral hemorrágico generalizado que desencadenó el paro cardiorrespiratorio.

Los especialistas concluyeron que, si bien los golpes no llegaron a fracturar estructuras óseas, transmitieron energía al cerebro que causó un daño neurológico irreversible. Asimismo, los peritos médicos no descartan la existencia de un mecanismo de asfixia complementario, pese a la ausencia de marcas en el cuello.

A partir del informe científico, que describe una secuencia y no un hecho aislado, el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán solicitaron la detención de Altamirano y de su pareja, Michel Kevin González. Ambos enfrentan la imputación de coautores de presunto homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

En paralelo a la instrucción científica, la investigación reconstruye el contexto intrafamiliar. González, profesor de taekwondo, cuenta con antecedentes por violencia familiar radicados en la provincia de Córdoba, donde una expareja lo denunció por agredir y encerrar a su hijo.

Por su parte, el historial de Altamirano registra problemas de consumo de alcohol y testimonios previos que la señalan por agresiones físicas hacia otro hijo que actualmente reside en Corrientes. Para los investigadores, la madre habría conocido la violencia ejercida sobre el niño y habría permitido o participado de la situación.

A la causa judicial se le suman sospechas de encubrimiento. Roberto Castillo, abogado querellante que representa a Luis López —padre del menor—, indicó a través del medio ADN Sur que los imputados habrían quemado prendas de vestir de la víctima tras el deceso. Esta maniobra representaría un intento de desaparecer evidencia material para la reconstrucción de los hechos.

Mientras se aguardan los estudios complementarios, la Justicia dispuso el traslado de Altamirano a la comisaría de Rada Tilly y González permanece alojado en la Seccional Mosconi de Kilómetro 3. En tanto, la hija de seis meses que la pareja tiene en común fue apartada del núcleo familiar y puesta a resguardo, con miras a ser trasladada a Córdoba.