La resolución del tribunal integrado por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía atendió el planteo hecho por el Frente de Todos y Consenso Federal que cuestionaron varios elementos del nuevo sistema de digitalización de telegramas y transmisión de resultados.

La Cámara Nacional Electoral pidió al Gobierno que adopte las medidas solicitadas por la oposición para garantizar la transparencia del escrutinio provisorio de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La resolución del tribunal integrado por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía atendió el planteo hecho por el Frente de Todos y Consenso Federal que cuestionaron varios elementos del nuevo sistema de digitalización de telegramas y transmisión de resultados.

En una nueva acordada, la Cámara resolvió “hacer saber al Correo Oficial de la República Argentina y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que deberán arbitrar los medios para asegurar –como mínimo- las instancias de fiscalización del recuento provisional de resultados” pedidas por los apoderados de los frentes opositores.

Entre esas medidas, el tribunal le pidió al Correo y la Dirección Nacional Electoral que arbitren “un mecanismo de acreditación previa de los fiscales partidarios autorizados a presenciar el escaneo y transmisión desde los establecimientos de votación”.

También que “en cada centro de transmisión se coloquen -en lugares visibles- afiches informativos que describan claramente cada uno de los pasos necesarios para el escaneo y la transmisión de los telegramas desde los establecimientos de votación”.

La Cámara advirtió además que “se deberá garantizar a las agrupaciones políticas contendientes una herramienta o acceso que les permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, los datos cargados al sistema” y “la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno”.

En este punto, los jueces contemplaron los reparos que manifestó el apoderado del PJ/Frente de Todos, Jorge Landau, frente a la conversión de los archivos de imagen obtenidos a partir del escaneo de los telegramas.

Al respecto, el tribunal señaló que la Dirección Electoral “deberá asegurar que las agrupaciones políticas cuenten con los mecanismos o el acceso a la información suficiente que permita comprobar la integridad e inalterabilidad del archivo y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea”.

Respecto de la verificación de la puesta en cero de la base de datos del sistema de totalización de resultados, la resolución indicó que “es indispensable que la Dirección Nacional Electoral y el Correo Oficial prevean, documenten e informen dicho procedimiento, que deberá ser público y con posibilidad de participación de los representantes partidarios con aptitud técnica específica (fiscales informáticos o tecnológicos)”.

Además, hizo saber a los juzgados federales con competencia electoral y a los partidos que “no existe impedimento alguno para que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación obtengan fotografías de la documentación de escrutinio de mesa, siempre que ello no altere, dificulte o demore el normal funcionamiento de la mesa de votación”.

Por otra parte, la acordada de la Cámara subrayó que “pese a reiterados requerimientos” de ese tribunal “el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral”.

Esto es un hecho que el tribunal viene criticando desde hace tiempo y más allá de la filiación partidaria del Gobierno de turno, dado que los jueces consideran que esa circunstancia “constituye un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre la integridad de ese procedimiento”.

Según explicó, esto se debe al que “la autoridad a quien se encomienda la realización del recuento provisional” se encuentra “bajo la exclusiva responsabilidad de una de las partes interesadas en su resultado”.

“Sin embargo, ello no ha merecido -ni en anteriores administraciones ni en la actual- la adopción de acciones concretas y eficaces tendientes a su transferencia a un organismo sin dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó la resolución.

H.