La herencia en materia social no dejará margen para improvisar a partir del próximo 10 de diciembre. Por eso, Alberto Fernández avanzó en las últimas horas en la confección de su paquete de medidas para combatir el hambre y reducir la pobreza.

Lo definido es que, mediante la reorganización de programas sociales e impulso de un eventual esquema de blanqueo laboral de la economía popular, se buscará mejorar los ingresos de las familias pobres con problemas alimentarios.

La iniciativa Argentina sin Hambre fue presentada en octubre pasado por el posible ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y está inspirada en el plan Bolsa Familia de Brasil, el mayor proyecto asistencial de la región que fue creado en 2003 por el entonces presidente Lula, aunque agrupó programas sociales prexistentes. En concreto, se trató de un subsidio en efectivo que permitió aumentar los ingresos reales y reducir en forma significativa la pobreza, al menos hasta la crisis del 2014.

El Bolsa Familia fue tan exitoso que recibió elogios por parte de organismos internacionales y Jair Bolsonaro debió mantenerlo con un presupuesto que en octubre demandó u$s596 millones, según los datos oficiales. Hoy 13,5 millones de familias en situación de pobreza o extrema pobreza (más de 50 millones de personas) reciben un beneficio, en promedio, de 189 reales por mes (u$s65), condicionado a la asistencia escolar y la inscripción en un registro único.

Al igual que en el modelo brasileño, la idea es impulsar a nivel local una "política social integral" enfocada en la pobreza más crítica. En la Argentina ya existe un programa de transferencias directas sujeto a condicionalidades. Por caso, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza a 8,7 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años sobre una población de esa edad de 13,7 millones.

"El Bolsa es un modelo de articulación de la salud, educación y el combate contra el hambre", explicó Arroyo en el marco de la conferencia anual organizada por el CEPE en la Universidad Di Tella sobre el futuro de la infancia, de la que participaron el neurocientífico Facundo Manes y el economista Eduardo Levy Yeyati. Allí, el asesor de Fernández precisó lineamientos del nuevo programa, que será financiado con $40.000 millones de las partidas alimentarias del Presupuesto 2020 y recursos extra.

El foco de Arroyo es el universo de 1,6 millones de madres con niños de hasta seis años, el 20% de los 8 millones de personas que reciben asistencia nutricional. La idea es instrumentar una tarjeta alimentaria del mismo modo que hizo Lula, con el fin de que los destinatarios accedan a la canasta que define la línea de indigencia y que en septiembre alcanzó los $13.900 para una familia tipo.

Pero además de la tarjeta bancaria, el nuevo gobierno pondrá en marcha una versión reperfilada del acuerdo de precios, limitada a 13 productos promocionados en las góndolas, junto a la compra estatal de alimentos producidos por los agricultores familiares y la creación de un observatorio para el control de peso y talla, a cargo de las organizaciones sociales, la Iglesia y el Estado.

Los empresarios también tienen un rol en el plan con asistencia, aportes y donaciones. Los ejecutivos de la industria, la carne, el campo y los supermercados se sumaron este viernes a la primera reunión del consejo asesor en las oficinas de Alberto en Puerto Madero. También estuvieron sindicalistas, dirigentes sociales y académicos, además de  celebridades como Marcelo Tinelli.

"Todos estamos de acuerdo en que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos", sostuvo el futuro mandatario.

Señales preocupantes y cautela por el humor social

En la cuenta regresiva para la asunción presidencial, Arroyo se muestra optimista por el nivel existente de cobertura de la AUH, las asignaciones familiares y la asistencia alimentaria garantizada por la Iglesia y las organizaciones sociales. Le reconoce, incluso, a Macri haber incorporado a un millón de beneficiarios a la AUH. Pero también mira con atención una serie de indicadores preocupantes.

El exfuncionario sigue de cerca la caída mes a mes en el consumo de leche y la elevada desocupación entre los jóvenes del conurbano, que llega al 19% en los varones de hasta 29 años y al 25% en las mujeres de igual edad. El dato que terminó de encender las alarmas es el incremento de un 20% registrado en la afluencia a los comedores barriales en los últimos 60 días debido a la caída de los ingresos y la suba en los precios de los alimentos tras la última devaluación.

Los movimientos se lo trasmitieron el miércoles a Fernández en la reunión de más de una hora que mantuvieron en la sede de la Conferencia Episcopal. Allí, los dirigentes hicieron un análisis de la situación económica y enfatizaron la necesidad de medidas de emergencia. Si bien el presidente electo prepara una suba en salarios, jubilaciones y planes, los piqueteros quieren un bono para las fiestas de $4.250, la mitad del salario social complementario que hoy perciben 270.000 personas.

La señal quizás más importante fue cuando el exjefe de Gabinete les aseguró que "el gobierno será de ustedes". Por estas horas, las organizaciones se preparan para asumir cargos en la administración y el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, podría tener un despacho en el Ministerio de Desarrollo Social. No sería el único. La cúpula de la CGT también pide espacios en el Ministerio de Transporte, Trabajo y la codiciada Superintendencia de Salud. Así se lo plantearon a Fernández la semana pasada en Azopardo.

El otro actor clave serán los intendentes. Como en Brasil, la intención es que formen parte del registro, control y manejo del programa mediante una organización descentralizada para llegar a los hogares de los destinatarios. Una intervención que a veces contempla acuerdos con las organizaciones barriales y en otras ocasiones genera fuertes tensiones por el control del territorio.

Los gestos apuntan por igual a contener el cuadro social y fortalecer el apoyo a su gestión en un escenario regional sacudido por las protestas en Chile y el golpe de Estado en Bolivia que denunció el propio Fernández. De todas formas, en los equipos del mandatario electo aseguran que la situación local está controlada gracias a la colaboración de las organizaciones que evitaría un clima de "explosión social".

Así todo, el panorama previsto para fin de año es delicado. Arroyo confirmó este medio que espera una tasa de pobreza cercana al 40% en el segundo semestre, lo que representa cerca de 17 millones de personas en esa condición. En vistas de esas cifras, una de las patas de su plan a lo Lula apuntará a mejorar los ingresos en la construcción de viviendas, producción de alimentos, la industria textil, el cuidado y reciclado.

Esto se haría generando o reconvirtiendo programas, pero tampoco se descarta el "blanqueo" de las cooperativas textiles, de reciclado y agrícolas. Eso es lo que piden los movimientos mediante la extensión del monotributo social o un nuevo régimen como existe en Europa. "La idea es blanquear, hay cinco millones de trabajadores que no tienen derecho, no hace falta incorporar más planes", explicó a este medio Pérsico, uno de los principales impulsores de este esquema.

La creación de empleo es uno de los principales reclamos de las organizaciones sociales, en donde sostienen que esa será la principal vara para medir la gestión de Fernández. El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, le planteó al presidente electo el miércoles la necesidad de construir viviendas. "Nuestra organización firmó el convenio apenas asumió Néstor Kirchner y nos insertamos en la pequeña obra pública, pero eso se paralizó en los últimos cuatro años", le recordó.

EL cálculo de la CCC es que la edificación de 100.000 viviendas en seis meses requiere de 16 personas por vivienda, lo que equivale a un total de 1,6 millones de trabajadores.

El otro tema que genera cierta tensión son los recursos que destinará el próximo gobierno para reducir la pobreza. El programa de Arroyo prevé aprovechar las partidas subjecutadas y crear un fondo federal con aportes de las provincias, pero los movimientos buscan que Fernández avance, además, sobre los sectores económicos que tuvieron "privilegios" en la era Macri, de manera que si se niegan a "poner el hombro" queden en evidencia.

"Vamos a seguir la discusión", les respondió el mandatario electo.

Fuente: Iprofesional