Son tiempos de balance de gestión en el gobierno: por un lado destacan que durante la administración macrista hubo un 18% menos de empleados públicos en el Ejecutivo, pero sí se registró un 6,6% de crecimiento en los cargos ministeriales que, a entender del oficialismo, responde a una orientación de la gestión institucional.
Mientras se espera para fin de mes un balance de gestión global que difundiría Jefatura de Gabinete, en los últimos días cada ministerio está anunciando un resumen de lo actuado durante los últimos cuatro años.
Un relevamiento de la Secretaría de Modernización, da cuenta de la evolución del empleo público nacional, provincial y municipal entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 o sea durante la etapa del hoy oficialismo. El informe contabilizó entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 un total de 3.917.430 (0,11%) empleados públicos; es decir, 4.435 menos que el total recabado al inicio del macrismo. En Casa Rosada sostienen que ese indicador contiene jurisdicciones que "no controla el propio Macri" y que, a nivel Poder Ejecutivo, sí se produjo una verdadera reducción en la planta. De acuerdo con esta estadística, la administración pública nacional (APN) pasó de 237.889, en 2015, a 193.084 (-18,5%) a septiembre de este año.
Empero, el muestreo agrega que en los últimos cuatro años el sector público nacional (Legislativo, Judicial y Ejecutivo más organismos) también logró reducir su planta pero en un porcentaje menor: en 2015 contabilizaba 798.702 empleados públicos y a septiembre de 2019, unos 739.149 (-7,4%).
En cambio hubo subas en las contrataciones de las jurisdicciones analizadas: a nivel provincial en 2015 se contaban 2.309.712 trabajadores estatales y este año, 2.379.451 (+3%); a nivel municipal en 2015 había 575.562 empleados y al final del período analizado, 605.746 (+5,2%).
Sin embargo, los datos revelados sobre el diseño estructural revelan un crecimiento en la creación de cargos de los organismos centralizados (ministerios): mientras en 2015 había 2639 cargos, en la actualidad hay 2803, lo que representa un crecimiento del 6,6%.
En organismos descentralizados, en tanto, sí se registró una reducción: en 2015 había 6553 cargos, a septiembre de 2019, unos 5626, un 14,1%. Recordemos los conflictos suscitados el INTI o el INVI (vitivinicultura) por despidos y cancelaciones de contratos con cortes de calles y protestas varias. En el total, se reporta una caída de 758 cargos estatales (8,2%). En este contexto, Ibarra explica que esto se debe a la organización del Estado que confirió el macrismo a la administración.
Hoy poco más del 65% de los empleados cobra el presentismo, según datos oficiales, que se estiman en unos 100 mil estatales nacionales. Este ítem aumenta los ingresos de la paritaria, que por el acuerdo de este año prevé también dos tandas de alza del 5% en enero y febrero próximo y una cláusula de revisión en este último mes.
Tras el decreto 788 publicado esta semana, que homologa un acuerdo entre el Ejecutivo y UPCN para dar estabilidad a la alta dirección pública, y la polémica con gremios más chicos por las denuncias de arbitrariedades, Ibarra defendió la normativa ya que garantiza políticas de estado en distintas áreas con la continuidad de directores o coordinadores más allá del cambio de signo político.
En Modernización, remarcaron en la década kirchnerista sólo se concursaron 2.850 cargos simples y que en los últimos cuatro años, 4883. Empero, sólo 328 se corresponden a los cargos ejecutivos a quienes alcanzaría el contenido del polémico decreto. De ese total, en la cartera admiten que un 40% es personal que ingresó durante el macrismo. Si el gobierno de Alberto Fernández quisiera echarlos, debería indemnizarlos "fuertemente", de acuerdo a lo denunciado por gremios como Agae (abogados del Estado).
En el oficialismo reconocen que a ese grupo le cabría un resarcimiento económico o bien que conserven su lugar en el estado pero que sean degradados, es decir, que no logren continuar en el cargo al cual accedieron por concurso. El decreto les garantiza a los ganadores de los concursos estabilidad por 5 años con posibilidad de renovación para otros 5 pero con la obligación de asumir pruebas de desempeño anuales.
Por último, Ibarra admitió que Gustavo Beliz podría ser el encargado en la administración albertista de continuar con el proceso de modernización del Estado, pero que no ha tenido ningún contacto con el ex ministro de Justicia. "Sí hace 3 años nos vimos porque quería consultar por los contenidos de esta área", dijo.
También hubo contactos de emisarios del presidente electo con los funcionarios de Secretaría Legal y Técnica. Claro, los primeros decretos necesitarán de la firma digital, entre otros procesos.
Fuente: Diario P
