La cifra fue expuesta por la diputada provincial Mariela Aguirre, en la apertura de la “mesa de trabajo interinstitucional” donde se reunió con autoridades y referentes del Poder Judicial, Servicio Penitenciario Provincial, Ministerio de Gobierno, y Comisión de Prevención de la Tortura, entre otras organizaciones vinculadas a las personas privadas de libertad.
Este encuentro se organizó para poner en común, promover el debate y registrar aportes al proyecto de ley D-52033/19, iniciativa de la legisladora Aguirre y del presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira; para la creación del Instituto de prevención y asistencia integral de consumos problemáticos y adicciones; un programa provincial; y el registro único de casos.
Asistieron a la reunión los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Liliana Picazo y Roberto Rubén Uset; la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, Nilda Correa; la Fiscal de Instrucción 7, Patricia Clérici; el director de Patronato de Presos, Graduados y Liberados, Sebastián Maidana; el presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer; y miembros de la comunidad terapéutica.
Según expuso la diputada Mariela Aguirre de aprobarse el proyecto de ley, el Instituto tendrá por objetivos diseñar las políticas públicas para la prevención y asistencia sanitaria integral y gratuita a los sujetos afectados por consumos problemáticos y adicciones a efectos de rehabilitar su salud e integrarlos socialmente.
Entre las funciones especificó que deberá elaborar y ejecutar planes y proyectos; crear y determinar establecimientos y centros de atención; desarrollar actividades de concientización, capacitación, promoción y protección de salud; desarrollar tareas de investigación; coordinar políticas públicas con organismos e instituciones provinciales, regionales, nacionales e internacionales; incluir el tema en la currícula educativa de manera transversal; generar sistemas de contacto, información y asistencia; y proponer y ejecutar programas referentes al otorgamiento de subsidios y becas destinados a personas que reciban atención del Instituto y a los que participen en el acompañamiento.
La Ministra Picazo destacó la impronta de reunir a los Poderes del Estado para elaborar proyectos en conjunto. De esta manera “la discusión se enriquece y los resultados son mejores”, aseguró.
“El tema droga hoy preocupa al mundo, está presente en muchas familias, debe tratarse desde todas las aristas” y para ello “hay gente muy capacitada que está trabajando en reelaborar y diseñar nuevas normas, sumando conocimientos, con resoluciones inteligentes para una sociedad mejor”, dijo.
