Hacienda sacó $ 20 mil millones del FGS para lograr superávit en el primer semestre y planea usar otros $ 60 mil millones. También vendieron dos centrales eléctricas para que cerraran las cuentas.
El gobierno comenzó a usar plata del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS) para equilibrar las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales prometidas al Fondo Monetario Internacional. De esa manera pudo presentar su balance del primer semestre con un saldo primario favorable de $ 30.221 millones, equivalentes al 0,1% del PBI. El resultado supera el piso de $ 20 mil millones pactados con el organismo para la primera mitad del año.
El dato saliente de la presentación efectuada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue que en junio los ingresos de capital (un rubro cuyo aporte casi siempre resulta marginal para la caja oficial) significaron $ 64.572 millones. De ese monto, $ 19.647 millones (casi un tercio) se explican por la transferencia del FGS para cubrir los pagos a jubilados y pensionados en virtud de la Ley de Reparación Histórica.
Hacienda también informó que "se estiman transferencias adicionales del FGS a la Anses, de julio hasta diciembre de 2019, del orden de los $ 10 mil millones mensuales". De esa manera, hacia fin de año los giros de ese fondo totalizarían cerca de $ 80 mil millones.
La medida ya estaba en los planes oficiales. El 12 de junio del año pasado, cuando el gobierno decidió recurrir al FMI, la carta de intención firmada por Dujovne y el entonces presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger, anticipaba que "vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones". Así se refería al FGS, conformado por los títulos e inversiones que poseían las AFJP en 2008, cuando se decidió el fin de las jubilaciones privadas.
Desde entonces, ese fondo creció gracias a las inversiones de la Anses. Su uso fue mutando de fondo anticíclico para los momentos de recesión económica (así arrancó cuando la crisis de 2009) a financiar proyectos productivos y luego al propio Estado. Según el último informe del organismo, al 31 de marzo de este año el FGS estaba valuado en $ 1,863 billones, equivalentes a casi U$S 43 mil millones. Si bien uno de sus objetivos es respaldar el sistema previsional, hasta ahora sólo se habían utilizado los intereses de las inversiones financieras con ese fin. Ahora, comenzará a usarse el capital.
Además, el gobierno también recurrió a las privatizaciones para aliviar la caja. De ese modo reunió $ 40.416 millones por la venta de las centrales térmicas Ensenada-Barragán y Brigadier López. La primera se la adjudicó un consorcio formado por YPF y Pampa Energía y la segunda quedó en manos de Central Puerto, uno de cuyos accionistas es Nicolás Caputo, de gran cercanía al presidente Mauricio Macri. Otros $ 4180 millones se recaudaron por la concesión del área de hidrocarburos Aguada del Chañar, en Neuquén, que YPF explotará hasta 2053.
Esos números alteraron significativamente el cuadro fiscal. "El hecho distintivo de la ejecución de junio estuvo dado por la evolución de los recursos, que crecieron un 80,8% año contra año, a partir del ingreso de fondos extraordinarios provenientes de la remisión de utilidades del Banco Central y de la venta de activos financieros, los cuales no estuvieron presentes en junio de 2018", estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Aun así, el flujo de fondos que salieron del fisco fue gigantesco por culpa de los intereses de la deuda pública, que insumieron $ 317.423 millones, diez veces el superávit primario anunciado . De esa manera, el déficit financiero (saldo primario menos intereses) fue en el primer semestre del 1,3% del PBI.
Este número, al que el gobierno le resta importancia de manera sistemática, no pasó inadvertido para analistas y consultores. El viernes, la calificadora estadounidense Moody's cambió la perspectiva de la deuda argentina de estable a negativa. Fundamentó su decisión en la incertidumbre política y en la expectativa de que el próximo gobierno tenga que refinanciar sus compromisos con el FMI. "El nivel de calificación (que se mantuvo en B2) equilibra una creciente carga de deuda y un historial de volatilidad económica con un desarrollo económico comparativamente alto y el apoyo del Fondo Monetario Internacional", sostuvo.
TA.
H.
